Control, justicia y corrupcion. Por Marcos Silva Martínez

La procuraduría y contraloría, en particular, son feudos de la politiquería y el clientelismo. Desde la selección y elección de máximas autoridades, obedeced a acuerdos previos, de los órganos legislativos, bajo la perspectiva de la conveniencia. Sandra Morelli, es la excepción, que mortifica a mucho delincuente politiquero En general, el elegido, tuvo que hacer loby previo, entre sus electores. Los electores colegiados, aspiran a disponer  de una cauda burocrática, entre los cuales están los investigadores y pueden estar los potenciales responsables de irregularidades en el manejo de lo público, a quienes deben investigar y sancionar. Es lo que ha prevalecido en la política operativa y administrativa de los órganos de control y de ahí los pésimos resultados, con algunas excepciones. Es inocultable la ineficiencia e ineficacia en el desarrollo de las funciones de control. De ahí deviene los pobres y escasos resultados, de las investigaciones er ineficacia en el control de los altos niveles de corrupción, no exentos en  los mismos entes de control. Algunos han logrado destapar hechos gravísimos. Muchas investigaciones terminan con informes, que parecen destinados a descrestar al gran público. Resultados efectivos muy pocos. Cuando  hay, generalmente recaen sobre asuntos de poca monta. Sobre responsables  desprovistos de defensa política. Abundan las preclusiones y archivo de procesos, que da las impresión, fueran proyectados. La derrota de la corrupción demanda total independencia de los órganos de control.  Capacidad  e idoneidad de  sus funcionarios. Los órganos de control, deben disponer de los recursos específicos, para hacer la experticia concreta, en cada situación. Los órganos de control fallan en materia grave, en estrategias, recurso humano y logístico. La designación de funcionarios, no debe obedecer a acuerdos o negociación de cuotas entre partidos, empresas electorales, corruptos empresarios y contratistas, obcecados por la repartija de los recursos públicos. El ingreso solo debe depender de los méritos académicos y experiencia demostrados. La sostenibilidad burocrática, debe acreditarla la eficiencia en el ejercicio de  funciones. No el padrinazgo político. Los entes de control, deben ser depurados a través de evaluación académica, realizada por institución de reconocida solvencia académica y moral. Los títulos profesionales no son prueba suficiente de idoneidad ética y profesional. La  contratación pública se convirtió en el instrumento legal más eficaz para que la delincuencia de cuello blanco se apodere de cuantiosas sumas del presupuesto público. En la mayoría de  casos, con garantía de impunidad. Ahí es donde debe estar presente la acción transparente  de los órganos de control. De cada contrato, deben revisar los precios unitarios. Su razón de ser es: evitar el robo del presupuesto público y sancionar responsables. Las revisiones no deben ser cosméticas o simples formalismos.