A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció por la polémica ante el caso de Alberto Merlano y la supuesta renuncia de funcionarios en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
“Esto es una mentira total. Los funcionarios no renunciaron, les pidieron la renuncia. Yo no tengo multa de la SIC, mis procesos pasaron todos a la comisión de acusaciones, donde por el vacío jurídico sobre la que se impuso la multa de la SIC, pues solo cumplía una sentencia de la corte constitucional, se cayó”, dijo Petro en sus redes sociales.
Cabe recordar que la polémica radica, por un lado, en las presuntas irregularidades de la sanción impuesta a Alberto Merlano en 2012, cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. La SIC encontró que Merlano, entonces miembro de la junta directiva del Acueducto, facilitó actos contrarios a la libre competencia.
“La sanción a Alberto Merlano está suspendida desde hace 10 años, gracias a un fallo de primera instancia que respaldó la legalidad del decreto de las basuras emitido durante mi Gobierno.
El allanamiento que la SIC produjo bajo mi mandato, a la Empresa de Acueducto de Bogotá, se debe solo a que, en el cambio del modelo de aseo, y terminado el contrato de basuras de Alberto Ríos, los militantes de cambio radical y amigos de Germán Vargas Lleras, decidieron multarme, usando la SIC, en represalia por no prorrogar un contrato del financiador del señor Vargas Lleras, el señor Ríos”, agregó Petro.
A esto se suman las renuncias de Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos. Los funcionarios presentaron su dimisión tras desacuerdos encontrados en el manejo del caso en el Comité de Conciliación de la SIC.
La tensión se agravó luego de que la directora de la entidad, Cielo Rusinque, solicitara a los delegados informes de gestión, algo que varios interpretaron como una represalia.
Este pronunciamiento del presidente Petro se suma al emitido por la SIC, hace algunas horas, en donde afirma que las renuncias obedecen a intereses ajenos al buen desempeño de la administración. “Lo dicho refleja la posición sin fundamento de funcionarios desleales que, traicionando la confianza, tendieron una sombra de sospecha sobre actos honestos”, señala el texto de la entidad.
