El sedicioso, condenado a 31 años y ocho meses de prisión por su participación en el múltiple crimen se acogió a justicia y paz y por beneficios otorgados por confesión, podría purgar solo ocho años de prisión, próximos a cumplirse, con lo cual se garantizaría su libertad.
La posibilidad quedó planteada ayer en una audiencia convocada por la Unidad Nacional de Justicia y Paz realizada en Bogotá. De la diligencia participaron virtualmente desde Neiva, familiares de los concejales inmolados, lo que generó total repudio.
“Esto produce histeria, rabia profunda, indignación total”, declaró Leandro Perdomo Losada, hermano del joven concejal Jaime Andrés Perdomo Losada, también asesinado.
Las viudas que asistieron a la diligencia virtual no lograban reponerse. Aunque le replicaron duramente por sus declaraciones también expresaron su sorpresa.
“Estamos profundamente alarmados. Resulta inaudito que ahora, por estos beneficios jurídicos, comiencen a quedar libre los responsables de la masacre”, declaró a LA NACIÓN, Perdomo Losada, quien preside la Corporación Continuar, integrada por familiares de las víctimas de la masacre que buscan una oportunidad para seguir luchando unidas para exigir verdad, justicia y reparación. Pero también una reparación simbólica para asegurar la preservación de la memoria histórica y restablecimiento de la dignidad de los dirigentes inmolados hace diez años.
Mañana homenaje a los concejales inmolados hace diez años.
Lugo Ortiz, quien se acogió a sentencia anticipada, aceptó la coautoría de homicidio agravado múltiple en persona protegida, lesiones personales en persona protegida y rebelión, delitos imputados por un fiscal antiterrorismo.
Tras aceptar su participación en el planeamiento, coordinación y ejecución del plan criminal fue sentenciado por este y otros ataques, entre ellos, contra la alcaldesa de Neiva, Cielo González Villa, el secuestro de los contratistas estadounidenses al servicio del Pentágono Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, ocurrido el 13 de febrero de 2003 en Florencia (Caquetá). Por este hecho entró como postulado de justicia y paz, que le permitirá recuperar su libertad luego de cumplir ocho años de prisión.
“Estamos alarmados. Mientras preparamos un gran homenaje a las víctimas, y el gobierno, confirmó su participación en una jornada de desagravio, conocemos esta noticia que nos dejó sin aire”, reveló Martha Aguirre, directora de la Fundación Sonrisas de Colores, creada en honor a las víctimas.
La sentencia
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva lo condenó el primero de junio de 2009 a 31 años y ocho meses de prisión y multa de 2.679 salarios mensuales mínimos. En estas condiciones, sin contar los descuentos estaría próximo a cumplirlos.
Por haberse acogido a sentencia anticipada, antes de calificarse el mérito probatorio y por su eficaz colaboración para determinar otros autores o partícipes de los hechos, el togado le rebajó 310 meses de prisión.
Lugo Ortiz, quien dirigió el comando encargado de la masacre fue capturado el 4 de julio de 2007 por la Policía en el sitio El Rosal, en La Vega (Cundinamarca), donde se había escondido luego de haber desertado de las Farc por pugnas internas en la compañía de la estructura sediciosa. Era un experto explosivista.
La confesión
De entrada, Lugo Ortiz expresó su decisión de cooperar y facilitó la captura de los demás implicados en este crimen. También reveló los detalles que facilitaron la captura del concejal Gil Trujillo, a quien señaló directamente de haber participado en la planeación del ataque criminal.
Lugo Ortiz en una ampliación de indagatoria (28 de mayo de 2008) reafirmó que directa y personalmente estuvo a cargo de materializar el plan criminal ordenado, según su testimonio por Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (‘El Paisa’), comandante de la columna ‘Teófilo Forero’, implicada de golpes de alto impacto.
Con Clinio Gasca Valderrama (alias ‘Plinio’) también capturado, realizó las labores de inteligencia. Los dos patrullaban en moto la zona. En su finca estuvieron concentrados esperando la oportunidad para atacar. Omaira Yasmín Cometa Reyes, alias ‘Shakira’, compró las provisiones.
Igualmente reveló que 'Fercho' era el encargado de reportar la llegada de los concejales y debía garantizar la entrada y salida del comando armado. 'Tato' guardó el vehículo que utilizaron para movilizarse, alojó a algunos guerrilleros en su casa y proporcionó parte del armamento; mientras que 'John Cañas' ejerció como el conductor del automotor.
Además, confesó que entró al restaurante con 'Ronald', 'Bebeleche' y 'Fernández' fueron quienes ingresaron al establecimiento donde sesionaban los concejales, mientras 'Piña' o 'Duván' y Urías, y 'Urías' custodiaron la entrada.
Otras condenas
Por el múltiple crimen el Juez Primero Especializado de Neiva condenó en el 2011 a 39 años, 11 meses y 5 días de prisión a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’; Pedro Luis González, alias ‘Genaro’; Alexander Ortiz Tierradentro, Erminson Moreno y Henry Sanceno Polanía y Clinio Gasca Valderrama.
Además fueron condenados Omaira Yasmín Cometa, alias ‘Shakira, a 18 años; el concejal de Rivera, Gil Trujillo, a 40 años; y John Arlet Cañas Piedrahita, a 26 años de cárcel.
La masacre
Los concejales que sesionaban a control remoto, llegaron sin ninguna protección a cumplir una nueva sesión en el Centro Recreacional Los Gabrieles. Unas obras de remodelación en su sede impedían las deliberaciones.
Un día antes, el 26 de febrero, la corporación había sesionado en la residencia del presidente del concejo, ubicada en la vereda la Ulloa. El alcalde asistió a la sesión custodiada por 30 uniformados. Al finalizar se convocó para la una de la tarde del 27 en el centro recreacional.
El 27 de febrero, hacia la 1:50 de la tarde, un comando de las Farc, irrumpió en el estadero asesinando con armas largas y rematándolos luego con un tiro de gracia a nueve de los once concejales: Arfail Arias, Luis Ernesto Ibarra Ramírez, Octavio Escobar González, Aníbal Azuero Paredes, Jaime Andrés Perdomo Losada, Moisés Ortiz Cabrera, Desiderio Suarez, Selfides Miguel Fernández y Héctor Iván Tovar. Con heridas resultaron Gloria Milena Ortiz y el secretario de la corporación Saúl Rojas Penagos y el concejal Gil Trujillo Quintero, cómplice de la masacre.
Objetivos militares
Los concejales habían sido declarados objetivo militar. La violencia contra servidores públicos se había recrudecido ante la negativa de renunciar. Otros hechos habían disparado las primeras alertas, sin ser atendidas. En el 2002 fue asesinado el presidente del concejo Alfonso Puentes Trujillo.
En el 2004 fueron asesinados en la misma población el concejal Federico Hermosa Losada y el alcalde Luis Humberto Trujillo. Meses después el turno fue para el director de la Umata Adolfo Arturo Parra Trujillo.
El 29 de octubre de 2004 un comando de la misma organización armada irrumpió antes de las ocho de la mañana a la sede del concejo en el Centro Comercial Los Comuneros. Los nueve insurgentes luciendo chalecos del DAS, ingresaron por el parqueadero. Portaban 18 pistolas, la mitad con silenciadores, un fusil, una mini Uzi y varias granadas. Por una falla el ataque se frustró. ‘Pestañas’ encargado de neutralizar al policía, no pudo dispararle por que la pistola se le trabó. El uniformado se percató y reaccionó. El administrador del parqueadero, Holman Lavao fue muerto por los insurgentes en plena retirada. Después se repitieron en Puerto Rico y Campoalegre.
Condena millonaria
El año pasado, el Tribunal Administrativo del Huila con ponencia del magistrado José Miller Lugo Barrero condenó a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional a pagar a favor de los integrantes del grupo demandante en la presente acción como indemnización colectiva la suma de $2.208 millones de pesos por los daños sufridos a raíz de la muerte de sus familiares que se desempeñaban como concejales del municipio de Rivera.
La sentencia solo favorece a cinco de las víctimas. El otro grupo espera otra sentencia similar en un proceso independiente que se viene tramitando con la misma argumentación de fondo: los concejales en grave peligro no tuvieron la protección reclamada, lo que configura una falla en el servicio.
Desagravio
A título de reparación integral y como medida restaurativa de los derechos de los demandantes, la corporación judicial ordenó que la Nación – Ministerio del Interior a través de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional realicen un acto público de desagravio en el municipio de Rivera este 27 de febrero de 2016, cuando se cumplen diez años de la masacre. En el mismo acto deberá exaltarse la vida y obra de los concejales vilmente asesinados. Además dispuso que se rechace de manera pública el cruel y brutal ataque perpetrado por las Farc.
Al desagravio asistirá el director nacional de la Unidad Nacional de Protección Diego Fernando Mora Arango y el director de la Policía, general, Jorge Nieto Rojas. Los ministros del Interior y de Defensa, anunciaron su asistencia pero hasta ayer no estaba reconfirmada.
