El pago irregular de obras que no se han ejecutado, y algunas órdenes de servicio sin soportes, tienen hoy en el ojo del huracán a la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila), una de las instituciones de mayor proyección en educación superior en el sur del país. El escándalo estalló el jueves pasado durante una asamblea general convocada por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello.
Las anomalías develadas hace siete meses, precipitaron la renovación del Consejo Superior y pusieron en tela de juicio la permanencia del rector, Virgilio Barrera Castro.
Las irregularidades se registraron entre el 2011 y 2012, en los rubros de mantenimiento. Los pagos cuestionados en los dos años suman $3.470 millones de pesos ($1.376,53 millones en el 2011 y $2.093,78 millones en el 2012).
La comisión encontró solamente 25 comprobantes no consecutivos fechados desde el 14 de enero hasta el 19 de diciembre de 2012 por supuestas reparaciones, adecuaciones y sustitución de redes realizadas en inmuebles de propiedad de Corhuila. Las supuestas obras, según el informe conocido por LA NACIÓN, habrían sido ejecutadas en las sedes de Neiva (Quirinal, Prado Alto) en la finca de Rivera y en las casas- lotes de Palermo.
“Los supuestos contratos no tienen ninguna formalidad legal. No existen cotizaciones previas. No fueron consultados al Consejo Superior, a pesar de que el monto de los ‘mantenimientos’ supera la mayoría de los rubros académicos”, informó el arquitecto Jaime Salazar Díaz, quien hizo parte de la comisión encargada de la revisión de las cuentas.
Curiosamente las obras fueron adjudicadas a dedo, sin ningún soporte a un empleado de la misma entidad, sin ninguna experiencia.
“Extrañamente se adjudican estas supuestas obras semanalmente a la misma persona, señor Yenner Comas Comas, director de Bienestar, quien además de ser un empleado de planta, no es profesional ni técnico idóneo en estas labores”, explicó Salazar Díaz.
Comas Comas, es licenciado en educación física, ha sido dirigente deportivo y líder de los patrulleros cívicos. No obstante, se convirtió en la mano derecha del rector Virgilio Barrera, manejaba toda la contratación y tenía numerosas “cuotas” en la institución. El 12 de julio de 1999 Comas fue nombrado Jefe de División de Bienestar Universitario en la Usco siendo declarado insubsistente por el rector Jesús Antonio Motta.
SIN SOPORTES
Los pagos realizados a Comas sin soportes fueron ratificados por la contadora Esperanza Ramos Botello, encargada de loa revisoría fiscal.
“La situación presentada con estos pagos fue verificada por parte del Consejo Superior, en la sesión del 8 de abril de 2013 y según consta en el Acta 182, se estableció que los valores a revisar fueron pagados al señor Yenner Francisco Comas Comas, quien se desempeña como Jefe de Bienestar Universitario de la Corporación desde el año 2005”, complementó la revisora fiscal.
Según Ramos Botello, los giros se realizaron solo con la cuenta de cobro y el listado de obras a realizar. Con éste único soporte la Tesorería elaboraba los comprobantes de egreso. El pago era luego autorizado por el rector de la institución sin ningún otro soporte.
“Los pagos fueron efectuados mediante la modalidad de presentación de cuenta de cobro en la cual relacionan obras y sedes, sin especificar cantidad en unidades de las obras a realizar por cada ítem, características, cantidad y calidad de materiales a utilizar, precio por ítem y de mano de obra”, indicó la revisora fiscal.
SALVEDADES
Las presuntas irregularidades fueron analizadas en una reunión del Consejo Superior Universitario, realizado el 8 de abril de 2013, luego de las salvedades que presentó en un dictamen sobre los estados financieros de la entidad. Sin embargo, no se tomaron medidas para esclarecer los pagos por supuestas obras de mantenimiento. El 29 de abril una comisión integrada por el arquitecto Jaime Salazar Díaz y Julio César Morales, entregó el primer reporte.
Aunque Salazar puso en duda el listado de las obras ejecutadas, Morales, presidente del Consejo, no firmó el documento argumentando que algunas de las obras si se ejecutaron. El 31 de mayo se reunió el Consejo Superior pero no tocó el tema.
El ex magistrado Cristóbal Cuéllar Quevedo, quien tenía una seria discrepancia con Barrera, insistió en aclarar los millonarios pagos. Tampoco hubo respuesta.
El rector Virgilio Barrera no ha reportado informes ni ha sabido soportar los gastos. El pasado 12 de agosto, según Acta 190, informó verbalmente que los pagos cuestionados corresponden a 127 obras realizadas, según un informe que le entregó el vicerrector administrativo pero que no ha tenido “oportunidad de analizarlo”.
DENUNCIA PENAL
El 24 de junio, la propia revisora fiscal, radicó en la Dirección Seccional de Fiscalías, la respectiva denuncia penal en averiguación de responsables por los pagos irregulares efectuados entre el 2011 y el 2012. Según la Fiscalía, el proceso se encuentra actualmente en indagación. Varias personas ya han declarado.
VIRGILIO EN VILO
El renovado Consejo Superior Universitario se reunirá hoy nuevamente para decidir la suerte de los directivos de la institución, entre ellos la continuidad del rector Virgilio Barrera. En opinión de algunos consejeros consultados por LA NACIÓN, se estudiará una separación transitoria del cargo mientras se adelanta la investigación administrativa. Además, para que pueda explicar los pagos dudosos ante las autoridades judiciales, sin afectar la agenda académica.
Según alguno de los ex consejeros dimitentes, las irregularidades se pudieron presentar en el manejo de recursos que manejaba directamente. “En estos casos no se requería expresa autorización del Consejo Superior. En la construcción de los nuevos edificios se hizo la debida interventoría y la autorización de los gastos”, explicó el ex directivo, quien pidió reserva.
El pasado 13 de septiembre el rector fue autorizado por el consejo para realizar compras y adquisiciones en cuantía de 400 salarios mínimos mensuales ($235 millones, aproximadamente).
Adicionalmente, se venía incumpliendo la no citación a asamblea general desde 1997. Los miembros del Consejo Superior, debían ser elegidos cada dos años, lo que no ocurrió. Igualmente con la revisoría fiscal. Por esa razón se aprovechó la situación para renovar los cuadros directivos, que se encontraban con periodos vencidos.
Renovado el Consejo Superior
Las denuncias por supuestos malos manejos precipitaron la renovación del consejo directivo luego de la renuncia que presentaron alegando razones de salud, la ex directora de Instrucción Criminal Alba Inés Ordóñez Calderón y el ex magistrado Cristóbal Cuéllar Quevedo. También dimitieron el abogado Heriberto Carrera Valencia, uno de los más cercanos consejeros del rector Virgilio Barrera y quien orientó el organismo durante varios años. Igualmente oficializaron sus renuncias Julio César Morales Díaz, quien ejercía la presidencia en reemplazo de Carrera y el abogado Carlos Gabriel Vargas Vargas.
La Asamblea extraordinaria les aceptó la renuncia y ese mismo día, designó y posesionó a los nuevos dignatarios, entre ellos Eduardo Navarro Gutiérrez, presidente de la Corporación Cultural José Eustasio Rivera; el ex magistrado del Tribunal Administrativo, Jaime Durán Vargas; la ex magistrada Raquel Murcia de Cabrera, el abogado Ciro Tovar Mosquera, el ingeniero Jairo Toro Rodríguez y la docente Olga Castañeda. El arquitecto Jaime Salazar Díaz, fue confirmado en los cuadros directivos.
