Un día después de estallado el escándalo de los Papeles de Panamá, que sacudió al mundo de los negocios y la economía, en la Dian se encendieron las alarmas. Con la filtración de documentos salió a la luz pública una lista de más de 1.200 empresas y personas colombianas con inversiones en el vecino país y en otros paraísos fiscales. A las dos de la tarde del 4 de abril, un grupo elite de la entidad se tomó las oficinas de Mossack Fonseca en el norte de Bogotá. Durante 15 horas revisaron todos los documentos físicos y copiaron todos los discos duros y la información disponible en los computadores para someterlos a pruebas forenses.
Con esos datos, junto a la lista que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) fue publicando, la entidad comenzó a cotejar la nueva información con la que tiene en sus bases de datos. Eso explica por qué la semana pasada, cuando finalmente se hizo pública toda la lista, la Dian y el Ministerio de Hacienda mostraron rápidos resultados: ya tenían identificados los diferentes contratos que Mossack Fonseca les ofrecía a sus clientes, estructuras societarias, figuras contables, nombres de socios ocultos o empresas fachadas para hacer operaciones financieras, entre otros.
Hoy, el gobierno tiene en la mira no solo a quienes están en los papeles sino a los que ha identificado en los archivos de la firma en Bogotá. Incluso, rastrea a quienes participaron en operaciones financieras. Por eso muchas personas están con los pelos de punta, consultando a expertos tributarios para no quedar enredados con la Dian por haberle ‘puesto conejo’ al fisco al ocultar en paraísos fiscales buena parte de su patrimonio.
Aunque es casi imposible determinar a cuánto asciende la plata que tienen los colombianos en el exterior, algunas cifras pueden dar luces. El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega dice que pueden ser 100.000 millones de dólares y el gobierno de Panamá cree que la cifra puede ascender a entre 12.000 y 20.000 millones de dólares. Y si bien la Dian no se ha atrevido a hacer cálculos, sostiene que los 145 billones de pesos que los colombianos le reportaron a la entidad por activos en el exterior dan una idea del tamaño de los recursos que los colombianos manejan afuera.
En los papeles hay 1.245 empresas offshore, no solo en Panamá, sino en muchos otros paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Bahamas, Hong Kong o Dubái. Y en ellas estarían involucradas más de 850 personas. Según anunciaron esta semana el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, el 65 por ciento de esas compañías y personas no las registraron. ¿Qué significa esto? ¿Qué problemas o sanciones pueden tener? ¿Es fácil de resolver esa omisión, tan solo corrigiendo las declaraciones o pagando una multa del 10 por ciento, como han sugerido algunos abogados expertos?
La situación es más compleja de lo que parece, salvo para el 35 por ciento que reportó sus fondos ante la Dian o que puede demostrar, frente a un eventual requerimiento, que los incluyeron en sus declaraciones de renta o patrimonio. El 65 por ciento que no lo hizo les indica a los sabuesos de la Dian que algo no se hizo bien. Y ahí comienzan los problemas.
Algunos de los mencionados han dicho que registraron esas empresas o cuentas en el Banco de la República. La Dian advirtió que ese reporte es solo para operaciones con divisas y no reemplaza a la Declaración de Activos en el Exterior que hay que hacer en la entidad a partir de 2015, y eso se hace con un formulario especial.
Si las personas no logran demostrarlo y dejan que los procesos avancen, podrían quedar en el peor de los mundos ya que tendrían que someterse a pagar millonarias sanciones. En el impuesto a la riqueza se tendría que incluir el activo que no se declaró, liquidar de nuevo y pagar una sanción por inexactitud del 160 por ciento sobre el valor no declarado. Y en renta, se debe cancelar un porcentaje más una sanción.
El gobierno ha dicho que para evitarse estas multas y procesos, lo mejor es que las personas se acojan a la normalización que creó la reforma tributaria de 2014. Esta señaló que quienes se acogieran al beneficio en 2010 pagarían el 10 por ciento del valor de esos activos; del 11,5 por ciento, en 2016, y 13 por ciento, en 2017. A partir de 2018, cuando se acaba esta gabela, quienes no hayan reportado esos activos y sean pillados por la Dian tendrán que pagar una multa del 160 por ciento sobre el precio del apartamento, casa, yate o plata que tengan sin notificar en el exterior, más intereses o sanciones por ocultar información o por declarar de forma extemporánea.
El temor de ser pillados por la Dian o de quedar expuestos al escarnio público en caso de que haya más filtraciones estaría motivando un mea culpa masivo. En las últimas semanas se han registrado en la Dian numerosas normalizaciones y los abogados tributaristas están de moda. El año pasado se normalizaron 3 billones de pesos y se espera que este se llegue a una cifra similar. “Mi invitación para todos los que aún no han normalizado sus patrimonios en el exterior es que lo hagan y se eviten problemas mayores”, dijo Rojas.
Ahora bien, más allá de los activos en el exterior, entre la información que la Dian está procesando ha detectado varias formas de evasión de impuestos o reducción de patrimonio que en algunos casos podría tener repercusiones penales. La primera es la ‘refacturación’, con la que se busca crear gastos y costos inexistentes a través de empresas de papel para reducir los ingresos o sacar utilidades.
Para realizar esta operación, una empresa colombiana contrata cualquier tipo de servicio con una compañía offshore, que por lo general está en un paraíso fiscal. Esta, como es una empresa fantasma, nunca presta los servicios pero sí emite facturas, reportes de trabajo y hasta actas de liquidación del contrato. Esto permite que la empresa en Colombia haga el pago en el exterior. Ese dinero es girado después a personas o empresas en cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, pero con un descuento del 3,5 por ciento, la tarifa por toda esta operación. Los auditores de la Dian ya han identificado a 10 empresas de colombianos que hacían este tipo de operaciones con dos offshore en Panamá.
La segunda, y más compleja de aclarar, es tejer una red de compañías creadas en Panamá y otros lugares para evadir impuestos y sacar utilidades. La Dian ha detectado empresas o holdings familiares creados para comprar materias primas o productos, para después venderlos más caros a sus mismas empresas en Colombia. Esa diferencia termina por generar una mayor riqueza y una renta líquida libre de impuestos. De los Papeles de Panamá ya están identificadas 60 empresas.
Y la tercera modalidad es conformar una empresa en un paraíso fiscal para comprar a menor valor una compañía colombiana o para recibir parte del pago de un activo. Y ya hay numerosos casos en la mira.
Desde hace muchos años, la Dian ha diseñado todo tipo de estrategias para obligar a que los colombianos sean transparentes con sus declaraciones de renta. Les ha mostrado los dientes con los famosos perros dóberman, ha creado todo un soporte tecnológico e informativo sofisticado para rastrear cuentas e ingresos de los contribuyentes, e incluso ha hecho llamados amables para fomentar la cultura del pago de impuestos en un país en el que a la mayoría de las personas no le gusta pagarlos. Pero los directivos de la entidad nunca imaginaron que en momentos de afugias fiscales se les apareciera la Virgen con los Papeles de Panamá, que dejó al descubierto que el mundo es cada vez más pequeño a la hora de ocultar la plata. Y parece que esta campaña gratuita ha sido la más efectiva hasta el momento.
