La reciente decisión de una jueza colombiana de enviar a prisión a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones e implicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), ha sacudido violentamente a la opinión pública y pone nuevamente bajo el escrutinio la gestión de los recursos públicos en el país.
Este caso, que también involucra al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ha encendido las alarmas por la gravedad de las acusaciones, así como también, por las profundas repercusiones políticas que esta situación representa para un gobierno de izquierda que prometió apartarse de prácticas corruptas, mezquinas y tramposas que caracterizan la política tradicional y que tanta repulsión habían generado en los colombianos.
La denuncia de López, que apunta a una supuesta orden desde el Gobierno Nacional para direccionar contratos con el fin de financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha desatado una tormenta de dudas e indignación. La respuesta del presidente Gustavo Petro y la delegación oficial de paz, negando rotundamente las acusaciones, no ha bastado para disipar la creciente percepción de incoherencia entre la promesa de cambio y la realidad de los hechos.
El gobierno Petro llegó al poder con la bandera de la lucha contra la corrupción, una promesa que buscaba romper con las viejas prácticas de la política tradicional. No obstante, casos como el de la UNGRD ponen en entredicho esa promesa y decepcionan una vez más a quienes creímos que un gobierno de izquierda haría las cosas diferentes y traería esperanza, equidad y progreso al país.
La detención de Sandra Ortiz y la sombra de las acusaciones de Olmedo López exponen una contradicción profunda entre el discurso y las acciones. El mensaje de “Gobierno del Cambio” pierde fuerza y pasa a ser demagogia pura pues no es la primera vez que funcionarios cercanos a la administración Petro están presuntamente implicados en prácticas que se asemejan a las de gobiernos anteriores. El escándalo de la UNGRD deja en evidencia la fragilidad del discurso anticorrupción en un país que es saqueado diariamente por funcionarios de todos los partidos, ideologías y regiones.
La corrupción en la UNGRD, entidad responsable de atender emergencias y desastres naturales en el país, representa una de las formas más crueles de corrupción, ya que afecta directamente a las personas y comunidades más vulnerables. La detención de Sandra Ortiz y todo el escándalo en torno a esa entidad deja para Colombia una lección amarga: la corrupción no se vence con discursos, eventos públicos, fotos y promesas. Se requieren actos concretos de transparencia, control y rendición de cuentas. Probablemente y para tristeza nuestra, las generaciones presentes no tendremos la posibilidad de vivir en un país sin corrupción y ni violencia.
