Corrupción, impunidad, politiquería y clientelismo, se convirtieron en singulares instrumentos de sostenibilidad del régimen político y de acumulación de capital y riqueza, para empresarios, terratenientes, gremios económicos, politiqueros y delincuentes de cuello blanco.
Son contenidos radiográficos del sistémico ejercicio por del poder público colombiano, responsable intelectual y materialmente, del subdesarrollo, la pobreza, la injusticia social, de los altos índices de corrupción, desempleo, miseria, desplazamiento interno, altos índices de criminalidad e inseguridad y precario desarrollo intelectual y tecnológico.
Solo después de doscientos años, de aparente democracia electoral, fue posible la elección de un presidente de la izquierda, con visión socioeconómica y del desarrollo nacional, contraria a la miopía, mezquindad y precariedad mental, del sistémico modelo, defendido y sustentado por los perpetuos usufructuarios del poder. Es el desastre que afrontan las mayorías nacionales.
Es una fatalidad nacional, insuperable, solo con el cambio de gobierno. Los enemigos del desarrollo socioeconómico nacional y de los derechos de las mayorías, están ahí, activos y desafiantes contra todo lo que signifique mejoras socioeconómicas para el pueblo y amenace sus mezquinos intereses.
Sus voceros irracionales e incondicionales lacayos, están en el Congreso, actuando a nombre de simulacros de partidos, conocidos como Centro Democrático y como Cambio Radical.
El pueblo debe ser plenamente consciente de esta situación, especialmente, al decidir por quién votar en las próximas elecciones.
Los congresistas de la oposición, los gremios económicos y sus aliados, representan, desde la ANDI, ANIF, FENALCO, FEDESARROLLO, entre otros y en todos los casos, sin fundamentos sostenibles y demostrables, diferentes a que tácitamente detestan el desarrollo nacional. Que la equidad socioeconómica les importa nada. Esos los motivos de la oposición diabólica a todo tipo de cambio.
El único sentido de su existencia y sus objetivos, para esos gremios y sus representantes, está en ganar, ganar, acumular y oponerse al desarrollo nacional.
La elección del nuevo presidente, no significa que la izquierda llegó al poder. Es determinante entenderlo. Solo llegó al máximo al órgano del poder ejecutivo. Debemos entenderlo así. Y ahí está la dificultad para ejercer el poder para desarrollar programas socioeconómicos integrales, requeridos para la reconstrucción de Colombia.
Y esa la razón de las alianzas, hasta con el diabólico uribismo, para tratar de crear condiciones para desarrollar su plan y su objetivos de gobierno. Pero son alianzas costosas y riesgosas, política y socialmente. Ha quedado demostrado.
Las alianzas con representantes de un variopinto Congreso y de oportunistas de la vieja política, impiden lograr la aprobación de las reformas del nuevo gobierno. Está demostrado que son enemigos del desarrollo con equidad.
Colombia requieres con urgencia, profundas reformas socioeconómicas, fiscales, judiciales, y académicas, para poder desarrollarse científica y tecnológicamente.
El flagelo de la corrupción, es una talanquera que obstruye e impide el desarrollo integral que necesita cualquier nación. No obstante, es posible, institucional y legalmente, estructurar instrumentos y realizar procedimientos legales para derrotar la corrupción, en el corto y mediano plazo.
Pero ese propósito, se enfrenta al trámite de leyes o a las existentes, que lo dificultan. Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales, de toda la normatividad vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, la criminalidad y el declive ético y moral del poder, la politiquería, erradicar el clientelismos y la impunidad, en todos los niveles de la administración pública colombiana, es imposible la reconstrucción integral nacional que requiere Colombia.
Ante la irracional y perversa oposición de la derecha y enemigos del desarrollo y la equidad socioeconómica, el gobierno presente, debe recurrir a las mayorías nacionales, al pueblo en general que requiere y necesita profundas reformas, socioeconómicas, jurídico-legales y procedimentales, para que el pueblo, como Constituyente Primario, utilice los recursos constitucionales, consagrados en la Constitución de 1991 y de esa manera, el Constituyente Primario, logre la aprobación de las inaplazables, racionales y equitativas Reformas Socioeconómicas que el Congreso, obstinada e irracionalmente, boicotea y niega su aprobación, en el presente periodo presidencial.
La contratación pública, en Colombia, está dominada por el cáncer de la corrupción. Es la vena de los presupuestos, nacionales, departamentales y municipales.
En términos de impunidad: los resultados de las investigaciones de delitos, son ridículos, en todos los órganos de poder, control e investigativos. Entre otros.
¿Por qué no pudieron, durante más de 30 años de supuestas investigaciones, identificar, procesar y condenar a los responsables de los falsos positivos, los desfalcos de la salud, de los bienes incautados a narcotraficantes, entre muchos otros casos? La corrupción y la impunidad judicial institucionalizadas lo impiden.
En ese campo la JEP, en poco tiempo, avanzó hasta identificar a más de 6.402 falsos positivos y en forma amplia, focalizar responsables.
Los gestores y responsables intelectuales, militares y civiles, de la mayoría de esos crímenes, siguen libres. Presidente, Ministros, altos mandos, contratistas, concesionarios, etc., con la complicidad de la justicia, que persisten en blindarlos ante la concupiscente justicia ordinaria y militar, para garantizar el contubernio de solidaridad de cuerpo y total impunidad.
Durante los ocho años, del gobierno del diabólico Uribe, los ocho años de Santos y los cuatro años de Duque, crecieron exuberantes, la corrupción y la impunidad, en general. De los pocos hechos investigados, la mayoría están amparados por la ineficacia calculada de los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría y judicial, en espera de la preclusión, prescripción, la coima o cabildeo del comandante o politiquero. Muchos actos corruptos, están bajo el amparo de la impunidad absoluta.
Y el nuevo gobierno, de izquierda, muy poco puede hacer para revertir las tendencias, sesgos y compromisos de esos órganos de poder. Los ciudadanos responsables y honestos, deben apoyar las Reformas votando por los candidatos que se comprometan a fortalecer las orientaciones y objetivos políticos y sociales del nuevo gobierno, para poder lograr desarrollo integral de la nación. Este debe ser objetivo único.
