Bajo el imperio de la corrupción y la impunidad, es imposible lograr desarrollo nacional con equidad social. Todo candidato, trina con el novelón anticorrupción. Hasta hoy, ningún gobernante ha cumplido. Robar es delito y pecado dicen otros. La justicia les prodiga impunidad y la religión los perdona. Y viva la dicha. El vivo vive del bobo, rezan. Y, en política, en gobierno y poder, por eso estamos como estamos.
Durante los ocho años, del anterior gobierno nacional, crecieron exuberantes, la corrupción y la impunidad. De los pocos hechos investigados, la mayoría están amparados por la modorra e ineficacia calculadas de los órganos de control y la Fiscalía. Probablemente esperando la consabida prescripción, la coima o empuje del politiquero. Muchos actos corruptos, están bajo el amparo de la impunidad absoluta. No han iniciado la investigación. No la iniciarán.
Los poderes y gobiernos de turno, no toman las medidas necesarias, para revertir la corrupción. Y por eso, unos pocos delincuentes, pueden apoderarse de los recursos públicos, en vez de solucionar las necesidades colectivas. En Neiva y el Huila, hay casos a porrillo. Acueducto, red vial, tratamiento de aguas servidas, manejo de basuras, salud, educación y deportes, inseguridad, desempleo, etc.
Son sonoros e inocultables los carruseles de corruptos. Carruseles de jueces y abogados. Carruseles de la contratación pública, diseminados por toda la nación. Carruseles de la salud y de medicamentos, Carruseles de la tercerización laboral, etc. El presidente dijo que donde se ponía el dedo salía pus, pero no toma los correctivos. De los numerosos responsables, muy pocos, enfrentan la justicia, que en la mayoría de casos, da palos de ciego, hasta viabilizar la impunidad. Las leyes y procedimientos y decisiones judiciales, parecen diseñados para que no respondan por sus actos. Los reglamentos jurídicos, para el procesamiento de delincuentes de cuello blanco, están plagados de gabelas favorables al delincuente. ¿Quién aprueba los reglamentos jurídicos?
La implementación y consolidación del proyecto de Estado Criminal, suscrito por narcoparapolíticos, necesitaba de unos órganos de poder al servicio, de sus metas y propósitos. El peligro sigue ahí. El elector lo puede derrotar. El próximo año eligen presidente y congreso. Si el elector re-elige, no tiene cómo quejarse.
Para desmontar el conflicto y construir la paz, hay que resolver la inequidad socioeconómica, que convirtió a Colombia, en el país más inequitativo e irresponsable del hemisferio.
La sociedad se habituó a la perversidad del poder y a la complicidad e impunidad social y judicial.
