Marcos Silva M.
Democracia no solo significa salir a votar. Significa tener derecho a vivir dignamente. Y esto no ocurre en Colombia.
La estructura de poder de la pseudo-democracia colombiana, garantiza la concentración de la riqueza en pocos propietarios (1% de la población es dueño del 99% de la riqueza) e impone condiciones para mantener la inequidad socioeconómica. Colombia es la más inequitativa en la región y tercera en el planeta.
El modelo lo reedita cada gobierno. Uribe se dio a la tarea de privatizar fusionar, o liquidar, más de 500 empresas del estado y mixtas, a favor del interés privado y flexibilizar el régimen laboral, a favor del capital y en contra de las mayorías. Los anteriores gobiernos hicieron lo propio.
El actual presidente, fracasó con sus locomotoras del desarrollo y refinó las llamadas comisiones de éxito para aceitar congresistas, para que aprobaran leyes y decretos, a favor del capital y grandes contratistas, como Odebrecht, Solarte, etc.
Así logró en la reforma tributaria de 2016, mantenerles a los grandes contratistas de infraestructura, el IVA del 16% y no del 19% como al resto de colombianos.
Es disposición específica para los Grandes Contratistas Concesionarios de Colombia. Y además, que durante la etapa de construcción, no pagar impuesto de renta sino a partir de la entrega de las obras y que lo que reciban por peajes, quede exento de pagar renta a la nación.
Logró a través del Congreso, destinar casi un billón de pesos del presupuesto de la nación, para regalar coberturas cambiarias, para asegurar a concesionarios (como Huertas, Solarte…) valor del dolar por debajo de los $2000, mientras el resto de colombianos afronta los efectos de la devaluación. Y otorgaron facultades al vice, Don Vargas Lleras, para que a su antojo, calificara proyectos para otorgarles licencias ambientales exprés, sin acatar reglamentos técnicos relevantes y pasando por encima de los intereses de las comunidades. Y continúa el festín:
El dinero de venta de ISAGEN, lo destinaron a préstamos a grandes contratistas, sin o con ridículos intereses y autorizaron otorgamiento de autoprestamos con recursos de fondos de pensiones privados, como Porvenir y Protección, propiedad de los más ricos de Colombia, para viabilizar los proyectos 4G. y apareced lo perverso:
No satisfechos con las gabelas otorgadas, para evitar riesgos con los prestamos referidos, los aceitados congresistas se aprestan a modificar la Ley 1508/2012 de infraestructura, para asegurar socializar riegos que deben recaer sobre los bancos, pero que según el propósito de la reforma, si la aprueban, la nación debe pagar la totalidad del dinero que los bancos le presten a los constructores declarados corruptos. Todo lo anterior, con la autoría intelectual y apoyo del ministro de Hacienda y el director de la cuestionada Agencia nacional de Infraestructura.
Pero evitan a toda costa informar al país, la amenaza que constituye esa tropelía de irregularidades contra las fianzas de Colombia y los intereses del pueblo.
Así gobiernan a Colombia, los dueños del poder. Y así se mantienen la pseudo-democracia, la pobreza, la miseria, el subdesarrollo y la inviabilidad socioeconómica.
