El fallo calificado como “salomónico”, fue aprobado por siete magistrados, quienes acogieron la ponencia de su colega Jorge Ignacio Pretelt.
Dos magistrados, Nilson Pinilla Pinilla y Mauricio González Cuervo, salvaron su voto frente a las expresiones “máximos responsables y “todos los” al considerar que debían ser declarados inexequibles.
La reforma constitucional fue aprobada en conjunto, pero se precisaron algunas indicaciones que deberá seguir el Congreso de la República a la hora de expedir las leyes estatutarias que lo reglamenten, explicó el presidente de la Corte Jorge Iván Palacio.
La Corte sentará un precedente en materia normativa sobre investigación, juzgamiento y sanción para los “máximos responsables” de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario de tal manera que no pueda haber impunidad.
Además, fijará condiciones explícitas en términos de verdad garantía de no repetición y reparación a las víctimas como lo establece las normas nacionales y los tratados internacionales, que deberán ser incorporadas por el Congreso en las leyes estatutarias.
El marco jurídico para la paz, fue aprobado por el Congreso de Colombia el 14 de junio de 2012, como un mecanismo para facilitar la reintegración a la vida civil de alzados en armas.
Este marco legal, en cuya ponencia participó el senador huilense, Hernán Andrade, crea mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, define criterios de priorización y selección de casos, y plantea la suspensión de la ejecución de la sanción, así como la renuncia a la persecución penal para los hechos no sean seleccionados. Según la ONG Human Rights Watch esta reforma “es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia conforme al Derecho Internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.
Adicionalmente, se proporcionaría un trato diferenciado a las distintas partes del conflicto, lo que abre la posibilidad de cobijar a los agentes estatales.
La reforma constitucional facilitará un eventual acuerdo de paz con grupos armados ilegales y abre la posibilidad de que los desmovilizados participen en política, siempre y cuando no sean responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.