La Corte Constitucional decidirá hoy sobre la legalidad de una propuesta de reforma a la Carta Magna que permitiría la entrada a la vida política de los guerrilleros que dejen las armas, considerada por el gobierno como clave para el proceso de paz.
La enmienda, conocida como marco jurídico para la paz, prevé la suspensión en el cumplimiento de penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.
Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esa normativa aprobada en 2012 por el Congreso es la base legal del proceso de paz que lleva a cabo con la guerrilla de las FARC desde noviembre pasado en La Habana.
Pero organizaciones de defensa de los derechos humanos la critican por considerar que podría llevar a la impunidad, y la demandaron ante la Corte Constitucional, que tiene la última palabra sobre su viabilidad.
Los nueve magistrados de la Corte tienen plazo hasta la medianoche de hoy para emitir su fallo.
La guerrilla, que hoy cerró con la delegación del gobierno un nuevo ciclo de diálogo en La Habana, transmitió un mensaje de serenidad ante la esperada decisión de la Corte, al señalar que han evaluado diversas alternativas en caso de que sea rechazada.
"Hay un plan B, un plan C, todas las letras del alfabeto con tal de sacar adelante el proceso de paz", dijo el comandante guerrillero Jesús Santrich.
"Sacrificar algo de justicia en aras de la paz"
Uno de los puntos más sensibles en los diálogos de paz es qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros, y especialmente a la cúpula de las FARC, cuyos miembros han sido todos condenados en ausencia por diversos delitos.
Santos, que se ha propuesto tener firmado para fines de este año un documento de paz con la guerrilla, sostiene que para acabar con el conflicto armado de casi medio siglo es necesario acudir a mecanismos de la justicia transicional.
Así, el marco jurídico para la paz, que en caso de recibir el aval de la Corte deberá ser desarrollado en diversas leyes, establece también una jerarquía, de modo que se aplique sólo a los "máximos responsables" de la guerrilla en abusos y violaciones.
"Esa es una de las partes más difíciles de negociar y de vender, porque todavía no hemos llegado al punto de definir cómo sería la aplicación de esa justicia transicional", dijo esta semana el presidente.
"Algo de justicia se va a tener que sacrificar en aras de la paz. Ese es el fondo de todo conflicto que se quiere solucionar: ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a sacrificar?", añadió.
El conflicto armado de Colombia, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes y agentes del Estado, ha dejado desde los años 1960 unos 600.000 muertos y más de 4,5 millones de desplazados por la violencia.
La verdad sobre las víctimas y su reparación forma parte del debate en La Habana, y aunque las delegaciones aún no han entrado a discutir ese punto, tanto el presidente Santos como las FARC han adelantado ya un pedido de perdón por su responsabilidad en varios crímenes.
"Lo que estamos buscando es que (los guerrilleros) cambien las balas por los votos, las armas por los argumentos, que por primera vez en más de medio siglo se pueda hacer política sin armas, sin violencia", subrayó Santos.
Colombia tiene las guerrillas más antiguas de América Latina: las FARC, con unos 8.000 combatientes, y el ELN, con otros 2.500.
El gobierno de Santos está a la expectativa de iniciar un proceso de paz también con el ELN, en particular luego de que ayer liberó a un canadiense que mantenía cautivo desde enero y que presentó como un "acto humanitario" que busca constituirse en un "aporte por la paz en Colombia".
