Crimen de lesa humanidad

Han pasado más de 200 años de la Independencia colombiana y buena parte de los grandes crímenes de la historia Han pasado más de 200 años de la Independencia colombiana y buena parte de los grandes crímenes de la historia nacional, aquellos considerados como magnicidios, siguen en la penumbra de la impunidad. No es un chiste afirmar que desde el aleve asesinato del Gran Mariscal Antonio José de Sucre en el paso de Berruecos, departamento de Nariño, el 4 de junio de 1830, hasta recientes como los de Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán el país sigue sin saber quién los mató, es decir sin que se haya podido detectar a sus autores intelectuales porque los materiales apenas fueron instrumentos de más altos poderes. Y ni qué decir del más impactante y traumático del siglo XX, el del abogado Jorge Eliécer Gaitán, que ha tenido más presuntos homicidas y móviles que la cantidad de muertos que nos dejó la aciaga época de la Violencia. Es de tal magnitud la incompetencia, debilidad y falta de resultados de la justicia nacional, que se ha tenido que acudir a la figura in extremis de declarar algunos casos como delitos de lesa humanidad para que el inexorable paso del tiempo no los carcoma bajo el moho del olvido judicial. Es lo que acaba de ocurrir con el magnicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el primer mártir de la guerra contra el narcotráfico, quien cayó bajo el poder siniestro de las balas de la mafia, aliada con otros sectores oscuros, la noche del 30 de abril de 1984 en las calles bogotanas. Con Lara Bonilla aún agonizante, el país conoció los nombres y caras de los jóvenes sicarios, pero 28 años después seguimos sin saber la plena identidad de quienes, tras las sombras, maquinaron todo el aparato criminal que se puso en marcha desde ese momento para llenar de luto a Colombia, año tras año y víctima tras víctima, sin que haya justicia. Bien temprano se supo que “los de la moto” habían actuado por órdenes del poderoso capo Pablo Escobar Gaviria, quien tenía mayúsculo interés en sacar del camino a quien lo había puesto en evidencia y le había desbaratado el mayor complejo cocalero del mundo, Tranquilandia, en las selvas del Yarí. Pero otros nombres, otros intereses de mayor nivel social y/o político han pasado de agache desde cuando el valiente juez Tulio Manuel Castro Gil vinculara a toda la estructura del “Cartel de Medellín”. Castro Gil, que asumió la investigación y ordenó la captura de los capos, terminó también asesinado en julio de 1985. Y el expediente que abrió el mismo Juez estuvo desaparecido de los anaqueles de un juzgado penal en Bogotá hasta hace cuatro años, cuando por gestión del ex senador Rodrigo Lara, hijo del ministro asesinado, fue reactivada la investigación. La decisión de no permitir la prescripción del asesinato de Lara Bonilla ha llegado, coincidencialmente, de manos de otro opita, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo quien consideró que el crimen debe seguir siendo investigado para encontrar a los verdaderos autores intelectuales que instigaron el magnicidio, cuyos efectos aun se sienten, 28 años después, sin que la huella de dignidad que dejó como legado haya servido para desterrar a los culpables. DESTACADO “El crimen debe seguir siendo investigado para encontrar a los verdaderos autores intelectuales que instigaron el magnicidio, cuyos efectos aun se sienten, 28 años después…” EDITORIALITO La capital huilense es desde hoy sede del encuentro nacional de la jurisdicción administrativa, donde se abordarán los grandes temas que inquietan a la Rama Judicial. Un escenario propicio para emprender desde Neiva los grandes cambios que la justicia necesita. ¡Bienvenidos!