Las dificultades por falta de personal de servicios generales dentro de los planteles educativos oficiales de la capital del Huila siguen escalando. De 120 aseadoras que hay en las instituciones, cerca de 80 de ellas, se encuentran en estado de incapacidades laborales. La administración municipal pone en duda el origen de las reiteradas ausencias.
Johan Eduardo Rojas López
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Una compleja situación de fondo sale a la luz, luego de que funcionarias de servicios generales de la Institución Educativa INEM Julián Motta Salas, manifestarán para LA NACIÓN sobrecarga laboral y dijeran sentirse “cansadas”.
“Nuestra institución es muy grande y solamente contamos con tres personas con total disponibilidad para trabajar, pero qué pasa, el resto de personal que figura en la nómina, tienen unas limitaciones laborales que impide que cumplan las funciones y no nos han mandado las personas de reemplazo. Nosotros estamos cansados y queremos soluciones; no podemos hacer los salones porque estamos cortos de personal, nos estamos enfermando por la carga laboral. Es que años anteriores éramos doce, ahora somos siete, pero sólo tres cumplimos a cabalidad las funciones”, expuso Ana Zúñiga, aseadora del INEM.
Ante esta denuncia, la secretaria de Educación de la Alcaldía de Neiva, Natalia Andrea Rodríguez Gutiérrez, se refirió a la situación y explicó que la realidad va mucho más allá de lo notorio, exponiendo de hecho, que de aproximadamente 120 auxiliares administrativos grado ocho que ejecutan dentro de sus manuales de funciones, labores de aseo en instituciones educativas oficiales en la ciudad, cerca de 80 funcionarias se encuentran en estado de incapacidades laborales permanentes parciales que les impiden desarrollar sus obligaciones. Lo anterior, ha generado que, de manera injusta, la carga laboral aumente para aquellas que no presentan ninguna dificultad.
“Muchas de esas incapacidades están relacionadas con afectaciones en el uso de jabones y otro tipo de insumos para la realización del aseo en las instituciones educativas. Entonces con esta situación que tenemos, en realidad ellas han tenido que ser asignadas a otro tipo de funciones dentro de su manual que no están relacionadas precisamente con poder realizar este tipo de aseo que obviamente es importante y que se requiere para que nuestros niños tengan adecuadas condiciones en la prestación del servicio educativo”, señaló la jefe de la cartera municipal.
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Esta dificultad que impide que tantas funcionarias desarrollen las actividades para las cuales fueron contratadas, según Rodríguez Gutiérrez, avoca a que, desde la Secretaría de Educación tengan que realizarse esfuerzos presupuestales adicionales a través de la contratación de aseo que, no es permanente debido a los serios problemas financieros que enfrenta la administración local y desde luego sus carteras, como la de educación.
Esto ha generado que no puedan realizar mayores contrataciones para suplir esas vacantes que aún hay en la gran mayoría de los planteles educativos, sin embargo, en la actualidad está vigente un contrato que supera los $400 millones y vincula a 40 profesionales que están prestando el servicio en donde más se requiere.
“Tenemos colegios que no tienen ningún personal de planta a quienes debemos priorizar en la contratación de este personal adicional para poder garantizar que ellos también tengan condiciones aceptables de aseo en las mismas. Pero la dificultad es financiera, y además muy compleja porque tenemos también todo este tema laboral de la mayoría de las funcionarias que están asignadas en planta a las labores de aseo”, agregó.
Cartas en el asunto
También dejó claro que para hablar de sobrecarga laboral debe hacerse desde toda la tecnicidad, para así determinar y medir a ciencia cierta las cargas laborales. En ese sentido, es fundamental ejecutar un estudio de planta de modernización que se hace a través de un personal idóneo, que permitirá definir la realidad del asunto.
Y para ello, desde la dependencia, se espera prontamente realizar esa gestión y así tener una medición de cargas laborales, especialmente de las aseadoras. Anunció entonces que “nosotros hemos planteado la necesidad real de hacer ese estudio de cargas, analizar cómo debe funcionar cada una de las instituciones porque sí vemos que hay unas que tiene mayor personal de planta y otras que tiene menos y la Secretaría de Educación hasta ahora no tiene ningún criterio técnico que pueda definir por qué una institución tiene más funcionarios administrativos que otros. Ese es un trabajo que hace parte del plan de esta dependencia y si es necesario revisar esa medición de carga”.
Ahora bien, aunado al contrato adicional de prestación del servicio de aseo, deberán y tienen el reto de gestionar recursos que les faciliten terminar la vigencia escolar para que las instituciones educativas, no se queden padeciendo por el servicio. “El valor de la planta total supera los $3.500 millones de pesos al año porque están con todas sus prestaciones sociales”, indicó.
¿Qué hay detrás?
Una de las perlas que dio a conocer la Secretaria de Educación es que algunas de estas funcionarias fueron contratadas durante la vigencia anterior, en el periodo de Gorky Muñoz Calderón y luego de ingresar, se hicieron incapacitar. Lo anterior, por supuesto, genera ciertas dudas porque se supone que cualquiera persona debe realizarse una serie de exámenes antes de empezar su ejercicio laboral.
“Se supone que se hace un examen de ingreso que dice que la personas se encuentra en óptimas condiciones para poder realizar ese tipo de labores que están muy claras en el manual de funciones que deben desempeñar, pero desafortunadamente, casi que de manera inmediata algunos empiezan a presentar este tipo de incapacidades que imposibilitan que desarrollen esas funciones”, sostuvo Rodríguez Gutiérrez.
Por ello insistió en que realizarán una revisión exhaustiva que les de claridad frente a lo que sucede y en esa línea avanzará junto con el sistema de salud para revisar caso por caso y así “mirar frente a la junta que tiene el sistema, cuál puede ser la solución porque de fondo sí hay una afectación clara sobre todo en la prestación del servicio a los niños que merecen tener unas condiciones adecuadas de aseo. Nosotros necesitamos la prestación del servicio, obviamente, respetando todos los derechos de los trabajadores, pero sí hay mecanismo que tienen que ser implementados en un momento dado para revisar esas situaciones”.
“Están incurriendo en ilegalidad”
Zoilo Chaux Jaramillo, coordinador de veeduría ciudadana y vicepresidente ejecutivo de Confenalpadres, dijo que, en efecto, cuando un empleado por algún motivo no puede ejercer sus funciones, la entidad debe nombrar un reemplazo o un supernumerario que supla ese trabajo. Esto independientemente de las situaciones internas que atraviesen, debido a que, según él, resulta bastante injusto que se sobrecargue a otros trabajadores.
“Uno desarrolla la actividad de uno, pero no me pueden cargar el trabajo de otras personas. Ahí me parece que el Ministerio de Trabajo debe velar por los derechos de esas personas que ya están vinculadas. Ellos deben buscar la manera de conseguir los recursos porque están incurriendo en un tema de ilegalidad contra las empleadas que injustamente asumen ese trabajo”, comentó el vicepresidente ejecutivo de Confenalpadres.
Mencionó que esto debe ser resuelto por el ente territorial en conjunto con el Ministerio de Educación, que debe tener en cuenta todos estos “imprevistos” que pueden suceder y así resolver la situación porque los planteles educativos no pueden quedarse sin aseadoras.
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Daños de la politiquería
“Nosotros elevaremos una consulta al Ministerio porque eso no puede seguir pasando en muchas instituciones. Eso es una sobrecarga y no la vamos a permitir bajo ningún pretexto. El problema no es de la trabajadora de servicios generales, sino de la empresa que hace los exámenes médicos para el ingreso”, precisó Chaux Jaramillo, quien añadió que, en este país toda necesidad busca suplirse por medio de la politiquería, de manera que, no es raro que esas plazas obedezcan a burocracias y, de allí, se deriven los problemas que independientemente de todo, perjudican al estudiantado.
Planteó la necesidad urgente de buscar salidas para analizar la situación, respetando siempre los derechos de los trabajadores. “Aquí hay que hacer diligencia para que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad que le compete para prestar un buen servicio. Dejar de aplaudirlos y llevarlos siempre a los mejores colegios cuando vienen porque entonces ellos no conocen la realidad de las escuelas”, concluyó.
Finalmente, varios rectores expresaron que esto no es nuevo, pues desde hace mucho tiempo vienen ‘padeciendo’ por falta de personal para desarrollar estas labores, e incluso, en algunos colegios, los padres pagan para que alguien les preste ese servicio.
“Aunque en esta institución no está pasando, la realidad es que los rectores hacemos piruetas y cuadramos de cualquier manera; un tiempo un lado, otro tiempo otro”, sostuvo Abraham Gómez, rector del Juan de Cabrera.
¿Qué pasa con la Secretaría de Educación?
La Secretaría de Educación reveló que durante estas últimas semanas recibieron la visita del Ministerio de Hacienda y se tendrán que acoger a un plan de desempeño derivado del déficit presupuestal existente en el uso del sistema general de participaciones en las vigencias 2022 y 2023.
“Nosotros hemos venido teniendo dificultades por los incrementos salariales y eso hace parte de ese déficit presupuestal en el cual la secretaría de Educación viene y, por eso, entraría a un plan de desempeño con el Ministerio de Hacienda, pero es básicamente porque la entidad territorial debe asumir de recursos propios esos aumentos salariales que se han dado por encima de la ley. Digamos que ha sido una de las luchas principales en los derechos laborales de todos los trabajadores en la Alcaldía, pero principalmente en educación. Nosotros no podemos asumir esos incrementos salariales con recursos del sistema general”, dijo la titular del cargo, Natalia Rodríguez.
