En Colombia operan 53 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal-el ELN-, en 320 de los poco más de 1100 municipios que tiene el país. De esas 54 estructuras, hay 24 grupos que son los de mayor tamaño e impacto territorial y los cuales estarían dentro de la política de Paz Total. El gobierno Nacional optó por dos caminos. El primero se refería a las tradicionales negociaciones de paz, dónde entró la guerrilla del ELN, lo cual era obvio, pero además el gobierno les dio reconocimiento político a las disidencias de las FARC, tanto el autodenominado Estado Mayor Central, al mando de Mordisco y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
El segundo camino fue lo que se denominaron las conversaciones socio-jurídicas que, buscaban llevar al sometimiento a la justicia, a diferentes organizaciones criminales. El modelo buscado era el tradicional que aplican los Estados Unidos, es decir, a cambio de información y riqueza se reduce la pena, pero no había una negociación de agenda social o política, era sencillamente una negociación de la pena a cambio de información. Dicho modelo de sometimiento no se aplicaba en Colombia por primera vez, pero era novedoso en el sentido de dar una respuesta al aumento de presencia de organizaciones criminales.
Sobre el papel, el modelo parecía coherente con dos vías para resolver los graves problemas de violación a derechos humanos y seguridad, sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la esperanza se fue desvaneciendo y parece bastante difícil que se logré algún gran acuerdo en el corto plazo. Tal vez, la causa de esto se debe a cuatro razones. Por un lado, desde el inicio no hubo un método claro para llevara cabo las negociaciones, importó más el fin que el Cómo, ello llevó a que se dieran ceses al fuego sin protocolos o mesas con demoras muy largas para concretar una agenda de negociación.
En segundo lugar, la mayoría de estos grupos armados estaban en proceso de expansión y de cooptación criminal, por ende, los incentivos para negociar o someterse a la justicia eran bajos. La presión militar tampoco fue alta y, al final, no había en la paz una oferta atractiva para que se diera el transito desde las armas. Por ello, se dieron casos como los del Estado Mayor Central, grupo que se dividió en dos y entró en una confrontación muy compleja. En tercer lugar, el gobierno no entendió los tiempos políticos y no logró una sincronía para poder aprobar la ley de sometimiento a la justicia. Entonces, las mesas de conversaciones socio-jurídicas no tiene el marco jurídico completo.
Por último, factores externos, como la caída del precio de la cocaína, lo cual llevó a una disputa criminal por rentas como la minería ilegal, la situación de caos en la frontera entre Colombia y Venezuela y la explosión de la economía de la trata de personas socavaron las posibilidades de avanzar hacia una Paz Total. Tal vez, al final se logré someter unos tres o cuatros grupos criminales y algún acuerdo con una de las disidencias, pero los grupos más importantes como el ELN y Clan del Golfo quedaran por fuera.
