El súbito desplome del edificio Space de Medellín abrió un debate no solo sobre la responsabilidad de los constructores o la calidad de los materiales. La tragedia sirvió también para explorar el papel de las curadurías, las condiciones de acceso y permanencia, el control ciudadano frente a estas decisiones y el cobro de expensas.
La figura de la curaduría urbana, de inspiración constitucional, se orientó como mecanismo descentralista para agilizar los trámites y mejorar la planeación local. Y de paso enfrentar la ineficiencia y la corrupción en las oficinas de planeación encargadas de expedir las licencias.
Los curadores urbanos, en el ojo del huracán, como particulares cumplen funciones públicas y les corresponde estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas. Desde su creación, se privilegió el mérito como criterio rector del acceso a la función pública, previo concurso de méritos, se definió un periodo de cinco años prorrogables si la autoridad administrativa así lo considera conveniente.
Aunque los curadores urbanos no hacen parte de la carrera administrativa, su permanencia en el cargo se ha venido perpetuando en muchas ciudades del país, sin que cumplan con los requisitos de idoneidad que exige su ejercicio. En muchos casos las evaluaciones de desempeño, realizadas por las oficinas de personal de las alcaldías, tampoco son garantías de eficiencia e idoneidad, como ocurrió con el curador segundo de Medellín, quien aprobó el desarrollo de las torres colapsadas.
El curador ni tenía la idoneidad ni las calidades profesionales para ejercerlo. Además, había sido inadmitido en el concurso y curiosamente se rajó en la prueba escrita, amén del conflicto de intereses en que incurrió y las dudas sobre excepciones y cobro de expensas. Y no es seguramente el único caso en que los curadores terminan siendo aliados estratégicos de los propios constructores.
La creación de una Superintendencia Delegada, para vigilar a los curadores y proteger a los consumidores, afectados por problemas en la construcción de sus viviendas, es una medida sana aunque tardía, entre otras anunciadas por el Ministro de Vivienda. Es preciso volver la mirada hacia los curadores urbanos, ejercer la vigilancia y determinar también las responsabilidades.
Las curadurías llevan diez años y medio, la mayoría se encuentran en interinidad y los concursos que deberían ser públicos pasan de bajo perfil, sin ningún control, pese al papel estratégico en el desarrollo urbano de las ciudades.
El curador del Space debe servir como un referente para introducir los correctivos y evitar que esta figura se desvirtúe en medio de la politiquería. Y más ahora, en medio de auge de la vivienda, la renovación de los planes de ordenamiento territorial y la revolución urbanística.
“Es preciso volver la mirada hacia los curadores urbanos, ejercer la vigilancia y determinar también las responsabilidades”.
EDITORIALITO
Oportunas las ayudas que entregó la primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos a los damnificados de Hobo. Ahora, lo clave es la reconstrucción de las viviendas afectadas, la verdadera solución.
