El video publicado por la revista Semana, en el que aparece Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, en una reunión privada con funcionarios y allegados al gobierno, revela una práctica plagada de afirmaciones preocupantes. Bolívar, la persona más cercana a Gustavo Petro y su más leal escudero, expone sin reparos diversas tácticas que traspasan los límites de lo legal.
No es la primera vez que Petro y su círculo “corren la línea ética” para acallar a sus opositores, sin reparar en los métodos empleados. Los “petrovideos” no fueron más que una estrategia inmoral utilizada en campaña, y ahora emerge una estrategia igualmente cuestionable, que parece cruzar la legalidad, dirigida contra medios de comunicación y acompañada de una inquietante pestilencia de corrupción con los recursos estatales.
En el video, Bolívar afirma: “Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana, han dado resultados, y es que la gente deje de consumir estos productos…” También dice: “Sobre el caso de Guayaquil, déjeme preguntarle al Canciller, porque no sé si el MIRA hace parte de esos acuerdos que se hicieron para la aprobación de los proyectos”. Ambas afirmaciones son claras y repugnantes: la primera, un método de ataque a la prensa desde el gobierno, financiado con recursos públicos; y la segunda sugiere una cuota consular asignada a un partido político que debe acatar directrices específicas, en un acto que evidencia un intercambio de favores para asegurar apoyos en el Congreso.
Tras la publicación de Semana, Bolívar intentó minimizar el asunto en un trino, alegando que se trataba de una conversación privada y, para él, exenta de dar explicaciones, y se mostró sorprendido de que el video llegara a un medio de comunicación sin su consentimiento. Gustavo Petro, lo respaldó también desde su cuenta de X, cuestionando por qué una conversación privada fue difundida. A ambos podría aplicárseles el refrán popular: “No aclaren, que oscurece”.
Este caso no admite interpretaciones ambiguas: se trata de un funcionario público exponiendo, o incluso admitiendo, la comisión de posibles delitos. Aquí, la situación trasciende la línea de lo ético y se desplaza hacia lo ilegal. Y la discusión no puede centrarse en buscar los responsables de la grabación, la publicación o la filtración del video, sino en la gravedad de su contenido. Ante esto, los allegados al gobierno repiten el argumento de que “esto también se hacía antes”, pero la respuesta es contundente: si la hipótesis es esa, prometieron el cambio, luego están haciendo lo que censuraban.
