La renuncia a la Presidencia de Otto Pérez Molina es un gran triunfo de los guatemaltecos, que pueden inspirar a otros indignados de la región. Pero se trata de un logro frágil, cuya conclusión es aún incierta.
Otto Pérez Molina logró lo inimaginable. Según sus declaraciones, renunció a su cargo de presidente de Guatemala para enfrentar “con valentía, honor y dignidad” el proceso por corrupción en su contra. Pero en realidad, su dimisión se debió a que todo el país se lo exigía. Y poner de acuerdo a una sociedad tan dividida como la guatemalteca roza lo milagroso. En los 194 años de historia de un país marcado por las dictaduras militares, la represión y la violencia política, es la primera vez que la Iglesia, los sindicatos, los estudiantes, los militares, la prensa, así como los sectores industrial, agrícola, comercial, industrial y financiero se unen por una causa común.
Los hechos se sucedieron con una velocidad desconcertante. El lunes, la comisión pesquisidora del Congreso, que contaba con 30 días para evaluar las pruebas contra Pérez Molina, decidió en menos de 30 horas recomendarle al resto de los diputados retirarle al presidente su inmunidad. El martes, el pleno del Congreso no le dio largas a la votación más importante de los últimos tiempos, y el mismo día aceptó el dictamen de la comisión.
El miércoles, el juez encargado del proceso, Miguel Ángel Gálvez, emitió una orden de captura contra el mandatario, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, tras revelar que Pérez Molina era el máximo cabecilla de la red de defraudación aduanera conocido como La Línea. En paralelo, la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, rechazó los recursos que el mandatario había interpuesto para dilatar el proceso. Y durante esa jornada maratónica, al filo de la medianoche, sucedió lo que toda Guatemala pedía a gritos: el presidente presentó su carta de renuncia.
Al otro día, los voladores y los pitos de los carros celebrando la decisión despertaron al país. A media mañana, la Fiscalía le imputó a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera, los mismos por los que está siendo procesada su exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Pero lo más llamativo llegaría por la tarde, en el Tribunal Primero de Mayor Riesgo de la capital guatemalteca, cuando Ángel Gálvez ordenó la prisión provisional de Pérez Molina. Ese mismo día su vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, que remplazó a Baldetti en mayo, asumió como presidente.
Semejante celeridad no solo es atípica. También revela un cambio profundo en la relación de los guatemaltecos con sus políticos. “La presión popular ha hecho que cualquier asunto relacionado con la corrupción se convierta en una papa caliente para los encargados políticos, que prefieren resolverlo de inmediato a exponerse a ser señalados como auspiciadores de la corrupción”, le dijo a SEMANA Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). Y a esa intolerancia se suma la presión constante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, que todos los sectores reconocen como un factor clave en la desarticulación del cartel de La Línea.
En efecto, de cara a las elecciones del 6 de septiembre en ese país latinoamericano, los políticos de todos los partidos y orígenes han sentido que el asunto les concierne de cerca. “Estos se han dado cuenta de que el descontento ya no es solo en la capital, sino que se ha extendido a los pequeños centros urbanos, a los pueblos y a las comunidades indígenas y rurales. Es decir, donde tienen su público electoral. Al retirarle la inmunidad a Pérez Molina los congresistas no estaban pensando en el país, sino en el castigo que podrían infligirles los electores en estos comicios”, dijo Linares.
El primer damnificado de ese despertar político ha sido el candidato presidencial del Partido Líder, Manuel Baldizón, quien hasta abril lideró confortablemente las encuestas. Según un sondeo publicado el jueves por el diario Prensa Libre era, sin embargo, segundo en los sondeos, detrás del comediante neófito en política Jimmy Morales. Y eso representa una anomalía electoral que refleja los profundos cambios que ha sufrido la sociedad guatemalteca en menos de medio año.
Como le dijo a esta revista Daniel Hearing, director del Centro de Investigación Internacional de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, “lo esperable habría sido que las dificultades del Partido Patriota, de Pérez Molina, beneficiaran a quien iba de segundo, o sea a Baldizón. Pero desde que se supo del caso de La Línea, su popularidad también se ha derrumbado. La razón es muy sencilla: aunque pertenecen a partidos diferentes, la gente los percibe como aliados que recurren a las mismas prácticas corruptas. Eso explica también el ascenso de Morales en las encuestas. Aunque el tipo es un payaso sin un equipo ni un plan de gobierno creíbles, es el candidato que menos contacto ha tenido con la política. En realidad, es el voto nulo personificado”. Ese hastío ha sido además evidente en las protestas semanales de la plaza de la Constitución, en las que muchos manifestantes han sostenido pancartas con los signos de los partidos al revés o con una cruz negra encima.
En efecto, la indignación popular no termina con la caída de Pérez Molina, que simplemente usó para su beneficio personal las prácticas corruptas profundamente incrustadas en la sociedad guatemalteca. “No es que antes no hubiera tanta corrupción, lo que pasa es que ahora sí la vemos, la detectamos y hablamos de ella para denunciarla. A su vez, la ciudadanía ha entendido que el abuso de poder no es un problema remoto ni abstracto, sino que tiene un impacto directo en la calidad de sus vidas y en el futuro de sus hijos”, le dijo a SEMANA Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional.
El caso de Guatemala ha tenido una amplia repercusión en el área, donde abundan los mandatarios corruptos. Desde 1990, de los 39 presidentes que han gobernado países centroamericanos 15 han estado bajo sospecha de corrupción, según anotó el periodista costarricense José Meléndez en un artículo de El País de Madrid. En particular, el destino de Pérez Molina puede reforzar las aspiraciones de los vecinos hondureños, que también llevan varios meses indignados por la corrupción del gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández, y que han pedido que se funde en su país un equivalente local de la Cicig. Algunos medios han incluso hablado de una Primavera Centroamericana.
Sin embargo, pese a la justa euforia que ha embargado a los guatemaltecos, la fiesta no debe ser muy larga. Como bien señala Salas, “si bien la detención de Pérez Molina es un excelente paso en la dirección correcta, falta dar los siguientes pasos para garantizar que las instituciones se fortalezcan y sirvan a la mayoría de centroamericanos. Y, más importante aún, para que no veamos en unos meses a un nuevo corrupto sentado en la silla presidencial en Guatemala”.
