Por fin, luego de nueve meses, la Gobernación del Huila dio a conocer decisiones concretas frente a la compra de seis tractocamiones que nadie quiere recibir. Se determinó que se levantara la suspensión, pero los vehículos no se recibirán como están. El exsecretario de Gobierno, Mauricio Muñoz, se defendió y explicó que en ninguna parte se estableció que tenía que ser un camión compacto.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
Un contrato para la adquisición de vehículos de bomberos tipo cisterna para la atención de emergencias de incendios y suministro de agua, que se suscribió el 25 de octubre de 2023, tan solo 12 días después de que la Gobernación del Huila declarara calamidad pública, mantiene al rojo vivo la controversia debido a una presunta falta de planificación, sumado a diferencias técnicas y jurídicas que argumentan las partes.
Este proyecto, cuyo objetivo era fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de los organismos de socorro y entidades operativas para atender las emergencias, podría configurar, para algunos, un hecho de corrupción que se gestó durante el periodo gubernamental de Luis Enrique Dussán. Para otros, podría convertirse en un detrimento patrimonial si no se actúa con prontitud.
Debido a todo este ‘ruido’ generado en torno a la situación, ayer, en medio de un candente debate de control político citado por los diputados Rodrigo Lara, Alfadil Ortigoza y Omar Alexis Díaz, que duró casi 8 horas, el secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, dio a conocer el accionar que tomarán.
“No se recibirán los tractocamiones”
El funcionario anunció el levantamiento de la suspensión del contrato FDGRD 059, que se encontraba en ese estado desde el mes de mayo. Sin embargo, dejó claro que no recibirán los tractocamiones porque no cumplen con las especificaciones.
“La razón por la cual se mantenía suspendida la ejecución del contrato obedecía, precisamente, a que no existía claridad de si esos tractocamiones cumplían o no con las especificaciones técnicas. Pero hoy, con base en las respuestas, ha quedado absolutamente claro que desde el punto de vista jurídico y técnico no es procedente recibir este tipo de vehículos con destino a los Cuerpos de Bomberos”, dijo Casallas Rivas, quien además explicó que les corresponde reiniciar la ejecución y verificar cuáles son las condiciones técnicas en que el contratista entregaría los vehículos.
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Y si “no se ajustan al contrato y las normas que regulan la materia”, se estaría incurriendo en un incumplimiento y, por tanto, se adelantaría un proceso administrativo sancionatorio.
Lo anterior determinaría si se aplica la cláusula penal pecuniaria, la imposición de multa o incluso la caducidad del contrato y, por supuesto, la exigibilidad de las garantías para salvaguardar los recursos públicos que se han entregado. “Pareciera que desde que presentó la idea tenía (el contratista) planeado transformar el vehículo”, insistió.
Exsecretario de Gobierno se defiende
Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo fue quien dio ‘luz verde’ al contrato y firmó el acta de recibido a conformidad como primera fase, dado que para ese momento fungía como secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios. Sin embargo, precisó que el proyecto ya estaba estructurado por sus antecesores.
Mencionó que, para ese momento, empezó a elevarse el número de hectáreas consumidas por las llamas, de ahí la necesidad de adquirirlos cuanto antes, bajo la Ley 1562 del 2012, que regula todo lo concerniente a emergencias en el país. Dijo haberse apoyado en una resolución del 2023 del Ministerio de Transporte, en donde se especifica cuáles son los vehículos de emergencia, y dentro de ello se habla de camiones tipo bombero, pero también de vehículos de emergencia en términos generales.
“Sí existe la tipificación dentro de la resolución que habla de vehículos de emergencia y ahí no especifica que tiene que ser camión o tractocamión, es decir, que caben las dos alternativas. Como en el mercado no había los vehículos que se querían, lo que hicimos fue, por propuesta del contratista, contratar unos tractocamiones que cumplían las especificaciones técnicas y que las superaban. Entonces tomamos la decisión de hacerlo, con las adecuaciones correspondientes porque uno no los consigue armados y eso es lo que el contratista está haciendo. La plata no se ha perdido”, señaló el exfuncionario.
“Claramente no hay ningún hecho de corrupción”
Según Muñoz Leguízamo, en ningún lado se habló de un vehículo compacto o se definió que tenía que ser un camión. Por lo tanto, considera que lo que debiera hacer la Gobernación del Huila es darle la alternativa al contratista de que cumpla sus obligaciones, porque él va a tener que matricular los carros con las adecuaciones en el Ministerio, y si esa cartera no se lo avala, ahí cabría una sanción por se comprobaría una equivocación.
“No hay sobrecostos, se seleccionó de conformidad con la ley, se decretó una emergencia, el contratista tiene la experiencia, claramente no hay ningún hecho de corrupción. Aquí hay un imprevisto que se está generando, y es que hay dos posiciones jurídicas: para los bomberos tenía que ser un camión y, para nosotros, la ley nos facultaba que fuera tractocamión. En ese cargo uno no elabora los contratos, los revisa y los firma porque no hay tiempo. Yo no tengo participación en ningún acto de corrupción en mi vida y tengo la tranquilidad de que todo se hizo bien”, expuso el exsecretario de Gobierno, quien agregó que siempre ha puesto la cara para “defender” su postura.
“A lo Frankenstein”
El capitán Gilberto Rojas Sánchez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitalito y abogado, detalló que las diversas irregularidades se advirtieron oportunamente, pero no fueron tenidas en cuenta por Muñoz Leguízamo. Ahondó que, desde la estructuración del proyecto con recursos de regalías, se había establecido un vehículo para bomberos tipo sirena compacto, pero primero, al parecer, negociaron los cabezotes de tractocamiones a buen precio para después pegar la información al contrato y requerir esa marca específica, cuando, según él, la ley no lo permite.
“Ahora quieren hacer un Frankenstein, coger ese cabezote, quitarle la quinta rueda, alargarle un chasis para montarle un tanque y eso técnicamente no sirve, además de que ya se entregaron el 90% de los recursos. Entonces, no están listos para entregar, pero además no los recibiremos porque no funcionan. No entendemos por qué el secretario de Gobierno, el 29 de diciembre, firmó un acta de ‘recibo a conformidad de los carros’ cuando lo que recibió fueron los cabezotes, que es el 25%”, afirmó.
“Están cubriéndole la espalda a Mauricio Muñoz”
Para el comandante, la controversia ha llegado hasta este punto, entre otras cosas porque el secretario de Gobierno nunca quiso contratar la asesoría de un experto, a pesar de ser un tema tan técnico. De acuerdo con él, solo aprovechando la calamidad pública, a ‘dedo’ entregó el contrato de $4.375 millones a un contratista que no tenía experiencia en carros de bomberos.
Dijo “sin tapujos” que la demora para “pararle bolas” a la situación se debió a que, supuestamente, estaban cubriéndole la espalda a Mauricio Muñoz, quien, por soberbia, dejó que todo escalara. “Para nadie es un secreto que son de la misma corriente política, entonces, de pronto, por solidaridad han querido ayudarle, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que este es un problema mucho más grande que el de La Guajira. Allá los vehículos sirven para lo que se pensó, pero no han funcionado por un tema de pólizas, y el problema allá es que los pagaron más caros. Sin embargo, ahí están, se pueden usar. En cambio, aquí se gastó plata en unos vehículos que no vamos a poder usar los bomberos”, sostuvo el también abogado.
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El término de entrega se venció hace 295 días
Propuso en esa línea declarar la siniestralidad del contrato, recuperar los dineros y volver a realizar el proceso.
Advirtió, entonces que, si esto no se logra, “no lo recibiríamos y estaríamos frente a uno de los procesos con más errores del Huila”, porque han tenido que afrontar dos declaratorias de calamidad pública sin los vehículos que, se suponía, tenían que ser entregados en un término de 45 días.
¿El contratista Jhon Farid Méndez fue la mejor opción?
En el documento contractual, se indica que la oferta técnica y económica de Jhon Farid Méndez Lugo, a quien el exsecretario de Gobierno niega conocer previamente, fue la más favorable para la entidad, teniendo en cuenta que propone que las características del bien a suministrar superan las establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto, “como puede observarse, el contrato se ejecutará en la mitad del tiempo establecido”.
“No podemos ahora desconocer las especificaciones y las características con las que se estructuró y aprobó el proyecto. En ninguna parte del contrato se contempló que el Departamento le debía pagar el 90% del valor del contrato, solamente con la entrega del cabezote. La entidad no puede pagar más de lo que usted ha hecho, esa es la razón por la cual la entidad no está incumpliendo el contrato y es improcedente efectuar el pago que el contratista pide”, añadió Juan Carlos Casallas Rivas, quien aseveró que el Gobierno actual se ha tomado este tiempo para verificar a detalle todo el proceso y, por eso, luego de ello, toman las decisiones.
Para él, las contradicciones y deficiencias se dan en la estructuración de la propuesta del contratista.
El reclamo del contratista
Jhon Farid Méndez Lugo, por su parte, indicó el interés que tiene por cumplir a totalidad el contrato y precisó que, si quieren ponerle ‘trabas’ a un proceso, “déselo a un abogado y a un contador, quienes encuentran los detalles para no hacer las vainas o que no se logren”.
Sostuvo que él tiene para entregar lo que se estipuló en el contrato e informó que los vehículos sí van a funcionar porque son mejores. “Yo lo digo y lo mantengo, no he hecho ninguna modificación al carro, ni lo voy a hacer, solo he hecho adecuaciones. A mí no me pueden obligar a entregar un camión, y menos cuando ya me recibieron lo que yo me comprometí a entregar, que es un tractocamión; la destinación la definen los bomberos. Estoy dispuesto a entregarlos de manera funcional y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que tengo contratadas”, manifestó.
Opiniones
Rodrigo Lara Sánchez, diputado de oposición
“Lo que más nos llena de preocupación es que no sabemos cuándo van a ser entregados. Hoy vimos la manifestación del secretario de Gobierno muy clara, que el concepto del Ministerio de Transporte es que son camiones y no tractocamiones, así que yo no veo punto medio. Lo que queremos es ver soluciones pronto, pero no veo un punto medio entre contratista y administración departamental, la cual creo que ha obrado con mucha demora en solucionar esta problemática”.
Omar Alexis Díaz, diputado conservador
“Hoy queda claro que hubo una mala planificación de este contrato y que no hubo las consultas pertinentes a las personas indicadas para eso, y que desafortunadamente va a empezar un litigio jurídico entre el contratista y el Gobierno Departamental por revisar el tema de la entrega de estos vehículos. Uno aquí puede decir que hay un ‘fuego amigo’ porque prácticamente se responsabiliza al secretario de Gobierno y al gobernador del periodo anterior. Esto es un presunto hecho de corrupción y, desde luego, un posible detrimento patrimonial porque ese contrato se dio en una emergencia ambiental y ya vamos para un año y no se entregaron. Ahora hay que ver la responsabilidad de Edgar Martín Lara”.
Alfadil Ortigoza, diputado liberal
“Aquí no vamos contra nadie, solo estamos advirtiendo y buscando soluciones para esta situación, pero sí hay responsables porque faltó planeación desde la contratación, porque el proyecto está bien estructurado. Lo que pasa es que el proyecto lo radican y, cuando arranca el proceso contractual, cambian las condiciones del vehículo, sin avisar previamente, pese a ser recursos de regalías. Es que el plan de acción no se puede cambiar”.
