Tan polémica como interesante la propuesta que ya están trabajando la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno con el fin de descongestionar los procesos investigativos y concentrar la atención en los casos relevantes, de mayor impacto y en los que – es la esencia de la propuesta – haya elementos suficientes para capturar y condenar a los responsables.
Se trata, en resumen, de que la Fiscalía pueda hacer uso discrecional de la facultad de no investigar casos de poca monta cuando no hay mayor indicio del responsable, lo cual permitiría de tajo mandar al archivo decenas de miles de casos que hoy no han tenido ningún avance, justamente porque se han quedado en la denuncia o porque el denunciante no colaboró con más detalles o porque el caso fue confuso o porque el investigador judicial no hizo la tarea completa.
En todo caso, la controvertida iniciativa apunta – más que a poder archivar casos futuros – a tener la potestad legal de que esos miles de procesos no hagan parte más de las estadísticas del delito.
¿Es viable y correcto que el Estado pueda disponer de la facultad de determinar que tal o cual caso en el que se afectó la vida, honra o bienes de un colombiano, se archive dejándolo en la impunidad? De entrada vale decir que el grueso de los delitos en Colombia termina sin castigo, aún si la Fiscalía los investigó e incluso si llegaron ante un Juez y éste decidió no imponer castigo a los acusados.
La impunidad, en cifras gruesas, ha rondado siempre entre el 80 y 90 por ciento de hechos que terminan sin responsable y sin castigo; el ejemplo claro es el reciente informe del secuestro en cuatro décadas, que arroja la impresionante cifra de 40 mil víctimas y de apenas 4 mil personas que fueron judicializadas como responsables.
Pero una cosa es que la incapacidad de nuestra Justicia deje sin castigar un delito y otra que esa misma Justicia considere que tal o cual delito, de los considerados menores, se archive sin tomarse la molestia de investigarlo.
El fin de esta nueva norma que estudian el Gobierno y la Fiscalía es loable, sin duda: descongestionar los despachos atiborrados de millones de folios que no conducen a nada, papeles que se deterioran día a día sin ningún avance. Y en ello muchas veces una de las responsables de la impunidad es la misma víctima, que no aporta los detalles necesarios para indagar, lo cual por supuesto no es el motivo central para excusar la desidia, negligencia o falta de acción de los investigadores.
Ahí está el impresionante resultado de las indagaciones en torno al asesinato del agente de la DEA en Bogotá, resuelto en tiempo record, solo y únicamente por la calidad del personaje y no porque esa sea la capacidad normal de nuestros organismos judiciales y de Policía.
Hay una cosa clara: el Estado no puede ni debe eximirse de investigar todo lo que se llame delito. Otra cosa es cuánto tiempo dedicar a casos sin posibilidad de castigo. El debate se abrió.
“La impunidad, en cifras gruesas, ha rondado siempre entre el 80 y 90 por ciento de hechos que terminan sin responsable y sin castigo”.
Editorialito
Una semana después de terminadas las fiestas del San Pedro, la Alcaldía de Neiva inició el retiro de la propaganda que dejaron las fiestas. También el retiro de las graderías en la avenida Circunvalar. Con razón la comunidad del sector reclamaba también la recolección de los desechos.
