El Corregidor de Charguayaco denunció ante la Fiscalía General de la Nación, al presunto urbanizador pirata en la vereda El Macal. El Corregidor de Charguayaco denunció ante la Fiscalía General de la Nación, al presunto urbanizador pirata en la vereda El Macal. Los afectados piden que se investigue y sancione a Napoleón Burbano por posibles daños ambientales en la zona rural. RODRIGO ROJAS GARZÓN LA NACIÓN, PITALITO Denuncia penal en contra de Napoleón Burbano elevó Jesús Andrés Munar Medina, corregidor de Charguayaco en Pitalito, por el presunto delito de promover la urbanización ilegal en la vereda El Macal, donde reside. Según la demanda, Burbano comercializó cerca de 20 lotes para la construcción de vivienda rural a algunos pobladores laboyanos, e inició la construcción de una docena de casas de habitación, algunas sin el cumplimiento mínimo de las normas respectivas. Las residencias que se edifican carecen de servicios públicos esenciales como acueducto y alcantarillado, por lo cual, presuntamente se configuraría el delito de urbanización pirata. Sin explicaciones El Corregidor manifestó que solicitó en varias ocasiones explicaciones al respecto al urbanizador, a través de diálogos personales, igual que lo hicieron los propietarios de los predios. Ante la situación anómala, se dirigieron a la Secretaría de Gobierno y a Planeación local, donde no existían reportes acerca de las construcciones, por lo que Carlos Soto, inspector de la oficina de Planeación, se desplazó hacia la zona. La visita del funcionario evidenció una considerable cantidad de quejas e inconformidades ciudadanas por la construcción de la urbanización. Los afectados aseguraron que la problemática es de conocimiento de la CAM, por las delicadas circunstancias de salubridad y de contaminación que se generaron a las familias resientes en esos predios. “Los pobladores carecen de servicios públicos y sus necesidades fisiológicas las realizan a campo abierto o desviando las aguas negras a los predios vecinos o fuentes de agua aledañas al predio. La CAM asumió una posición omisiva”, aseguraron. Denuncia penal El Corregidor manifestó que ante el creciente número de reclamaciones de la comunidad de El Macal, su obligación fue la de presentar la denuncia penal en la Fiscalía contra el presunto urbanizador pirata y demás personas comprometidas en los hechos. “Tengo conocimiento que cerca de 20 compradores ya tienen sus escrituras, que aparecen en la oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Pitalito. Es inexplicable que se haya realizado este trámite, porque a todas luces se observan irregularidades graves en estos negocios jurídicos”, aseguró el Corregidor. Asimismo, el ciudadano Luis Humberto Guerrero interpuso denuncia por amenazas contra su vida e integridad personal, proferidas supuestamente por Napoleón Burbano. El detonante de esta situación sería el reclamo de Guerrero ante los perjuicios que padece a causa de las aguas negras que provienen de las casas de dicha urbanización”. Delito “En la vereda El Macal se venden presuntamente lotes para crear una urbanización pirata y por ser en el sector rural, la sanción penal es doblada en el Código Penal. Hay un agravante y es que las personas compraron su lote sin contar con los servicios públicos, lo que generó un problema de contaminación ambiental. Además, los lotes se escrituraron al parecer, utilizando el tráfico de influencias en la administración pasada”, dijo el abogado Emiro Bravo, consultado por LA NACIÓN. La urbanización ilegal fue tipificada como delito contra el orden económico y social, con una pena de prisión de tres a siete años y una multa de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quien adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley. Asimismo, el Código Penal establece que la pena aumentará hasta en la mitad, cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales. Versión de la comunidad Los presuntos afectados por el urbanizador pirata aseguraron que los lotes tuvieron un valor promedio de 2’400.000 pesos. Se entregaron ocho viviendas en bahareque que se construyeron en los últimos 15 días, además de 14 escrituras cuyo trámite lo realizó el propietario de la finca, el concejal Guillermo Rodríguez, el Presidente de la JAC y el tramitador Hernán Cerón. Los pobladores manifestaron además, altos niveles de contaminación por las aguas negras.