Si el Centro Democrático decide permanecer en la sala, y si los partidos de la Unidad Nacional no utilizan el debate para hacer presiones burocráticas, entre martes y miércoles el Congreso podrá darle el sí al Estatuto de la Oposición. La iniciativa, un pendiente de la Constitución de 1991, establece las reglas de juego para el ejercicio de la oposición política y crea mecanismos para proteger a las organizaciones políticas que se opongan al gobierno de turno. En términos generales, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara acordaron hace unos días, vía fast track, la obligación de las organizaciones políticas de ubicarse en una de estas tres categorías: opositoras, independientes o afines al gobierno.
Esto implica que quienes desde un principio declaren que no están de acuerdo con el programa de los respectivos alcaldes y gobernadores, o del presidente, no podrán hacer parte de sus coaliciones. Un cambio extremo si se considera que en muchas circunstancias el poder estaba acostumbrado a atraer a los opositores con dádivas burocráticas.
En cuanto a derechos, hay consenso en que los opositores podrán contar con financiación adicional del Estado, acceder a los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético y a la documentación oficial, a replicar al gobierno, y a participar en las mesas directivas de las corporaciones de elección popular y de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Así mismo, se aprobó que el 5 por ciento del Fondo Nacional de Financiación Política se destinará a las organizaciones políticas declaradas en oposición. Hasta ahora Senado y Cámara solamente no coinciden en cuanto a crear una Procuraduría Delegada para la protección de los derechos políticos.
Aunque el estatuto es una muy buena noticia para la democracia colombiana, sacarlo adelante ha implicado profundas tensiones. El Centro Democrático se ha opuesto ferozmente alegando que es una concesión a las Farc derivada de los acuerdos de paz y que en el país ha habido respeto a la oposición política.
Sin embargo, una encuesta del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes demuestra que los ciudadanos uribistas no creen lo mismo que hoy plantean sus congresistas, y que, al estar en la orilla contraria a la de Santos, valoran más la existencia de garantías a la oposición. Según la medición, hasta 2012 el 53,7 por ciento de los uribistas apoyaba la realización de marchas o manifestaciones de oposición. En 2016, una vez firmado el acuerdo de paz, esta cifra aumentó al 64,6 por ciento. En el mismo lapso, el apoyo de los no uribistas a las manifestaciones de la oposición pasó del 65,4 al 53,7 por ciento. Además de superar las diferencias de criterio, lograr consenso frente al estatuto supone el reto de explicar, con mayor claridad, cómo se ejecutará. Uno de los puntos que más controversia ha generado es cómo se reglamentará el procedimiento para que la oposición acceda a los medios de comunicación para ejercer el derecho de réplica.
Según el estatuto, un medio privado de comunicación, que utilice el espectro electromagnético, no podrá negarse a darle el derecho de réplica a un opositor ante una declaración calumniosa o “tergiversación grave” de un funcionario del gobierno, so pena de ser sancionado por la autoridad electoral. De hecho, en días pasados, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió a los congresistas hacer más explícito qué se entiende por “tergiversación grave”.
También requieren mayor claridad otros temas, como la silla que automáticamente tendrían en organismos como Concejos y Asambleas quienes queden de segundos en la elección de alcaldes o gobernadores. En el caso bogotano, por ejemplo, el número de concejales se determina a partir de la cantidad de habitantes de la ciudad, e incluir una curul más requeriría adaptar el estatuto orgánico que rige a la capital.
Para que el Estatuto de la Oposición saliera adelante se requirió, además del paso de los años, que se incluyera como condición para la firma de los acuerdos de paz. Después de 13 intentos fracasados, el reto ahora es que el pan no se queme en la puerta del horno y que las dudas queden aclaradas antes de que el proyecto pase a la revisión de la Corte Constitucional. De lo contrario, su entrada en vigencia podría tardar otros 25 años.
