Los hechos y consecuencias de la contaminación del ambiente, amenazan la calidad y la sostenibilidad de la vida.
Tratar las aguas negras, debe ser un imperativo moral, de todo ciudadano, en particular de quienes ejercen el poder. Pero hay que evitar que el objetivo se convierta en instrumento de deshonestos oportunistas, para cosechar contratos sin resultados efectivos, para la comunidad.
La administración municipal, mantiene entre bambalinas, un contrato de estudios y diseños, para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Negras -Ptar- sin resultados, después de 6 años, de firmado. Debe el señor Alcalde, analizar la viabilidad de declarar su caducidad. Hay justificación suficiente.
El sitio escogido, por quien parece es el responsable del diseño, está dentro del perímetro urbano. El área de influencia directa es de alta densidad urbana y en ella tienen asiento diferentes instituciones educativas y de salud.
El sistema que el aparente responsable del diseño, pretende imponer y justificar, por condiciones geológicas y geotécnicas de la localización, resultaría el más costoso. Tanto en costo de construcción de la infraestructura, como en la carga de operación, administración y mantenimiento. Mediante acciones populares o de grupo, puede la comunidad, acorralar económicamente al municipio.
Por ley, los suscriptores, deben pagar los costos de tratamiento. La carga económica que deben asumir los usuarios, es muy importante en la definición del sistema que instalen. Son estructuras que permanecerán ahí, por tiempo indefinido. Ese proyecto debe garantizar total control de los efectos ambientales, con previsiones técnicas y de contingencia para proteger en el mediano y largo plazo.
El tratamiento de las aguas servidas, es mucho más costoso y problemático que el proceso de potabilización tradicional. Por operación, mantenimiento de infraestructuras y equipos, puede convertirse en inviable, económicamente, cuando requiere de uso de equipos electromecánicos. Es imperativo tener en cuenta las condiciones socioeconómicas, de los suscriptores. Más del 80% están en los estratos 1, 2 y 3. Son factores que debe analizar honestamente la Administración Municipal.
Bogotá, padece la experiencia, con la Planta El Salitre. La que quieren imponer en Neiva, es similar. La del Salitre, fue contratada por concesión, en 1994. Después de 22 años, con ingentes sumas perdidas y el problema de tratamiento sin resolver, obligó la semana pasada, firmar Nuevo Contrato, por más de $1.3 billones, con nuevas metas inciertas. El nivel de tratamiento actual, solo alcanza el 40%, para 1.000lit./seg. Los cazadores de contratos se mantienen al acecho, señor Alcalde. Créalo que con seguridad le resulta útil a usted y a Neiva.
Circula el rumor de que quieren construir 3 plantas. ¿Por qué? ¿Quién lo decide?
Qué barbaridad. ¿Qué genio incognito define la factibilidad?
Lo que hasta ahora se ha escuchado sobre sistema y costos de construcción de la Ptar, es insustentable, absolutamente injustificable.
Neiva dispone de todas las condiciones para construir una Ptar, fuera del perímetro urbano, que permita tratar el 100% de las aguas negras de la ciudad.
El mayor o menor costo, depende del sistema que elijan, cómo contraten y con quién y de la racionalidad de los diseños, es decir de la honestidad. La selección del sistema, es responsabilidad ética, del diseñador, de quien recibe y acepta los diseños y social-política del gobernante que ordena.