Colombia acumuló más de 200 años de supuesta vida independiente y soberana. Solo después de dos siglos, de supuesto ejercicio democrático del poder público, fue posible la elección de un gobernante de izquierda. Durante más de doscientos años de ejercicio político, nunca fue posible estructurar una institucionalidad, una organización política y un marco legal, capaces de cimentar orden institucional y alcanzar niveles de desarrollo socioeconómico progresivos e integrales.
Los resultados socioeconómicos, intelectuales, tecnológicos y científicos, durante más de 200 años de ejercicio del poder político-administrativo, a nivel municipal, departamental y nacional, son deplorables. No hubo voluntad política ni responsabilidad social de los gobernantes de derecha liberal-conservadora, para ejercer la función pública y lograr niveles de desarrollo, que permitieran beneficiar a todos los ciudadanos.
Lo único que se cimentó, prosperó y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad. El desgobierno, la corrupción, la criminalidad y la inmoralidad, son rampantes, en lo municipal, departamental y nacional. La corrupción y la impunidad se tornaron incontenibles y son amenaza nacional, en el presente y futuro.
El actual gobierno, liderado por el presidente Petro, debió y debería ser absolutamente consciente de los desafíos que debió y debe asumir aun y pragmático para tomar profundas y radicales decisiones. Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción y el declive ético y moral del poder en Colombia, es imposible la reconstrucción integral nacional que requiere Colombia. Las reformas planteadas son cosméticas.
Bajo esas perspectivas sombrías, los ciudadanos debemos reaccionar y debemos entender las causas del desastre nacional. Y el gobierno debe definir, impulsar y lograr aprobación de las Reformas básicas necesarias:
- El TLC, es un acuerdo impuesto, desde los centros de poder del capital, desfavorable para la nación en todos los sentidos. El gobierno debe solicitar la revisión y modificación y debe desarrollar políticas de estado, para el desarrollo integral agropecuario, aprobar la reforma agraria y fijar cronogramas, en el mediano y largo plazo, para hacer efectiva la sustitución de importaciones por producción nacional.
- El gobierno actual, debió fijarse la meta de logar las reformas de la rama judicial. En ese órgano, hay demasiada corrupción en todos los niveles. Demasiada mediocridad, impunidad, politiquería y clientelismo.
- El actual gobierno, debió estructurar una Reforma Integral del Sistema Académico-educativo nacional. La Constitución del 91 y la condición lacaya de los gobernantes, ante el poder del capitalismo salvaje, convirtieron la formación académica formal, en mercancía, para el enriquecimiento, de especuladores y explotadores del conocimiento y la ignorancia.
- Presenciamos lo que ha ocurrido con la Reforma del Sistema de Salud Nacional en el Congreso. Igual que la del Sistema Académico-educativo.
Las reformas, como ordenamiento legal, en Colombia, son imperativos morales y sociales, que deben garantizar el cumplimiento, por parte del Estado, los derechos de los ciudadanos.
En materia de reformas socioeconómicas, son inaplazables: reformas salarial-pensional.
Estas reformas, si resulta imposible lograrlas a través del Congreso, pueden lograrse a través del constituyente primario. Movimientos y organizaciones sociales, pueden emprenderlas ya. Puede ser, a través de referendos.
El constituyente primario, mediante el uso de recursos constitucionales, debe ordenar que:
- En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del correspondiente referendo, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o funcionario oficial o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, máximo 12 salarios mínimos mensuales.
- Que en Colombia, en el sector público-oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, a nadie pueden pagar más de 8 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos, la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.
- Ordenar que todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar, a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un tercio del salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.
- Ordenar que el Salario Mínimo, a partir del primero de enero de 2026, se tiene que incrementarse, porcentualmente, durante los cuatro años siguientes, a la declaratoria de vigencia, del correspondiente Referendo, hasta alcanzar el valor de la canasta básica familiar oficial, del cuarto año de vigencia del correspondiente Referendo y que, a partir de ese monto, el salario mínimo tiene que incrementarse anualmente, en igual porcentaje al del crecimiento de la canasta básica familiar oficial, de cada año.
- Ordenar que el ingreso a la función pública, como funcionario del estado de nómina o por contrato de servicios, siempre corresponda a selección por concurso público de conocimientos y que para poder concursar, debe demostrar que su formación académica es directamente afín con las funciones que debe desarrollar o ejercer, en el cargo para el cual concursa. En todos los casos, debe seleccionarse estrictamente en orden descendente, a partir del mayor puntaje obtenido en el correspondiente concurso.
- La selección de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como ministros y similares, en lo nacional, departamental y municipal, tiene que hacerse siempre acatando el criterio de que el candidato y/o seleccionado, debe demostrar que su formación académica tiene que ser directamente afín con las funciones del cargo para el cual es nombrado.
- Ordenar que, todo lo ordenado en las precedentes decisiones, solo pueden derogarse o modificarse mediante consulta directa, al constituyente primario.
La decisión del Constituyente Primario es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad pensional y salarial y otras reformas urgentes. Esto debido a la endémica posición irresponsable del Congreso y gremios e económicos y a los posibles conflicto de intereses que puede emerger en el trámite legislativo como en el control constitucional.
El actual gobierno, parece que alcanza a interpretar correctamente, lo que las mayorías nacionales necesitan, para lograr equidad socioeconómica. Pero no logra articular procedimientos y deshacerse del amiguismo perverso y corrupto que lo acecha y entrampa.
No todo está perdido. El desafío radica en que todo elector honesto y socialmente responsable, en las elecciones del 2026, debe votar por quien se comprometa, a hacer las reformas, que el congreso y la extrema derecha le negó a Petro. Es imprescindible lograr mayorías en el congreso. Depende de las decisiones del elector.
