Como registra el Diccionario de la Real Academia, la palabra cuasi se define como ‘casi’ o ‘por poco’. En cuanto a desafuero, el Diccionario indica aquella ‘acción contraria a las buenas costumbres o a los consejos de la sana razón’. La aleación de dichas palabras permite aludir al complejo y espinoso contexto que enfrenta el Gobierno en relación con el fuero militar y, a decir verdad, es una situación que va generando día a día posiciones más radicales. Sin embargo, a estas alturas y ante las posiciones radicales que podrían traernos consecuencias internacionales indeseables, considero que es más conveniente el proyecto integral propuesto por la comisión de expertos, que la sola incorporación algo precipitada y marginal de un artículo en la polémica reforma a la Justicia. Los lineamientos del DIH despejan, en buena medida, las dudas sobre el alcance y la legitimidad del accionar militar en el marco de un conflicto armado interno y sirven para entender que es absurdo pretender que en un conflicto las fuerzas del Estado se limiten a responder a los ataques, cuando por el contrario lo que dio mayor efectividad a la Política de Seguridad Democrática fue precisamente la mayor iniciativa de ataque que se dio a las FF.MM. sobre todos los grupos terroristas y actores armados ilegales del país. Por supuesto que al proponer el retiro del artículo antes mencionado, el tratamiento integral del fuero y la justicia penal militar no se limita a definir las competencias entre las órbitas civil y penal militar, sino requiere una armonización del orden jurídico penal nacional y de los preceptos del DIH, para de una vez por todas, reconocer la capacidad ofensiva de las Fuerzas Militares y la legitimidad de atacar con sorpresa al enemigo. No se trata, en absoluto, de que haya impunidad. Por el contrario, debe haber una posición clara e indeclinable con sanciones drásticas para garantizar el más absoluto respeto a los derechos humanos por parte de los uniformados en Colombia. Los expertos plantean una reforma integral a la justicia militar para fortalecerla con reglas de juego claras, procedimientos técnicos y especializados más no preferentes ni privilegiados. Bien haría el Gobierno en oír la opinión de los militares retirados en Acore y trabajar con ellos en la búsqueda de lo que más convenga con una visión de largo plazo a la seguridad jurídica de nuestra fuerza publica y a la mayor legitimidad del Estado de Derecho, como lo dejamos escrito en el 2002 en la Política de Seguridad Democrática. ¡Como dicen por ahí ¡más vale tarde que nunca pero por favor aceleremos el paso!