La trascendental reforma al Sistema General de Participaciones fue aprobada en su sexto de ocho debates, pero a estas alturas todavía continúa dividiendo no solo a los congresistas de derecha, sino incluso al Gobierno Nacional impulsor de la iniciativa.
CATERIN MANCHOLA
@cate_manchola
Mientras la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal le daba el sí al proyecto que pretende reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), su compañera de militancia del Centro Democrático, Paloma Valencia, continuaba con su vehemente oposición lanzando pullas y rechazando que se quedó “sola en esa votación”.
Ayer la plenaria del Senado de la República aprobó con 75 votos a favor y solo 2 en contra, el proyecto de acto legislativo “Por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifican los artículos 336 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” sobre el Sistema General de Participaciones (SGP).
El proyecto tiene dos artículos y ha superado seis de los ocho debates necesarios, por tratarse de una reforma a la Constitución.
En síntesis y de acuerdo con información oficial, el primer artículo modifica el artículo 356 de la Constitución Política de 1991, en el que se “establecen las competencias a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas”, y establece nuevas responsabilidades fiscales a cargo de estos entes territoriales. En tanto que el segundo artículo del texto modifica el artículo 357 constitucional, que establece que el SGP crecerá hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación durante los próximos 12 años a partir de 2027.
Actualmente, los recursos que gira la Nación a los entes territoriales a través del SGP arrancan desde el 25,7%.
Por eso en principio, la propuesta del acto legislativo, de origen parlamentario y que contó con el aval del presidente Gustavo Petro, establecía que el SGP pasara al 46,5%, pero la concertación con todas las bancadas políticas permitió reducir ese porcentaje al 39,5%. No obstante, para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla el porcentaje debería ser todavía más bajo: del 37%, de lo contrario sería “insostenible”.
La gradualidad de la aplicación de la nueva norma, que estaba en 10 años, se acordó dejarla en 12 años para garantizar su financiación y respetar el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin embargo, el Ministro proponía que fuera a 15 o 20 años.
Para la senadora Paloma Valencia habrá quienes estén felices porque dicen “’ahora sí llegó la descentralización’, y no tanto, porque ni siquiera se sabe para qué son los recursos, falta la ley de competencias. Me quedé sola en esa votación”. También criticó vía X las “mafias de la politiquería” y anotó que sí está de acuerdo en fortalecer los departamentos y municipios, pero que se debe proteger la Nación.
“Mendigar a Bogotá”
De otro lado María Fernanda Cabal dijo que apoyaba la iniciativa porque presentó una proposición que quedó como constancia para el debate en Cámara, esta busca “que el gobierno nacional muestre cada año las reducciones de gastos en el presupuesto nacional equivalentes a las competencias que transfiera a las entidades territoriales”. Y explicó que actualmente hay una concentración “excesiva de poder en el nivel central”. Y aseveró que a los gobernadores y alcaldes “les toca venir a mendigar a Bogotá”, mientras crecen los ministerios y demás entidades del Estado.
Durante el debate, el ponente coordinador, senador Ariel Ávila, explicó que “actualmente, cerca de 300 municipios del país están quebrados”, por lo que esta reforma constitucional “es necesaria” para garantizar recursos para servicios como acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, salud y educación, principalmente.
Sin embargo, antes de que esta reforma constitucional empiece a regir en 2027, deberá ser aprobada por el Legislativo una Ley de Competencias, que el Gobierno Nacional debe presentar dentro de los seis meses siguientes a la aprobación. En ella se deben precisar las responsabilidades fiscales de los entes territoriales, y se debe dar prioridad al cierre de brechas en salud y educación.
Lo que viene
La discusión del articulado del Proyecto de Acto Legislativo seguirá avanzando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde surtirá su séptimo debate. “Todas las bancadas, sin excepción, han apoyado esta propuesta de autonomía territorial”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien da por hecho que la iniciativa será aprobada.
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