Desmovilizados en el Huila: dificultades, retos y perspectivas

Dejar atrás las cicatrices de la guerra, reparar a las víctimas y reintegrase a la vida civil, son los retos que asumen los desmovilizados del conflicto armado colombiano. Sin embargo, en el departamento existen 261 participantes del programa estatal para la reinserción, que estarían a punto de perder los beneficios jurídicos. Radiografía. Dejar atrás las cicatrices de la guerra, reparar a las víctimas y reintegrase a la vida civil, son los retos que asumen los desmovilizados del conflicto armado colombiano. Sin embargo, en el departamento existen 261 participantes del programa estatal para la reinserción, que estarían a punto de perder los beneficios jurídicos. Radiografía. LA NACIÓN, NEIVA

La reinserción de ex combatientes en el Huila ha crecido considerablemente en los últimos años, según cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ente estatal encargado de liderar los procesos en todo el país. Actualmente, en el departamento, hay 622 participantes activos ubicados principalmente en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, aunque los núcleos con mayor concentración son Neiva y Pitalito. Los ex combatientes de las Farc son aproximadamente el 80 por ciento de la población reinsertada y el 20 por ciento restante son de los grupos paramilitares. Sin embargo, hay en este momento 261 reinsertados que se encuentran en investigación para pérdida de beneficios y 71 más participantes inactivos. Según Carlos Fernando Castrellón, asesor de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Huila, la razón para esta situación es la desinformación. “Los participantes están activos si asisten a todos los talleres y a los eventos educativos. Si dejan de hacerlo por más de tres meses pasan a un estado de inactividad. Después de los seis meses entran al Estado de Investigación Para Pérdida de Beneficios (Eipb)”, señaló el funcionario. Implicaciones

Según el asesor, esta situación implica que se acaban los beneficios económicos que tienen dentro del programa, las asistencias psicosociales y educativas; así como los beneficios jurídicos. “Es alarmante en el Huila el número de personas que no han continuado con el proceso”, señaló Castrellón. “Muchos ex combatientes creen que por retirarse de la agrupación ilegal y presentarse a la ACR, nunca más los van a buscar porque están libres. Pero no es cierto. El hecho de haber pertenecido a un grupo ya tiene inmerso un delito y si no terminan la ruta del programa, en cualquier momento se les pueden revocar los beneficios y pueden perder la libertad. En el Huila ya se han dado casos”, explicó Castrellón. Asimismo, aseguró el asesor que el plazo máximo que tienen los desmovilizados para reactivarse en el programa es el próximo 31 de mayo. “A ellos se les abre un proceso disciplinario y se les evalúa para que continúen en el programa; de lo contrario, perderán todos los beneficios”, puntualizó. El funcionario aclaró que los participantes inactivos necesitan soportar con el área jurídica lo que estuvieron haciendo durante todo este tiempo. “Si fue alguna calamidad doméstica deben presentar un soporte, o por enfermedad la historia clínica, o el certificado laboral si estuvieron laborando. Además se verifican los antecedentes, que no hayan incurrido en delitos posteriores para poderlos reactivar”, ratificó. Si las personas no cuentan con soportes se les escuchará en versión libre y un comité disciplinario evaluará cada situación particular. “Cuando se terminó la etapa psicosocial se les dijo a los participantes: ustedes ya terminaron. Pero se referían era a la etapa y no al programa. Mucha gente dejó de asistir y son personas que están a punto de graduarse, de culminar el proceso, les falta muy poco”, señaló. “Por eso se les hace el llamado para que vuelvan al programa, se reactiven y analicen qué les falta. Las personas no culminan hasta que no tienen una resolución emanada por el director general de la Agencia Para la Reintegración. El programa no es vitalicio, si se cumplen con la ruta, podrán desarrollar sus planes a futuro, con total tranquilidad”, manifestó el funcionario. Finalmente, invitó a las personas inactivas a presentarse en el Centro Comercial Metropolitano, Torre C, Oficina 308 o llamar a las líneas 3043743121 – 3108209173 o al #516 desde cualquier celular. Proceso de reintegración En el proceso de reintegración los desmovilizados desarrollan unas competencias laborales, tienen acompañamiento psicosocial y otros beneficios como educación, que le permitan volver a la vida civil de una manera legal y sostenible. “Después que terminan la primaria ellos van al Sena y escogen el área en la que desean formarse, de acuerdo con su proyecto de vida. Ese es el propósito, ya que no se lograría nada si regresan a la vida civil sin herramientas. Si ellos no encuentran los recursos para sostenerse, pues posiblemente van a volver a delinquir, ya que ya traen aprendizajes negativos del grupo irregular y no van a dejar a sus familias morirse de hambre”, señaló Carlos Fernando Castrellón, asesor de a ACR. Marco legal Los ex guerrilleros se rigen por la Ley 418 y tienen como beneficios jurídicos la extinción de la Ley Penal a través de inhibitorios, preclusión y cesación del procedimiento de indulto. Los ex paramilitares están cobijados por la Ley 1424 y tienen como beneficios la preservación de la libertad siempre y cuando no estén inmersos en cuatro delitos: concierto para delinquir, porte ilegal de armas, uso de radiotelecomunicaciones y uso de prendas privativas de las Fuerzas Militares. Si pierden los beneficios jurídicos pueden ir a la cárcel. Reparación a las víctimas Dentro del programa se manejan acciones de servicio social para resarcir a la comunidad en general. Para esto se desarrollan acciones de mínimo 80 horas de trabajo comunitario. Además, hay acciones de reparación simbólica que están encaminadas a medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La ruta de la reintegración Una persona que se retira de una organización armada ilegal y se presenta a la Personería, el Ejército o las alcaldías, inmediatamente es trasladada a Bogotá, para que sea evaluada por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (Coda), oficina adscrita al Ministerio de Defensa, que define si el postulante hizo o no parte de un grupo irregular. Mientras tanto se ubica en hogares de paso, en donde reciben una ayuda humanitaria de urgencia. Con el certificado del Coda ingresan al programa de la ACR. Allí inician la ruta de reintegración que está diseña en tres etapas: básica, intermedia y avanzada. En la etapa básica se orienta al participante. Se trabaja el tema de familia y educación. En la etapa intermedia se sensibiliza al participante con el trabajo comunitario y el servicio social. Se fortalece familia y educación. En la etapa avanzada se desarrollan las competencias laborales con el Sena, en donde pueden presentar un plan de negocios para montar su unidad productiva y tener con qué subsistir.