La real desgracia de una Nación apenas en construcción, con instituciones endebles y liderazgos efímeros, es que se requiere cada tanto una tragedia o un fuerte golpe para reaccionar – llorando sobre los cadáveres – y tomar medidas que eviten lo que debió evitarse y no se hizo. Y nos ocurre cada tanto, sobre tantos aspectos de la vida diaria, que se ha hecho costumbre que las autoridades se “pellizquen” solo cuando los desastres nos recuerdan que ciertas cosas, muchas, siguen funcionando mal o nunca han funcionado bien, y que tal operación irregular – a la vista de todos o por lo menos con conocimiento de causa de los directos responsables – es lo normal y no la excepción. Así nos lo recuerda la estrepitosa caída de un edificio de apartamentos en Medellín, en el sector residencial de estrato alto de El Poblado, con saldo siniestro de muertos y desaparecidos, la destrucción total de un bloque y la declaratoria de calamidad de otro, de los cuales sus ocupantes han perdido todo.
Y no eran edificios viejos ni construidos en zonas tuguriales, ni sus constructores gente recién llegada a esa industria ni sus compradores ingenuos o pobres colombianos que se metieron allí porque era lo más barato o no había más o gozaban de algún subsidio. Se trataba de edificaciones hechas por una constructora de reconocimiento de décadas de trabajo en Medellín y el país; residentes de alto poder adquisitivo y en una zona considerada de las mejores de la capital antioqueña. Y sin embargo pasó lo que pasó, los edificios se vinieron abajo y empieza – ahora sí – no solo el juicio de responsabilidades respecto estrictamente de esa obra sino de una revisión general al pujante, dinámico y desarrollista sector de la construcción en todo el país. Y ahora sí volteamos a ver con severidad a los curadores, que otorgan las licencias, y escrutamos qué hacen o deben hacer los alcaldes frente a las obras físicas privadas y revisaremos con lupa los antecedentes, la idoneidad y la competencia de quienes participan de una de las ramas de la economía de mayor tamaño del país.
Pero, decíamos, en Colombia necesitamos muertos, destrucción y dolor para enterarnos de que muchas cosas no se hacen bien o nunca se han hecho bien. Y que nos hemos acostumbrado a lo anormal como lo cotidiano, el viejo dicho de la doctrina económica francesa laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) convertido en el colombianismo de “deje así” y la supuesta avivatada de pedir que miren para otro lado mientras hacemos lo no permitido o no adecuado. Lo que ocurrió es una advertencia sobre los usos del suelo, la nueva normatividad sismo-resistente, las construcciones en zonas de alto riesgo, entre otros temas del desarrollo urbano que pasan inadvertido en muchas ciudades del país. Neiva no es la excepción y ya hay denuncias sobre fallas detectadas en algunos megaproyectos en ejecución.
“Es que se requiere cada tanto una tragedia o un fuerte golpe para reaccionar – llorando sobre los cadáveres – y tomar medidas…”
EDITORIALITO
Las marchas indígenas promovidas por la Onic no pueden convertirse en nuevos factores de perturbación y bloqueos de vías. Las autoridades deben respetar el derecho a la protesta pero no deben permitir taponamientos.
