‘Destape’ en EPN

Los organizadores de la ‘minga’ indígena decidieron ayer levantar la protesta luego de las conversaciones con el Gobierno Nacional. La decisión es producto del diálogo civilizado, no de las vías de hecho, que terminan agravando los problemas y afectado derechos ajenos. La responsabilidad fiscal declarada por la Contraloría de Neiva contra el ex gerente de Empresas Públicas de Neiva Andrés Espitia y otros cinco funcionarios, miembros de la Unidad de Contratación, además del mismo contratista, por la compra irregular de tapas de alcantarilla, denunciada en su momento por LA NACIÓN en 2008, es una manifestación del poder efectivo y represivo del Estado contra la corrupción. Y, sobre todo, de forma que sí se ejecute y los responsables paguen, de su bolsillo o con su patrimonio, las faltas cometidas, en este caso de índole económico pero con alcance penal y disciplinario también. No se trata de congraciarse con los dolores ajenos sino de aplaudir que quien la haga la pague, cosa realmente esporádica en medio de un país y un ordenamiento jurídico a los que les sobra más de una montaña de normas llamadas pomposamente “anticorrupción”, sin reales dientes para defenderse de las esas sí “uñas largas” que campean y medran, lastimosamente, en la administración pública. Con todo rigor la Contraloría ha ordenado que los responsables paguen solidariamente 142 millones de pesos, por el daño patrimonial causado, pero también por la mala calidad de 86 de las 500 tapas adquiridas en un tiempo récord, con sobrecosto, sin especificaciones técnicas, sin estudio previo y con un contratista privilegiado, quien conoció anticipadamente las reglas del escandaloso negocio. Vale aquí resaltar la tarea en este caso del anterior jefe fiscalizador de la ciudad, Édgar Leonel Conta, y la denuncia que formuló el comerciante William Botero Giraldo, quien puso en evidencia la irregular contratación. Se trató no sólo de un “caótico proceso contractual”, como lo calificó el organismo de control, sino también de una aberrante muestra de cómo se organiza, todo el proceso contractual al que sólo le faltó que dijera, en sus pliegos, el nombre del favorecido, hechos que ya conoce el Juez Cuarto Penal del Circuito para determinar si hubo aquí el delito de peculado en varias modalidades o la celebración indebida de contratos, según los protagonistas. Y si bien este caso tiene visos de terminar con varios de los culpables recibiendo su justa pena, dolorosamente hay que señalar que se ha vuelto práctica corriente en los procesos de contratación pública, en los que de manera aviesa, malintencionada y casi sobreseguro se diseñan convocatorias, pliegos y diseños en los que un acucioso observador podrá encontrar a quién está dirigido el negocio. En muchas ocasiones se aprovechan de la experticia técnica requerida para tal o cual obra, o se inventan requisitos que sólo uno o unos poquísimos cumplen, o se plantea el cronograma de manera extra rápida para que únicamente el favorecido lo conozca a tiempo, o los precios se cuadran de manera tal que gane el de oferta más baja pero después se equilibran las cargas en una renegociación o actualización ficticia de precios. Determinada la responsabilidad fiscal, sigue ahora, la recuperación de los dineros, donde muchas veces, terminan dilatándose y nunca se hacen efectivos, como viene ocurriendo. DESTACADO “Determinada la responsabilidad fiscal, sigue ahora, la recuperación de los dineros, donde muchas veces, terminan dilatándose y nunca se hacen efectivos, como viene ocurriendo”. Editorialito Los organizadores de la ‘minga’ indígena decidieron ayer levantar la protesta luego de las conversaciones con el Gobierno Nacional. La decisión es producto del diálogo civilizado, no de las vías de hecho, que terminan agravando los problemas y afectado derechos ajenos.