Manifestando silencio y resistencia frente a las solicitudes realizadas para el pago que le adeuda la Nueva EPS, la ESE Hospital San Carlos de Aipe, Huila, suspenderá a partir de hoy la prestación de los servicios ambulatorios a los usuarios vinculados a esa entidad promotora de salud. Son más de $900 millones que está reclamando el centro asistencial.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
Mediante un comunicado, Álvaro Enrique Diazgranado Yaguar, gerente de la ESE Hospital San Carlos de Aipe, Huila, comunicó que “dadas las dificultades económicas que atraviesan por el no pago de servicios de salud y por el silencio frente a los múltiples requerimientos e incumplimientos a los compromisos suscritos”, se vieron en la obligación de suspender la prestación del servicio de salud por consulta externa o ambulatoria, a partir de hoy y hasta tanto no se cancele lo adeudado y se “garantice flujo de recursos”.
Esa posición se sentó luego de que Diazgranado Yaguar advirtiera y le diera un ultimátum a la Nueva EPS, a través de una carta dirigida a Bernardo Armando Camacho, agente interventor de la entidad, y Adriana Alexandra Posada Mogollo, vicepresidenta administrativa y financiera, bajo el asunto “cierre de servicios ambulatorios”, emitida el 2 de diciembre, a la cual LA NACIÓN tuvo acceso.
En la misiva, expusieron la preocupación existente por “el silencio y la renuencia a la solicitud realizada por la ESE”, según ellos, en múltiples ocasiones. Lo anterior ha generado dificultades para garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios aipunos y, además, ha impedido el cumplimiento en los pagos a talento humano y proveedores, por lo que los mayores costos en la operación diaria los está asumiendo el hospital.
“Nuestro papel es garantizar el servicio en los términos de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, no solo de los usuarios, sino de toda la población de nuestra jurisdicción”, expusieron.
A pagar los más de $900 millones
Para acabar con la dificultad y seguir prestando el servicio, Diazgranado Yaguar solicita cesar la afectación económica, autorizando el pago inmediato correspondiente a la cápita, (es decir, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un método en el que se transfiere un valor anual por cada afiliado al sistema de seguridad social en salud), del mes de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, que se totaliza en $416 millones.
Además de $494 millones adeudados por concepto de prestación de servicio de salud en modalidad de evento (pago que se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados a un paciente durante un período determinado) comprendido entre el primero de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. Eso reflejaría una deuda que asciende a los $911 millones.
Y es que desde la ESE Hospital San Carlos de Aipe, Huila, se vienen haciendo los cobros correspondientes con antelación, pero al parecer no les han “parado bolas”. De acuerdo a lo reseñado, en octubre se solicitó una mesa de trabajo para verificar la cartera de prestación de servicios de salud en modalidad cápita, la cual se realizó el 17 de ese mes. Así mismo, el 30 de julio de 2024 se llevó a cabo una mesa de trabajo para adelantar una verificación de cartera de prestación de servicios en modalidad evento. Los acuerdos pactados en las dos actas suscritas (72398 – 69441) fueron incumplidos.
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El servicio de urgencias sí se brindará
Por todas las diferencias existentes, los directivos del hospital convocaron a la Nueva EPS a conciliación extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud, que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2024 y fue suspendida con compromisos de aclaración de cuentas.
“Dadas las afectaciones económicas que se están generando a la ESE, manifiesto la decisión de suspender la prestación del servicio ambulatorio de salud de primer nivel a la población de los usuarios adscritos a la Nueva EPS, bajo la carta de intención, régimen subsidiado residente del municipio de Aipe, a partir del cuatro de diciembre de 2024, y como consecuencia la suspensión de la visita de auditoría programada; en el marco de salvaguardar la vida de los pobladores de Aipe. El servicio de urgencias continuará prestando su servicio sin contratiempos”, concluyó el gerente, tras los diversos intentos de conciliación.
También compulsó copias al Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal de Aipe, Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Protección Social de Aipe, para que adelanten las acciones correspondientes.
Aipunos inconformes
Aunque los aipunos no recibieron de la mejor manera la decisión, justificando la vulneración del derecho fundamental a la salud, el mandatario de la municipalidad, Luis Ángel Ramírez, le dijo a LA NACIÓN que el objetivo es prestar un buen servicio a la comunidad, pero eso se está viendo afectado por cuenta de la Nueva EPS.
El personero de Aipe, Germán Eduardo Guzmán Silva, mencionó que, pese a no compartir la decisión, entiende la necesidad de tomarla. Dijo que el comunicado lo recibió con sorpresa porque no lo veía venir.
“Sabemos que la ESE se debe a estos recursos porque tiene un personal al que tiene que pagarle unos salarios y en el momento a algunos se les adeuda dos o tres meses. También conocemos las dificultades que esto trae a todos los ciudadanos del municipio, ya que ese es el punto de atención de la mayoría, por no decir de todos. Es que la Nueva EPS es la que tiene más afiliados en el municipio y esto nos va a traer serias complicaciones”, adelantó el representante del Ministerio Público.
Espera que rápidamente se pueda llegar a un acuerdo para que se vuelva a restablecer el servicio de atención en aras de evitar cualquier calamidad, comentó Guzmán Silva, quien agregó que: “yo sé que la decisión no fue tomada de manera caprichosa, sino que la hace porque se ve obligado a hacerlo”.
Aceptó que “la situación ha generado alarma porque se prevé la llegada de muchas quejas de afiliados que requieren atención y en su momento no se les va a prestar. Por tanto, nosotros como Ministerio Público nos vemos abocados a iniciar acciones como derechos de petición, tutelas y notificaciones a las diversas entidades de salud para que resuelvan la necesidad que tienen los ciudadanos”.
En el presente, afirmó estar generando acercamientos e informando directamente a la Procuraduría General de la Nación para que ellos tomen cartas en el asunto y así poder articular entre todas las instituciones para dar solución a la problemática. “Todo esto genera inconformidad y malestar en la comunidad”, concluyó.
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Ya se había advertido
Por su parte, el diputado Edwin Barajas Hernández, añadió que este preocupante panorama lo advirtió días atrás en la duma departamental, cuando denunció que son más de $845 mil millones que hoy se adeudan a los cuatro hospitales departamentales del Huila y a las Empresas Sociales del Estado (ESE) localizadas en los municipios, con corte al 30 de octubre del presente año.
“La red pública tiene dificultades en el financiamiento por la cartera que adeuda a las EPS que tienen asiento en el Huila. Eso afecta el funcionamiento de las instituciones de salud porque si no hay recursos para el pago del personal asistencial, el pago del personal administrativo y la compra de medicamentos, pues no se pueden prestar servicios”, precisó el líder político, quien indicó que la Nueva EPS tiene cerca del 47% de afiliados del departamento.
Detalló que, con esta decisión, se podría dar paso al ‘efecto dominó’ dado que en una situación muy similar se encuentran los 37 Institutos Prestadores de Salud (IPS) del departamento, y si no hay una intervención oportuna del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud del Huila e interventores que honren las carteras, pues “muy seguramente será una decisión que se seguirá presentando en estos últimos días porque los directores y los gerentes de los hospitales van a tener que acudir al cierre de servicios y con razón, toda vez que, no tienen cómo financiar el funcionamiento de sus instituciones”.
Para Barajas Hernández, las principales responsables de que posiblemente se pueda vulnerar el derecho a la salud son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) porque se ha vuelto una ‘carga’ insostenible. Sin embargo, insiste en la importancia de construir planes de contingencia para que de ninguna manera se niegue el servicio de urgencias.
“Desafortunadamente, se van a ver afectados los usuarios de Aipe, cosas que no deberían pasar y que es algo que uno debe reprochar. De cierta forma, esto estaría poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos porque afecta ostensiblemente el acceso a la salud, vulnera la atención a un derecho fundamental como es la salud y esperamos que, de la mano del Secretario de Salud, Sergio Mauricio Zúñiga, y los gerentes, se propicie un encuentro con el Superintendente de Salud, Helver Guivianni Rubiano García, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que se tomen unas medidas oportunas que permitan el pago de esa cartera excesiva”, ahondó.
Nueva EPS sale al paso
Desde la Nueva EPS indicaron que continúan los acercamientos para la normalización en el flujo de recursos y evitar la interrupción de los servicios hacia los afiliados.
Aseguraron que el cambio entre agentes interventores implica trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad de la operación normal de esta, tales como cambios de firmas, registros, entre otros. Insisten en que se garantiza la continuidad de la operación, en virtud a las órdenes dadas por la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco del proceso de intervención.
