Una obra clave para mejorar la infraestructura educativa en Yaguará, está al sol y al agua, perdida entre la maleza. El contratista recibió el 63,79 % de los recursos públicos y se construyó menos de la tercera parte. Increíble pero cierto.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
A pesar del déficit de colegios públicos, claves para reanudar la presencialidad en medio de la pandemia, las inversiones destinadas para mejorar la infraestructura escolar terminaron en los bolsillos de los contratistas.
Las obras de ampliación proyectadas en la institución educativa ‘Ana Elisa Cuenca Lara’ de Yaguará, necesarias para la doble jornada, se convirtió en otro ejemplo de este inconcebible despilfarro de recursos públicos.
El proyecto costaba 3.588 millones de pesos. El contratista recibió el 63,79 % de los recursos y se construyó menos de la tercera parte. Increíble pero cierto.
El proyecto quedó inconcluso. Según el rector, José Luis Polanía Vargas, los trabajos fueron suspendidos desde diciembre de 2015.
El contratista recibió más de lo que ejecutó. Nunca puso la cara. Tampoco los interventores y menos las autoridades locales que acolitaron los pagos en exceso.
El contrato No. 007 de 2014, fue celebrado el 27 de junio de ese año entre el Consorcio Megaobras y la Alcaldía de Yaguará con un plazo final de doce meses.
El contrato de interventoría No. 004 de 2014 costó otros 251,16 millones de pesos y tampoco sirvió.
El contrato de obra fue suscrito entre el representante legal del consorcio Megaobras Yaguará Luis Enrique Perdomo Cubides (integrante del consorcio Megacolegio) y el alcalde, Reynaldo Castillo Tamayo con plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2014.
Sin embargo, el plazo fue extendido por otros nueve meses. La segunda fase contemplaba la construcción de dos bloques adicionales de dos pisos cada uno. Solo quedaron las estructuras en concreto reforzado en el primer y segundo piso, con mampostería confinada y las tuberías para instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
Entre los dos bloques se hizo la cimentación, en algunos tramos con losetas prefabricadas y las columnas para la construcción de una rampa para discapacitados. Nada más. Luego quedó paralizada, como lo denunció LA NACIÓN en su momento.
Siete años después la obra se convirtió en otro monumento al despilfarro. Está al sol y al agua, abandonada, invadida por la maleza y sin ninguna esperanza de poderla terminar.
Porcentaje ejecución: 27.63 %, menos de la tercera parte.
En caso de reactivarse, como lo han prometido las autoridades locales, lo poco que se construyó debe ser demolido.
“La obra por estar abandonada se ha deteriorado a tal punto que existen algunas partes que deben ser demolidas y otras que se pueden recuperar pero debe hacerse otra inversión encaminada a la recuperación y reforzamiento, además de hacerle el mantenimiento”, revela un estudio de patología firmado el 20 de abril de 2020.
Los dineros perdidos
El contratista recibió el 50% del costo como anticipo que corresponde a $1.794 millones de pesos. El pago fue realizado el 22 de octubre de 2014 (Comprobante de egreso No. 2014001099).
Un día antes de la Navidad, faltando una semana para la terminación del mandato del alcalde de turno, el contratista recibió los últimos $1.298 millones de pesos (según comprobante de egreso No. 2015001461).
Antes, le habían pagado otros 991,46 millones de pesos correspondientes a siete actas de recibo parcial los días 20 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 30 de julio y 3 de diciembre de 2015.
En total recibió 2.289,77 millones de pesos, cifra muy superior a las obras ejecutadas.
En otras palabras, el contratista ejecutó realmente sólo el 27.63 % de la obra contratada pero recibió recursos como si hubiera ejecutado el 64%.
Proyecto cojo
El proyecto desde el principio nació cojo. El contratista recibió el anticipo equivalente al 50% de la obra, superior al porcentaje que normalmente se acostumbra (30%).
“Solo basto que recibiera el anticipo para mostrar el cobre. Desde entonces comenzó Cristo a padecer. A partir de esta fecha iniciaron los incumplimientos del contratista”, reportaron padres de familia que se constituyeron en veedores.
“Es injusto, una plata perdida, no se compadece con las necesidades de la institución”, afirmó Graciela Sánchez, una madre de familia.
José Luis Polanía Vargas, rector de la institución, confirmó que a pesar de los anuncios para inyectarle nuevos recursos, nunca se logró. Sus numerosas peticiones no dieron resultados.
El contratista argumentó que no contaba con los recursos necesarios, ni con el personal prometido en su oferta. Tampoco contaba con los materiales para continuar con el buen desarrollo de la obra.
“Todo esto ocasionó atrasos injustificados de la obra. Fue un incumplimiento sistemático por parte del contratista lo que al final acaeció el incumplimiento del contrato”, confirmó el interventor.
Malabares
No obstante, el contratista nunca puso la cara. “Desde la configuración de la propuesta, ya se estaban haciendo malabares jurídicos para evadir las responsabilidades, pero además y lo que se convierte en mayor gravedad, es que desde el inicio del contrato de obra, es decir, desde la fecha en que debió iniciar la obra el contratista no apareció, no inicio la obra, no llevó los trabajadores prometidos en su oferta, no llevó materiales, de esta situación dio cuenta la interventoría, pero además esta situación se convirtió en algo repetitivo durante las escasa obra que se construyó”; confirmaron los investigadores de la Contraloría General de la República.
“La obra no fue terminada, ni el anticipo fue amortizado, pese a haberse autorizado el pago de siete acta parciales de obras, lo que al final arrojó tan solo un 27.63% de avance de obra cuando debía estar en un 89%” afirmó el ingeniero Jesús Emilio Erazo Molina, perito de la Contraloría.
Hoy la entidad adelanta acciones por lo menos, para recuperar parte de los dineros perdidos.
¿Qué pasó?
Según la Contraloría en este caso, hubo una deficiente planeación en el proceso precontractual, no se revisaron los diseños ni se hizo un adecuado análisis y cálculo de cantidades de obra para la segunda etapa.
Los diseños originales fueron modificados por la administración municipal ajustados a la disponibilidad de recursos. La segunda fase quedó paralizada ante la imposibilidad de una prometida adición presupuestal que nunca llegó.
“La obra ejecutada no permite su utilización por parte la comunidad educativa y por lo tanto, no está cumpliendo con el objetivo planteado en el proyecto. Tampoco garantiza una eficiente prestación de servicios educativos de pre escolar y básica primaria, los principales beneficiarios”, aseguró el organismo fiscal.
“Es evidente la deficiente planeación de la ejecución del proyecto, demostrada por la modificación en los diseños inicialmente aportados por la entidad contratante”, aseguró la gerencia departamental colegiada al imputar, siete años después, la responsabilidad fiscal a todos los protagonistas por la pérdida de los recursos públicos.
Todos responden
“Las pruebas aportadas por las partes y el extenso soporte probatorio nos llevó a determinar que todos vinculados en este proceso, son responsable del detrimento patrimonial”.
El contratista porque recibió el dinero y dejó abandonada la obra, sin terminarla. El interventor no ejerció su verdadero rol fiscalizador.
“Sólo se dedicó a informar a la administración de los incumplimientos del contratista, pero aun a sabiendas de esta situación aprobaba los pagos que el contratista solicitaba, pese a que cada mes no lograba el contratista amortizar el anticipo recibido, lo que ocasionó mayor detrimento al patrimonio público”.
El alcalde de turno autorizó los pagos pese a las advertencias de la interventoría. En su caso, no demostró que haya realizado gestión alguna para terminar la obra que tuvo un avance del 27.63 por ciento, porcentaje inferior al valor pagado, correspondiente al 64% (2.290 millones de pesos).
El secretario de Planeación, faltó también a sus deberes de control y vigilancia, en su labor como supervisor.
Posibles responsables
El contratista, según el dictamen pericial, no cumplió el objeto pactado, quedando en estado de abandono la construcción de la segunda fase de la institución educativa. “El hecho de no amortizar el anticipo entregado con ocasión del contrato, genera con ello directamente la consumación del detrimento al patrimonio público objeto de investigación”, precisó el ente de control.
Por estos hechos fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, el alcalde de la época, Reynaldo Castillo Tamayo y su secretario de Obras Públicas y Planeación, José David Salinas Olaya, supervisor del contrato.
Además, el contratista Luis Enrique Perdomo Cubides, representante legal del Consorcio Megaobra Yaguará, con un 30% de participación y miembro de la firma Delta Construcciones.
El contratista, según la Contraloría, fue “el principal responsable debido a su incumplimiento lo que ocasiono el deterioro al patrimonio público, por cuanto incumplió con todas las obligaciones establecidas desde los estudios previos y el contrato, situación que fue evidente desde el inicio de la obra”.
Igualmente fueron vinculados Guillermo Ortiz Cuenca y Federico García Arbeláez, integrantes del consorcio Santa Isabel, encargados de la interventoría técnica y financiera.
Los interventores tampoco cumplieron. Solo se limitaron a informar sobre los incumplimientos. “La interventoría debió al momento de percatarse de los incumplimientos sistemáticos del contratista, solicitar a la entidad contratante la suspensión del contrato y suspender además los pagos”, argumentó el organismo fiscalizador”.
¿Para qué interventores?
Guillermo Ortiz, socio interventor rebatió la sindicación. “La interventoría, revisó los avances y dejó consignado en cada acta los incumplimientos del contratista, que sirvieron de soportes para la declaratoria del incumplimiento y por lo tanto de la caducidad del contrato”, afirmó.
En efecto, la aseguradora Liberty canceló las respectivas pólizas. LA NACIÓN verificó los pagos que sumaron 1.161 millones de pesos.
El primer desembolso por un valor de 358,80 millones de pesos se efectuó el 7 de diciembre de 2017. En esa misma fecha se realizó otro desembolso por 802,57 millones en cuentas oficiales.
Sin embargo esta suma fue insuficiente para cubrir el valor total del restante del anticipo que ascendió a 1.298 millones de pesos. De ese monto faltarían 495,73 millones de pesos que no cancelaron por el siniestro.
Además, de los recursos que fueron ejecutados en la construcción y pagados al contratista por la suma de 991,46 millones de pesos para un total de 1.487, 20 millones de pesos, valor al que asciende el detrimento patrimonial.
“Con la indemnización pagada, por concepto de anticipo, no huno resarcimiento total del daño patrimonial, La cuantía faltante por resarcir es de 1.487 millones de pesos que corresponde al dinero no devuelto del anticipo y a la inversión de la obra inconclusa y abandonada”, precisó el ingiero Erazo Molina.
En este contrato, se encontraron serías anomalías en todo el proceso, en la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual. Se evidenció una deficiente planeación en el proceso pre contractual porque no se revisaron los diseños elaborados desde el 2010.
“Lo más grave es que no se haya realizado gestión alguna que permitiera la terminación del proyecto hoy abandonado con la pérdida de la inversión de recursos públicos, en este caso provenientes del sistema de regalías, mal utilizados”, afirmó Duber Antonio Sánchez, contralor Provincial de Neiva, encargado de la investigación.
“Los dineros públicos invertidos quedaron en una obra que ya hoy está abandonada y que no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto no beneficia de ninguna manera a la comunidad educativa para la cual fue concebido, valor que asciende a un monto cierto y real sin indexar de $1.487 millones de pesos”, concluyó el directivo colegiado.
Lo grave es que la misma firma, también fue objeto de otra investigación por el pago de obras no ejecutadas durante la construcción de la primera etapa.
