Los recientes homicidios en varios municipios del Huila y matanzas como la ocurrida ayer en Acevedo, en el sur del departamento, requieren una respuesta contundente por parte de la Fiscalía General de la Nación, el ente encargado de evitar que semejante racha de criminalidad quede en la impunidad.
Constitucionalmente, la misión de la Fiscalía es garantizar el derecho al acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional, por medio de la investigación de las conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio, en el marco del debido proceso. Así mismo, debe proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos y participa activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado.
En ese orden de ideas, es urgente que la Fiscalía General de la Nación priorice los graves hechos de criminalidad que se están registrando en el Huila y entregue resultados relacionados con la individualización, identificación y judicialización de los determinadores y responsables.
Durante los últimos dos años, ha sido evidente el deterioro del orden público y la seguridad en el Huila, con la lamentable realidad de que las investigaciones en un buen número de hechos de sangre avanzan a paso de ‘tortuga’ y, para dolor de las víctimas y sus familias y las comunidades, están quedando en la impunidad.
Si no hay una reacción oportuna de la Fiscalía General de la Nación, asignación inmediata de fiscales y equipos de Policía Judicial y un rápido recaudo de material probatorio en las escenas de los hechos, difícilmente las investigaciones van a arrojar resultados
Ojalá, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien lleva más de 6 meses en el cargo, empiece a mirar de cerca a las regiones.
