Editorial – Cumbre judicial

Para orgullo del Huila y de la judicatura surcolombiana, la capital huilense congregó durante tres días enteros de lo más granado de la justicia, en este caso de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para examinar los avances Para orgullo del Huila y de la judicatura surcolombiana, la capital huilense congregó durante tres días enteros de lo más granado de la justicia, en este caso de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para examinar los avances y los nuevos desafíos en la implementación de la oralidad. Y como un homenaje a la capital huilense en la celebración de sus 400 años de fundación, argumento que presentó el magistrado Alberto Yepes para conquistar la sede. Pero también para examinar las limitaciones y retos de la administración de justicia, cada vez más orientada hacia la ciudadanía, como garante de los derechos. Y ni más faltaba que tal pléyade de cabezas del pensamiento jurídico latinoamericano no suscite discusiones de hondo calado, sobre todo en momentos en que la justicia ha sido puesta en entredicho después del enorme descalabro de la Reforma, en la que harto tuvieron que ver las altas cortes al lado del Ejecutivo y del Legislativo. Por ello no extraña que el Presidente del Consejo de Estado insistiera en la propuesta para impulsar, de nuevo, una reforma judicial pero sin modificaciones constitucionales, a lo cual el más ilustre de los visitantes, el Presidente de la República contestara con una sutil evasiva, adobada con las frases de la decencia, la tolerancia, el correcto proceder y la sumisión a la legalidad. Un verdadero indirectazo a las monumentales irregularidades de la fracasada reforma, en las que los señores magistrados, en buena parte, pasaron de agache en las responsabilidades ante los ciudadanos. En todo caso, vale destacar la apreciación del magistrado Gómez Aranguren, en cuanto a que la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Pero además establece que su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Un listado de principios y prerrogativas que los colombianos del común extrañan en la aplicación de la justicia pronta y cumplida. Si algo se requiere para consolidar procesos de paz y reconciliación como los que estaremos intentando de nuevo, es la existencia de una Rama Judicial garante de los derechos, eficaz y eficiente e integrada por hombres probos, de intachable conducta y respetados por el todo de la sociedad, alejados de mezquindades personales y más de aquellas intrigas politiqueras que se han ido entronizando, lastimosamente, en varias de las más altas instancias jurisdiccionales con resultados que ya hemos visto. Un gran evento del mejor nivel el que Neiva tiene el orgullo de acoger, con expositores y participantes que, de seguro, se irán con serias intenciones de volver a esta tierra de promisión que les mostró otra forma para mirar la justicia con una nueva dimensión, orientada para generar confianza y construir escenarios de convivencia.