La Secretaría de Salud, reveló que 15 instituciones hospitalarias del Huila no son viables motivado por la asfixia financiera a la que las tienen sometidas las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.
La crisis hospitalaria tocó fondo
La Secretaría de Salud, reveló que 15 instituciones hospitalarias del Huila no son viables motivado por la asfixia financiera a la que las tienen sometidas las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Según el estudio revelado por LA NACIÓN, los hospitales de Altamira, Saladoblanco, Colombia, Aipe, Campoalegre, Nátaga, Suaza, Yaguará, Villavieja y La Plata están al borde de la quiebra, lo cual constituye un campanazo de alerta ante el inminente colapso del sistema que pondría en tela de juicio la prestación de los servicios. En el caso del Huila, con corte al 31 de marzo del 2012, las EPS le adeudan a la red pública hospitalaria departamental 146.083 millones de pesos, cartera que muchos casos supera el año de vencimiento. Y lo más grve: el nivel del endeudamiento al cierre del primer trimestre del presente año supera el 50 por ciento de sus ingresos que pone en evidencia el alto riesgo. Y no solo los pequeños hospitales están en aprietos. También los de segundo nivel. El hospital San Vicente de Paúl de Garzón tiene cartera de 14.545 millones de pesos; el Hospital San Antonio de Pitalito registra cuentas por cobrar a las EPS por 17.314 millones mientras que el Hospital de La Plata registra una cartera de 8.482 millones de pesos. En total, las tres entidades totalizan una cartera de 40.342 millones de pesos lo que demuestra la gravedad. Entre tanto al hospital Universitario, el más importante de la Región Surcolombiana, le adeudan 77.346 millones de pesos, de los cuales más del 30 por ciento de dicha cartera corresponde a servicios prestados hace más de un año a pacientes afiliados a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado. Y sorprende que entre las entidades morosas figuren Comfamiliar con 20.401 millones; Caprecom, Asmet Salud, Solsalud, para mencionar algunas de las más representativas. La demora en el pago de las deudas de las EPS a los hospitales, los enredados trámites para hacer los cobros por servicios prestados, las glosas o rechazos a las facturas, el desorden administrativo y los casos de corrupción que impera en muchas EPS son parte del trauma institucional que agravan el panorama. Esta crisis se ha reflejado además, en la restricción de servicios a los usuarios, las principales víctimas de un sistema que hizo crisis y al enriquecimiento de las EPS que recibieron todos los recursos y no fueron capaces de cumplir con la misión encomendada. Por eso deben liquidarse. El Gobierno Nacional anunció la semana pasada algunas medidas para frenar el colapso de los hospitales públicos y garantizar la atención de todos los colombianos. Si bien constituye un alivio, no resuelve de fondo la problemática. El país requiere con urgencia una reforma integral del sistema de salud. No pañitos de agua tibia.
