La modernización de las Empresas Públicas de Neiva reabre un debate sobre el futuro de la entidad en un contexto La modernización de las Empresas Públicas de Neiva reabre un debate sobre el futuro de la entidad en un contexto de competitividad, calidad, eficiencia y eficacia en la gestión. La entidad se ha convertido desde años atrás en un fortín burocrático, orientado a pagar favores políticos y en otros casos en la caja menor de los alcaldes de turno. El desproporcionado aumento de la nómina burocrática, sin ninguna justificación técnica, como ocurrió en el anterior gobierno, es el reflejo del desgreño administrativo que se ha venido perpetuando en esta empresa de servicios públicos. Pero además, la inconsulta reforma estatutaria, la ampliación de las facultades para la contratación directa, muestran otros intereses distintos al mejoramiento del servicio público. Problemas como la incapacidad de planeación, la deficiencia administrativa, las restricciones del mercado y la precaria estructura tarifaria, se han visto reflejadas en los sobrecostos de las obras, la intromisión de la corrupción y las irregularidades en la contratación, han terminado vulnerando la débil estructura institucional. Y súmele también los excesivos beneficios pactados en las convenciones para directivos y sindicalistas que no se compadecen ni contribuyen a garantizar eficiencia en la prestación de los servicios. Pero además, el precario estado de la infraestructura que no garantiza la calidad y eficiencia. Pero también, adiciónele los desventajosos contratos para la recolección de las basuras y el manejo del relleno sanitario, por parte de entidades foráneas, inesperadamente prorrogado, sin que se haya definido el futuro de esta contratación. De manera que la modernización no es de cualquier monta. Los estudios preliminares revelados por el alcalde Pedro Hernán Suárez señalan que de mantenerse la vieja estructura, la viabilidad financiera de la entidad está en riesgo. Pero también la sostenibilidad. Y lo más grave: de mantenerse en el actual estado, los riesgos de una intervención, son latentes. No se trata entonces de simples retoques. Ni de congelar algunos cargos que quedarán vacantes por efectos pensionales. La entidad requiere una cirugía de fondo, comenzando por el desmonte de los exagerados privilegios pactados por convenciones. El propio mandatario ha reiterado que su meta es devolverle la sostenibilidad y asegurar la rentabilidad. Y debe ser una tarea conjunta. Pero el Concejo de Neiva que le otorgó las facultades para restructurar a la entidad, es el primero en hacerse el de la vista gorda para ejercer el control, como ocurrió con el frustrado debate sobre el futuro de la recolección de basuras. Varias advertencias ha hecho la Contraloría sobre el posible detrimento patrimonial por las obras paralizadas y las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos. La reestructuración administrativa va más allá de la simple recomposición de la estructura orgánica. Asegurar la terminación y habilitación de las plantas de tratamiento, la ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales y por supuesto, la planta de manejo de lixiviados, son otras prioridades que deben adoptar. Ante la complejidad de los problemas, con razón, algunos asesores, han venido recomendando la posibilidad de liquidar la empresa y comenzar de cero, con otra entidad oxigenada que asuma los verdaderos retos.