Editorial: Robo a la salud

La Contraloría General de la República reveló otro más de los tantos informes que nos indignan por la inagotable capacidad rapaz de depredar los recursos públicos La Contraloría General de la República reveló otro más de los tantos informes que nos indignan por la inagotable capacidad rapaz de depredar los recursos públicos, sobre todo de aquellos sectores más sensibles a la comunidad, en este caso la salud, involucrando a los dos municipios más importantes del Huila entre los 80 del país donde más se perdió plata. La auditoría de la Contraloría a los 80 municipios más problemáticos en materia de salud, señala que de una partida global de 1 billón quinientos mil millones de pesos, a los usuarios sólo llegaron 481 mil millones de pesos. Y en el caso particular del sur y oriente del país, afirman los investigadores fiscales, desaparecieron 42.328 millones del régimen subsidiado; en primer lugar Pitalito, con 21.659 millones de pesos embolatados; Neiva, con 10.857 millones; San José del Guaviare, con 3.278 millones, San Vicente del Caguán con 1.793 millones perdidos y Leticia con 1.360 millones. Mientras esto ocurre, mientras centenares de miles de millones desaparecen en bolsillos de los corruptos, entre alcaldes, concejales, gerentes de hospitales, contratistas y demás involucrados, la salud nos muestra casos aberrantes de desatención, negligencia médica, pacientes que mueren en las salas de urgencias esperando una valoración, otros que no reciben las medicinas recetadas, hospitales en grave crisis financiera y, como si faltara algo, serias denuncias de que los concursos para escoger gerentes de las empresas sociales del Estado han sido manipulados en muchos casos. Los casos reportados por la Contraloría en el Huila deben ameritar, como en el resto del país, las más agudas indagaciones para establecer con precisión el nombre de los responsables de ese multimillonario desfalco. Hablar de más de 21 mil millones de pesos perdidos en Pitalito, equivale a señalar que a cada laboyano le robaron 161 mil pesos destinados a la prevención y cuidado de su salud. Y lo peor, se los quitaron a los más pobres, a aquellos que madrugan por una cita médica, que solo les recetan ibuprofeno y acetaminofén y deben someterse a meses de espera para que los remitan a un especialista o les practiquen una cirugía. Si algo más grave que esto puede pasar es que no pase nada con los ladrones de cuello blanco, enquistados como flamantes funcionarios o contratistas en las pomposas empresas estatales de salud. Pero hay algo más, y es que buena parte de estos dineros extraviados resultan de particulares que, teniendo cómo, falsifican su situación económica y reciben subsidios en el Sisben. Es increíble que en muchos municipios del país, aparecen más beneficiarios de subsidios estatales que habitantes reportados por el Dane. De acuerdo con la  auditoría los recursos se perdieron porque los municipios pagaban a las EPS por la atención de personas fallecidas, existía multiafiliación, los empleados de la Alcaldía, los maestros y los concejales eran atendidos por el régimen subsidiado, giraban a hospitales inexistentes, no liquidaban los contratos, firmaban contratos sin soportes y pagaban interventorías que nadie realizaba. Ahí está un caso enorme de gran corrupción que, esperamos, no se quede en la auditoría fiscal y llegue hasta la cárcel ejemplarizante para los delincuentes.