Editorial – Sanciones ambientales

De un lado 159 neivanos que deberán pagar un salario mínimo legal mensual, es decir $567 mil cada uno, al encontrarlos responsables de contaminar De un lado 159 neivanos que deberán pagar un salario mínimo legal mensual, es decir $567 mil cada uno, al encontrarlos responsables de contaminar el medio ambiente de la ciudad. Del otro 12 personas capturadas y la incautación de maquinaria por parte de las autoridades, al hallarlos adelantando explotación ilegal de oro en la vereda Llano Grande de Pitalito. Dos casos relevantes el mismo día en la región, con decisiones y medidas que años atrás eran impensables. Aunque las normas de protección al medio ambiente existen desde los años 70, cuando el entonces presidente Misael Pastrana Borrero puso el tema en la agenda nacional, e incluso internacional, muy pocas veces se han visto sanciones o determinaciones judiciales o administrativas contra los depredadores de la naturaleza, exceptuando el decomiso frecuente de lotes de madera en puestos de control de las carreteras. Seguramente estos 159 neivanos jamás imaginaron que serían castigados con una multa, y por acciones que se ven todos los días, a todas las horas en diversos sitios de la ciudad: arrojar basuras o escombros en cualquier sitio impunemente. Y por ello quizá decidieron no asistir a las charlas educativas. Recordemos que se trata, en primera instancia, de comparendos de carácter pedagógico, y si el infractor no cumple con esa pedagogía ahí sí viene la multa. Satisface y a la vez preocupa que en lo que va corrido del año se han impuesto 489 comparendos ambientales, de los cuales 257 infractores sí han subsanado esa falta ambiental con la asistencia a los talleres educativos, y los restantes no, por lo cual son depositarios de la sanción pecuniaria. El comparendo ambiental, instaurado desde diciembre de 2008, es decir hace casi cuatro años, lentamente va siendo adoptado por las autoridades ambientales, ejecutando las tareas de pedagogía primero y de sanción después. La Ley, creada como instrumento de cultura ciudadana, apunta al adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente. La norma existe y corresponde a los ciudadanos acatarla y a las autoridades aplicar, como se está haciendo, las medidas represivas correspondientes para frenar la degradación ambiental. El caso de Pitalito es, por supuesto, de mayor gravedad tanto por lo que se estaba haciendo contra el río Guachicos, que es la fuente del acueducto para más de 130 mil personas, como por la captura de 12 personas y la incautación de la maquinaria de gran  tamaño. Y fue necesaria la presencia de un Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar) y la Policía Ambiental y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para enfrentar este fenómeno. Se trataba entonces de una actividad ampliamente extractiva, con incalculables daños sobre un río ya suficientemente afectado por contaminación, con equipos valorados en más de mil millones de pesos, así que no se trataba de pequeños mineros sino de una empresa de alta magnitud. La naturaleza sí tiene protección. DESTACADO “Se trataba entonces de una actividad ampliamente extractiva, con incalculables daños sobre un río ya suficientemente afectado por contaminación”- Editorialito La gobernadora Cielo González Villa entregó la bandera del Departamento a la delegación de deportistas  que participarán en los Juegos Nacionales en Córdoba, Cauca, Norte de Santander y Bogotá. Ahora, el reto, como se proponen, es conquistar el pódium en todas las disciplinas.