Ejemplar sanción

Una empresa coreana, dedicada a la extracción de oro a gran escala, recibió una millonaria multa, pero además, fue obligada a ejecutar un riguroso plan de restauración en las zonas afectadas por la actividad de extracción, realizada sin autorización, y por ende, eludiendo la normatividad y las medidas preventivas que había proferido la Corporación del Alto Magdalena (CAM). Una empresa coreana, dedicada a la extracción de oro a gran escala, recibió una millonaria multa, pero además, fue obligada a ejecutar un riguroso plan de restauración en las zonas afectadas por la actividad de extracción, realizada sin autorización, y por ende, eludiendo la normatividad y las medidas preventivas que había proferido la Corporación del Alto Magdalena (CAM). La sanción, la primera que se produce en el país como resultado de una acción conjunta liderada por todas las autoridades competentes, es emblemática. No sólo porque se trató de una acción integral. También porque se puso freno a una actividad realizada a gran escala con severos impactos ambientales y sociales. Pero además, como quedó consignado en el expediente, utilizando sustancias químicas de alta toxicidad. El blanco de la operación, liderada por la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, realizada en un extenso predio en Rivera, sirvió para desarticular otros frentes de trabajo que se venían ejecutando, ante la mirada complaciente de las autoridades locales. Y no se trata de un caso de minería informal. En un solo frente laboraban cerca de 200 personas, utilizaban, entre otras 13 retroexcavadoras y dos dragas mecánicas, lo que demuestra la dimensión del fenómeno. La empresa sancionada, liderada por un extranjero, operaba desde hacía varios años, sin ningún control. Aunque tenía varias sanciones impuestas desde el 2004, seguía operando cada vez con mayores equipos y con mayor impacto. No es el único caso. Las empresas dedicadas a la extracción ilegal de oro, lo hacen sin licencia ambiental, no pagan impuestos ni regalías, generando graves impactos ambientales y daños irreparables en los ecosistemas. Pero además, desconocen las normas laborales, sus trabajadores no tienen las garantías salariales y de seguridad. Y en todos los casos, utilizan niños y mujeres, en desventajosas condiciones. Los extractores ilegales conocen las reglas y saben cómo evadirlas; promueven operaciones ilícitas; compran la producción de quienes extraen minerales como estrategia de sobrevivencia y suelen mantener una relación de dependencia con los mineros artesanales, facilitándoles insumos y dinero como forma de asegurar su fidelidad y dependencia permanente. Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado y operan sin licencias, en muchos casos con el beneplácito o la indiferencia de las autoridades locales. La extracción de oro se ha convertido en el tercer producto de exportación del país. Sólo en el 2011, generó utilidades cercanas a los 200 millones de dólares. De ahí la importancia de un negocio que sigue en la informalidad. Y que en otras regiones del país, ha llamado la atención de organizaciones ilegales para blanquear capitales. La sanción, más allá de la cuantiosa multa y del cierre de las operaciones, debe orientarse a garantizar la ejecución del programa de restauración de los daños ambientales. Y en esto debe existir total vigilancia social e institucional para impedir que se reparen los daños ocasionados. Pero también como punto de partida para enfrentar este fenómeno. “La sanción, más allá de la cuantiosa multa y del cierre de las operaciones, debe orientarse a garantizar la ejecución del programa de restauración de los daños ambientales”. EDITORIALITO La señora Elvira Durán de Vargas, falleció sorpresivamente en Popayán, donde estaba radicada. Su deceso ha causado honda consternación en   los círculos sociales y políticos  del occidente huilense. A sus familiares y amigos, les expresamos nuestras sentidas manifestaciones de condolencia.