Uno de los hechos noticiosos de esta semana lo protagonizó el inspector de Policía del municipio de Pitalito, Hugo Gerardo Bonilla Córdoba, capturado por el Gaula de la Policía tras ser señalado de haberle exigido dinero a una mujer para que pudiera continuar con las obras de construcción en su vivienda.
La acusación es seria. Según las investigaciones y el material probatorio recaudado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el inspector Bonilla Córdoba estaba exigiendo un millón de pesos a la propietaria del inmueble. “Fueron casi 6 días asesorando a la víctima de las exigencias que él estaba realizando y las pretensiones económicas que quería”, expresó un investigador. Y agregó: “Ella se acerca a la Policía, nos da a conocer el caso, se hace un plan de entrega controlada y en el momento en que ella iba a entregar la exigencia económica, personal de la Policía realiza la captura del inspector”.
En efecto, el inspector Bonilla fue capturado y presentado ante un juez de la República bajo cargos por el presunto delito de concusión, que según el Código Penal Colombiano, establece una pena entre los 8 y 15 años de prisión.
Mientras se cumple el proceso judicial, el inspector de Policía de Pitalito deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliario.
Los servidores públicos deben ser ejemplo de transparencia, honestidad y rectitud. Lamentablemente, algunos aprovechan sus cargos o su paso por puestos oficiales para incurrir en prácticas deshonestas que atentan no sólo contra la imagen de las instituciones sino contra la ciudadanía que financia el aparato burocrático a través del pago de impuestos.
Cuando un funcionario público pide dinero a un ciudadano a cambio de un favor es corrupción y ese servidor es un corrupto. Es clave la denuncia ciudadana para ponerlos al descubierto.
