Una pareja de esposos, al parecer, utilizaba a sus hijos de 5 y 11 años de edad, para realizar videos y fotografías pornográficos, en el municipio de Aipe (Huila). Las imágenes eran comercializadas por la pareja al exterior por la plataforma Google. El sujeto registra alertas internacionales por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de los EE.UU, dijo una fuente de la Dijin de la Policía.
Rafael Rodríguez C.
Un aberrante caso no solo de pornografía infantil con dos medio hermanos, sino de comercialización de videos y fotografías, además de la violación de las infantes, sacudió la tranquilidad de los habitantes del municipio de Aipe (Huila). Un caso similar ocurrió en el vecino departamento del Caquetá.
Los vejámenes a los que, al parecer, eran sometidos los menores de cinco y once años de edad, fueron cometidos por sus propios padres, en la vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de la Capital Petrolera del Huila.
Hasta allí se desplazó una comisión del Grupo Especial de Delitos Sexuales Infantiles de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) e Interpol, de la Policía, desde la ciudad de Bogotá, donde adelantan una investigación contra una red transnacional de pornografía infantil.
Fuentes oficiales manifestaron que la detención de la pareja de esposos ocurrió el pasado miércoles 30 de octubre, cuando los investigadores arribaron a la localidad, y con la ubicación exacta donde se encontraba viviendo hicieron efectiva las capturas.
Sobre el sujeto, manifestaron que no solo tenía la orden de captura sino que registra alertas internacionales por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de los Estados Unidos, (EE.UU), por la difusión de fotografías y videos.
“El Centro es una organización privada sin fines de lucro que proporciona información para ayudar a localizar a los niños denunciados como desaparecidos (por sustracción de sus padres, secuestro de niños o fuga de su hogar) y para ayudar a los niños que han sufrido abusos físicos y sexuales. También coordina estas actividades con numerosas agencias policiales estatales y federales”, señaló la fuente oficial.
Además de la alerta, los investigadores tenían en su poder interceptaciones de sus comunicaciones telefónicas y de otros medios electrónicos, que permitieron conocer su actividad con los menores.
El depravado trabajaba en una ferretería del centro de Aipe, y la policía ya le seguía el rastro a través de su actividad en redes sociales.
‘Comercialización del material pornográfico’
Según las investigaciones los esposos utilizaban a sus dos hijas de cinco y once años de edad, para realizar los videos y fotografías pornográficas, que después las comercializaban por plataformas de internet.
Los efectivos lograron establecer que la pareja realizaban la transmisión y almacenamiento de material de abuso sexual infantil de las menores a través de la empresa de tecnología multinacional estadounidense Google.
La fuente oficial manifestó que según las alertas internacionales por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de los EE.UU, el hombre capturado habría difundido 767 archivos fotográficos y fílmicos. “12 de los archivos son de producción propia y registran el abuso sexual de dos niñas de 5 y 11 años…”.
Agregó que las menores hacen parte del núcleo familiar cercano del capturado, “lo cual facilitaba su disponibilidad para someterlas a diferentes aberraciones sexuales, las cuales eran grabadas en fotografías y videos”.
Sobre la mujer, señaló la fuente que es la esposa del hombre, y madre biológica de las menores abusadas.
Precisó que la mujer fue capturada en flagrancia, al hallársele dos teléfonos celulares de su propiedad con material de abuso sexual infantil de las menores, además, de chats “con intercambio de contenido e indicios de la comercialización de este material”
Nadia Peralta Romero, fiscal 410 Seccional de la Unidad de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de Bogotá, el pasado seis de noviembre, llevó a los esposos a las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Aipe, que legalizó las capturas e impuso medida aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Mientras que la fiscal les imputó los delitos de pornografía con personas menores de 18 años, en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años y en concurso con utilización ilícita de redes de comunicaciones. Los esposos no aceptaron los cargos.
Los tres teléfonos celulares incautados están en manos de los peritos forenses que examinan el material almacenado en ellos.
Familia abusaba de sus hijas
Un caso similar al ocurrido en el municipio de Aipe, se presentó en la población de Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, cuatros menores de edad estarían siendo abusadas sexualmente por familiares.
El coronel Julio Hernando Guerrero Rojas, comandante de la Policía en el Caquetá, manifestó que según las investigaciones, el papá, la mamá y un tío, venían abusando de las menores. “Son nueve hijos, donde la adolescente de 14 años había tenido dos embarazos producto del incesto y dio a luz a una bebé que a los tres meses perdió la vida por desnutrición”.
La Fiscalía manifestó que la infante, hija de la víctima, fue registrada por sus abuelos, para evitar levantar sospechas.
La agresión sexual a las niñas quedó al descubierto cuando una menor, de 9 años de edad, el pasado 29 de octubre fue llevada con signos de abuso sexual e inconsciente a un centro de salud. “Las valoraciones médico legales, las declaraciones juradas y entrevistas forenses, entre otras, evidenció que cuatro de las niñas, cuyas edades oscilaban entre 9 y 13 años, serían abusadas sexualmente por su papá y su tío, al parecer, con la anuencia de su progenitora”, señaló la Fiscalía.
El ente investigador indicó que las labores de policía judicial determinaron que las menores serían llevadas por sus padres a municipios como San José del Fragua y Albania, para que hombres, a cambio de dinero, las abusaran sexualmente. “Se determinó que las víctimas eran amenazadas de muerte por sus progenitores, en caso que contaran lo que les sucedía. Así mismo, se oponían a que los niños y niñas fueran revisados por médicos”.
La Fiscalía les imputó los delitos de acto sexual violento, acceso carnal violento, proxenetismo, homicidio y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas. Mientras que el juez de garantías les dictó medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario.
Mientras que los infantes y adolescentes fueron dejados en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento y protección de derechos.
