Están las autoridades en la obligación de investigar con la mayor seriedad y celeridad la denuncia de acoso sexual hecha por una estudiante de Derecho de la Universidad Surcolombiana contra un contratista de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Neiva.
Tal como se divulgó ayer en estas páginas, la agresión fue denunciada por una judicante de esa dependencia que funciona en las instalaciones de Surabastos: “el contratista iba subiendo las escaleras detrás de mí y me tomó por detrás en las caderas, yo me volteé para quitarle las manos y me intentó forzar a besarlo agarrándome el rostro con fuerza, por lo cual, yo para que no pasara lo forcejeé y casi nos caemos de las escaleras”.
Además de otros detalles de la agresión, hay algo que hace mucho más grave la denuncia de la estudiante y es que ella acudió ante una supervisora: “ella me respondió que no podía hacerlo por escrito. Ella lo intervino presencialmente, adicionalmente solicité un cambio de oficina ya que en el piso de abajo existe otra oficina de la dependencia, sin embargo, ella no accedió a mi solicitud, argumentando que no podía incomodar a mis compañeros de abajo por el hecho de que a mí me estaba incomodando el contratista”.
Razonablemente, la Universidad Surcolombiana se quejó ante la secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz, exigiendo que “la Secretaría de Movilidad debe tomar medidas inmediatas y eficaces para brindarle a nuestra estudiante las garantías necesarias y mínimas de no (re) victimización, de seguridad y de acompañamiento, para la situación de violencia que nos denuncia”.
En efecto, es urgente que la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Neiva proteja a la judicante y que al contratista señalado no sólo se le investigue disciplinariamente sino que se le denuncie penalmente. Como mujer, la secretaria Cruz tiene el reto de evitar que este caso quede en la impunidad.