La ‘barrida’ de 120 personas de la Alcaldía de Neiva ha causado todo tipo de reacciones. Los concejales que le aprobaron las facultades a German Casagua Bonilla alegan que los ‘súper-poderes’ que le otorgaron no fueron para suprimir cargos. Y aunque en efecto, el burgomaestre tenía discrecionalidad en esa área, sí aprovechó el estudio técnico para eliminar los puestos de trabajo.
Johan Eduardo Rojas López
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Son varios los vacíos que argumentan tener algunos cabildantes de Neiva frente al estudio técnico que presentó la Alcaldía de Neiva para sustentar la reestructuración que se le permitió realizar saltándose a la corporación edilicia.
La confusión se da debido a que, astutamente el mandatario de los neivanos aprovechó el beneficio de las facultades que le fueron otorgadas, para apoyado en el mismo informe, suprimir de un ‘plumazo’ 120 cargos tanto de carrera administrativa como de libre nombramiento y remoción, para lo cual tenía discrecionalidad.
El vicepresidente del Concejo de Neiva, Juan Sebastián Prieto Pérez, quien votó favorablemente al proyecto de acuerdo, explicó que, una cosa son las facultades otorgadas al Alcalde para determinar la estructura de la administración municipal y otra totalmente distinta son las atribuciones constitucionales que ya el Alcalde tenía para crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias.
“Es falso y dañino que quieran mostrar una noticia de esta manera porque no es cierto que por las facultades otorgadas por el Concejo se haya establecido la supresión de esos 120 cargos. Ya esa decisión estaba en manos del Alcalde, no del Concejo”, comentó el concejal Prieto.
Expuso también que, “una cosa es el decreto 0428 de 2024, ‘por el cual se establece la estructura de la administración central del municipio de Neiva, se señalan funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones’ y otra totalmente distinta el decreto 0429 de 2024 ‘por medio del cual se adopta y modifica la planta global de cargos en la administración central del municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones’ el cual no tiene nada que ver con la facultades protempore”.
El primer decreto citado que se da como respuesta a los ‘súper-poderes’ obedece a lo que los corporados aprobaron, mientras que el segundo, se desvincula de su “radar” y es completamente responsabilidad de Casagua Bonilla, quien toma la decisión apoyado en el estudio técnico que se realizó para desarrollar el rediseño institucional.
Dos modificaciones al tiempo
La única concejala de Neiva, Lourdes Paola Mateus Serrano, quien votó negativamente a este proyecto de acuerdo, arrancó dejando claro que, el rediseño institucional era necesario en el palacio municipal debido a que la anterior administración, liderada en ese cuatrienio por Gorky Muñoz Calderón ‘estalló’ los gastos de funcionamiento, que generaron la descategorización de la ciudad.
“Hay que tener en cuenta que eso era absolutamente necesario. La discusión aquí está en la manera en que se hizo. Se le otorgan facultades al Alcalde y él aprovechó eso para poner al Concejo de escudo frente a decisiones administrativas que hubiera podido tomar autónomamente sin pedirle permiso a la corporación”, manifestó la dirigente política.
Explicó, entonces, que lo que sucedió es que se realizaron dos modificaciones al tiempo en el decreto que fue expedido. “La primera que es sobre la reestructuración de la administración municipal y la segunda sobre la supresión de cargos para lo cual el Alcalde no necesita permiso. Entonces aprovechó ese rediseño para responsabilizar a los concejales y decir: con estas facultades yo también suprimo estos cargos”, aclaró.
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“Se los advertimos”
Para ella, es claro que a sus colegas les hicieron un “tremendamente engaño”, algo que durante todo el debate de ese proyecto de acuerdo advirtió. “Ese fue el primer ‘asalto’ de la buena fe que hicieron porque a partir de un mismo decreto, se generaron las dos cosas, creando una confusión que se pudo haber evitado”, sostuvo.
Ahora, lo ideal sería poder llenar todos esos vacíos que quedan dentro del Decreto 0428 y 0429 del 2024 y, especialmente, en los estudios técnicos que permitieron la reestructuración, que debió ser sustentado en la corporación edilicia, tal como quedó plasmado en el acuerdo municipal, para demostrar la viabilidad de toda la modificación.
“El Alcalde vino al Concejo de Neiva, supuestamente a socializar un estudio el 4 de julio de 2024, sin embargo, yo misma solicité a la administración municipal mediante derecho de petición que nos enviaran los estudios y el 5 de agosto me respondieron por escrito que ese era un documento en construcción. Es decir, el Alcalde vino el 4 de julio a exponer no sé qué porque no había estudio y el 22 de agosto, sin ninguna socialización previa, emite un decreto incumpliendo un acuerdo municipal. Allí nos preguntamos ¿Si él no da ejemplo con qué autoridad se les piden a los ciudadanos que cumplan la ley?” agregó Mateus Serrano.
Pertinencia de la medida
El concejal Juan Yamid Sanabria Triana, se refirió al tema a pesar de que durante la aprobación del proyecto de acuerdo estaba suspendido por el Tribunal Administrativo del Huila. Su posición está alineada a ‘celebrar’ la decisión del mandatario de los neivanos, en el marco de un mejoramiento de la eficiencia del palacio municipal y sobre todo las finanzas de la ciudad.
“Yo considero que por un tema de saneamiento fiscal que está enfrentando el municipio hoy, fue una decisión que a pesar de que lamentablemente afecta a muchos hogares de estas personas que estaban trabajando, era necesaria para poder reducir un gasto. Considero que es una medida impopular en cierto sector, pero también muy popular en mucha gente que vio cómo nombraron a muchas personas en la administración del pasado gobierno de Gorky Muñoz con funciones que tal vez podrían estar, presuntamente, suplantando funciones de otras personas que venían ejerciendo carrera administrativa”, indicó Sanabria Triana.
Finalmente, Héctor Javier Osorio Botello, concejal de oposición, adelantó que mañana se desarrollará una sesión informal en aras de realizar un análisis y debate de control político relacionado con la supresión de los cargos y el uso de las autorizaciones de modernización de la administración municipal.
“Yo me reafirmo en que esta reestructuración que hizo el Gobierno Municipal no está orientada a fortalecer la capacidad institucional de la ciudad para resolver sus problemas, sino que solamente se ha hecho para recortar gastos de funcionamiento y dentro de eso se va evaluar si fue una patente de corso para hacer persecuciones políticas a personas que no son afectas al gobierno actual porque no solamente se está hablando de desvinculados del gobierno pasado, sino que hay casos de personas que llevaban muchos más años, de otras administraciones y eso me parece muy riesgoso desde el punto de vista de eventuales demandas”, precisó.