El caso Santoyo

El proceso abierto en una Corte de Estados Unidos contra el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, antiguo jefe de seguridad de la Presidencia de la República, acusado de narcotráfico en una operación criminal que involucra a paramilitares y a la “Oficina de Envigado”, El proceso abierto en una Corte de Estados Unidos contra el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, antiguo jefe de seguridad de la Presidencia de la República, acusado de narcotráfico en una operación criminal que involucra a paramilitares y a la “Oficina de Envigado”, es quizá el caso más grave que pueda haber enfrentado el entorno que rodeó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, exceptuando la condena contra su ex director del DAS Jorge Noguera Cotes. Los fiscales estadounidenses aseguran que el general Santoyo recibió sobornos de la mafia por casi 5 millones de dólares, a cambio de información necesaria para secuestrar, extorsionar y asesinar personas. Y que además los alertaba sobre las operaciones de las autoridades para capturarlos o impedir la ejecución de sus negocios ilícitos. Que tales señalamientos se hagan contra un alto oficial de la Policía colombiana es ya, de por sí, sumamente grave. Pero que esa investigación se dirija contra quien supervisó, coordinó, respondió y se hizo cargo de la seguridad del Primer Mandatario de la Nación durante cuatro años, tiene los más altos ribetes de escándalo y debe conducir a las más serias indagaciones. No se trata aquí de esperar simplemente que las autoridades gringas hagan su tarea propia; Colombia, la Fiscalía, debe encaminar sus mejores esfuerzos investigativos para establecer la veracidad de esas gravísimas sindicaciones y, de ser necesario, y en desarrollo de la colaboración entre los dos países, solicitar a los fiscales extranjeros copias de todas las pruebas con que cuentan allá. Téngase en cuenta no más que entre los cargos que le formula la Corte Federal del Distrito de Virginia al general Mauricio Santoyo, está el de asociarse con líderes de las llamadas AUC y la Oficina de Envigado para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, entre 2000 y 2008. Y considérese que el cargo desempeñado por Santoyo es el equivalente al de jefe del Servicio Secreto en Estados Unidos. ¿Qué tal allá una sindicación de este nivel contra ese funcionario, si tenemos en cuenta el monumental escándalo de sus agentes en Cartagena? Estamos hablando de verdaderos asuntos de seguridad nacional, del enorme riesgo corrido por el país y el mismo Presidente y su familia al tener a cargo de su protección a un alto oficial relacionado, según la sindicación, a los más peligrosos delincuentes. Otra cosa es el debate puramente político alrededor de la posible responsabilidad, en ese ámbito, del ex presidente Uribe al nombrar a Santoyo como su jefe de seguridad y, sobre todo, mantenerlo en el cargo pese a que la Procuraduría en 2003 lo destituyó por su participación en interceptaciones ilegales. Luego,  un año después, cuando se ratificó la sentencia, Santoyo fue trasladado al  Ministerio de Defensa mientras presentaba una impugnación ante el Consejo de Estado. Y Uribe lo respaldó para que la Comisión II del Senado lo ascendiera de coronel a general, lo nombró agregado de la Policía en la Embajada colombiana en Italia y el 5 de agosto de 2010 lo condecoró. El caso Santoyo debe tratarse como un asunto de seguridad nacional. Destacado “Que tales señalamientos se hagan contra un alto oficial de la Policía colombiana es ya, de por sí, sumamente grave” EDITORIALITO La creciente informalidad en Neiva, revelada por una encuesta de Manpower refleja una realidad. Y no solo laboral. Las expectativas de empleo provoca un alarmante subempleo que se refleja en las calles. El parque Santander es el mejor retrato.