Lo que hemos gastado los colombianos en los recientes diez años para enfrentar la guerra interna, solo considerando la logística, intendencia, armamento y sueldos de unos 400 mil hombres y mujeres de la fuerza pública, alcanzaría para construir 5 millones 500 mil casas de interés social de 40 millones de pesos cada una, es decir más de 50 veces la cifra proyectada por el actual Gobierno Nacional en su plan de casas gratis para los más pobres. Esa es apenas una de las dimensiones gravosas que ha tenido el conflicto intestino para todos los colombianos, inmersos como hemos estado en tratar de contener el sinfín de fenómenos violentos alrededor del mismo, con las grandes mafias de la cocaína, el contrabando, las esmeraldas, la corrupción oficial y privada y otro tantas rentas ilícitas y perversas que se han nutrido de esta espiral criminal desde hace por lo menos 60 años.
La cifra la ha dado conocer una acuciosa investigadora del Politécnico Grancolombiano, Juliana Castellanos, quien en su publicación “¿Cuánto nos cuesta la guerra?” hace una aproximación a algunos de los gastos que ha hecho el Estado colombiano en el marco del conflicto. Y por supuesto que todo este dineral (122.000 millones de dólares) ha sido necesario para enfrentar a los grupos irregulares, a las mafias y a todo el entramado de criminales que nos han azotado por doquier, pero lo que se echa de menos es un estudio serio, del mismo Gobierno o del Congreso en su control político, para establecer la real relación costo – beneficio de este abultado gasto, que está entre los más altos del mundo por habitante; porque no basta con decir que toda la plata ha sido requerida por la magnitud del conflicto; habría que saber si el gasto ha sido eficaz, efectivo y eficiente.
De acuerdo con el estudio de la investigadora, el aumento en el gasto de seguridad estatal ha crecido en proporciones enormes en la reciente década: mientras en el año 2002, en el país solo había 2 unidades de contraguerrilla, en el 2006 su número ya era de 14 obligando a que la inversión en estas unidades pasara de 38.657 millones de pesos a 512.711 millones en ese periodo, es decir un crecimiento de más del 1.300 por ciento. Y si se hiciera un simple cálculo de resultados, en el 2002 hubo 979 ataques contra la infraestructura, y 4 años después se redujeron a 449, esto es una baja apenas mayor al 50 por ciento.
Como lo señala la misma autora del estudio, cuantificar todos los costos que ha generado la guerra es muy complicado, admitiendo que no se incluyen costos intangibles enormes relacionados con la guerra como los asesinatos, los secuestros, la extorsión, el desplazamiento y los problemas que el conflicto genera en la producción y en la inversión. Vale la pena hacer esas cuentas, que serán similares pero a favor si se firmase la paz.
Editorialito
Con 3.807 votos que no alcanzaron el umbral (7.558) Campoalegre vivió la experiencia de la revocatoria, que no prosperó. La abstención impidió el cambio y confirmó la continuidad de alcaldesa Neyla Triviño. Aunque muchos no estén de acuerdo, las urnas decidieron, y como tal debe respetarse. La mandataria tiene ahora el compromiso de garantizar la gobernabilidad sin retaliaciones para terminar el mandato.
