Un fallo de tutela proferido hace diez años y reiteradamente incumplido por sus antecesores, le reventó en sus manos.
La decisión judicial ordenaba la ejecución de las obras que fueran necesarias para garantizar el suministro de agua potable a las poblaciones de Palacios, San Antonio de Anaconia, Vegalarga, Guacirco, San Jorge y El Triunfo Sur.
El Consejo de Estado determinó que el fallo, diez años después, sigue sin cumplirse. El pronunciamiento acaba de formularlo en el trámite de un incidente de desacato que formuló la Asociación de Servicios Públicos del Huila.
La agremiación tramitó una acción popular reclamando agua potable para estas comunidades.
El fallo
La Tribunal Administrativo ordenó el 25 de enero de 2006 a la alcaldesa de la época Cielo González Villa para que en coordinación con el Concejo de Neiva y con las comunidades organizadas adoptaran las medidas suficientes orientadas a garantizar el suministro de agua potable. Fijó un plazo de tres meses para el plan de acción. Nada de eso se hizo. El sucesor, Héctor Aníbal Ramírez también omitió el fallo.
El incidente se comenzó a tramitar el 5 de abril de 2013 durante el mandato de Pedro Suárez.
Agua impotable
Según la magistrada María Elizabeth García el agua suministrada no es apta para el consumo humano según las muestras tomadas entre enero de 2011 y mayo de 2013.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos el Índice de Riesgo de Calidad del Agua en el Caguán era del 49,03% en el 2011 y del 24,70, % en el 2012.
En las veredas El Triunfo, Normandía y Aguablanca fue del 75,80% y en Vegalarga fue del 80,70%. En Guarcico mejoró al pasar del 70,96 al 19,40%. En Palacios fue del 70,96%. A pesar de los programas de potabilización, la calidad del agua no mejoró.
Incumplimiento
El Consejo de Estado consideró que el fallo no se ha cumplido. Sin embargo, por considerar que el alcalde Pedro Suárez, dejó el cargo, y no está a su alcance el cumplimiento decidió trasladarlo a su sucesor, Rodrigo Lara Sánchez, representante legal del municipio para que cumpla el fallo.
El 4 de agosto de 2011, el alto tribunal había confirmado la sanción por desacato contra el alcalde de la época Héctor Aníbal Ramírez, que nunca se hizo efectiva.
“Es preocupante que luego de más de diez años de haberse proferido la orden de protección aun persista el incumplimiento por parte del ente territorial”, anotó la magistrada.
En su criterio, cualquier sanción que se le impusiera no tendría el efecto esperado que es lograr el amparo de los derechos vulnerados. Por eso revocó la sanción impuesta al alcalde Pedro Suárez y ordenó al Tribunal Administrativo que inicie un nuevo incidente de desacato contra el actual alcalde Rodrigo Lara Sánchez.
Además, compulsó copias a la Procuraduría para que establezca si la conducta de Pedro Suárez puede constituirse en falta disciplinaria.
