Asesinatos selectivos en Yolombó.
En el conflicto armado colombiano han muerto 220.000 personas desde el 1 de enero de 1958 hasta el 31 de diciembre de 2012. Los muertos equivaldrían a la desaparición total de la población de ciudades como Popayán o Sincelejo. Estas escalofriantes cifras hacen parte del informe ‘¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad’, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del Grupo de Memoria Histórica (GMH), en donde por primera vez, se presenta una completa radiografía de lo que la guerra significa para esta nación.
Según el informe, de las 220.000 muertes registradas, el 81,5% fueron civiles y el 18,5% combatientes. Esto significa que aproximadamente ocho de cada diez muertos en el conflicto colombiano era civil. A esta tragedia humanitaria se suma el drama del desplazamiento. Se calcula que 5.700.000 personas tuvieron que abandonar su lugar de origen para proteger sus vidas, el 15% del total de la población colombiana. Entre 1985 y el 2012, fueron desplazadas 26 personas cada hora.
El trabajo de investigación realizado con entidades oficiales, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, cívicas y con las víctimas; indica que entre 1996 y 2005, una persona fue secuestrada cada ocho horas, mientras que diariamente un civil o un militar cayó en una mina antipersonal. Esta escalofriante cifra ubica a Colombia como el segundo país, después de Afganistán, con el mayor número de víctimas de minas antipersonal, y el primero a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos.
Cinco días duró la masacre de El Aro. Los paramilitares asesinaron a 15 campesinos. La Cidh condenó al Estado Colombianos por estos hechos.
Los actores del conflicto
Las labores de investigación establecieron que todos los actores armados incorporaron el ataque a la población civil como estrategia de guerra. Desde esta lógica, los paramilitares estructuraron e implementaron una violencia basada en los asesinatos selectivos, las masacres, desapariciones forzadas, torturas y la sevicia. Así como las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual.
Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal.
La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza.
Masacres
Según el GMH, de cada diez masacres seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las guerrillas, una por miembros de la Fuerza Pública y una más por grupos que no fueron identificados. Entre 1980 y 2012 se registraron 1.982 masacres que dejaron 11.751 muertos, un promedio de seis víctimas por masacre.
De éstas, los paramilitares perpetraron 1.166 (58,9%), las guerrillas fueron responsables de 343 (17,3%), la Fuerza Pública realizó 158 (7,9%), grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer 295 (14,8%), y las 20 masacres restantes fueron acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o por acciones de otros grupos armados.
En la conmemoración del décimo aniversario del desplazamiento forzado en Mampuján (Bolívar) por orden de las AUC, Ana Felicia Velásquez visitó su casa, la que construyó con tantos esfuerzos y la que tuvo que abandonar.
Asesinatos selectivos
Entre 1981 y 2012 se identificaron 16.340 asesinatos selectivos que produjeron 23.154 víctimas. De éstas, 8.903 personas (38,4%), fueron asesinadas por grupos paramilitares; 6.406 (27,7%) por grupos armados no identificados, 3.899 (16,8%) por las guerrillas, 2.339 (10,1%) por miembros de la Fuerza Pública, 1.511 (6,5%) por desconocidos y 83 (0,4%) por acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.
En esta modalidad asesinaron selectivamente a 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de Derechos Humanos. También se cuentan 1.287 asesinatos de funcionarios públicos y/o autoridades políticas. Entre los militantes políticos asesinados, cinco de cada diez participaban en partidos o movimientos políticos de izquierda.
Entre los movimientos y partidos políticos, la Unión Patriótica registró 503 víctimas de asesinato selectivo, seguida del Partido Liberal con 329; el Partido Comunista con 158; el Partido Conservador con 151; y Esperanza, Paz y Libertad con 110. En total, 2.304 asesinatos selectivos fueron atribuidos presuntamente a miembros de la Fuerza Pública.
Secuestros
De los 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, las guerrillas son autoras de 24.482 (90,6%). Los paramilitares realizaron 2.541 (9,4%), mientras que otros grupos armados secuestraron a 578 personas (2,6%). De cada diez secuestros, las guerrillas son responsables de nueve y los grupos paramilitares de uno.
Cifras & Conceptos documentó el secuestro de 318 alcaldes, 332 concejales, 52 diputados y 54 congresistas por hechos asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010. La mayoría de estos secuestros fueron realizados por las Farc entre 1996 y 2002, con 219 alcaldes (68,9%), 246 concejales (74,1%), 38 diputados (73,1%) y 27 congresistas (50%).
El secuestro se volvió masivo e indiscriminado en el periodo más crítico de escalamiento de la guerra (1996-2002), con secuestros masivos de ciudadanos en las carreteras del país por medio de una derivación arbitraria del delito, denominada ‘pesca milagrosa’.
El 80,2% del territorio nacional (919 municipios) se vio afectado por el secuestro. En 68 municipios se concentró la mitad del total de los secuestros de todo el periodo, mientras que en 18 ciudades capitales de departamento se concentró el 21,2% del total de los secuestros de todo el periodo (13.109).
Los niños son las principales víctimas de las minas antipersonales en el país. Foto Semana.
Desapariciones
De los 5.016 casos de desapariciones forzadas en el país, solo se logró establecer al presunto autor en 689 casos. De estos, 290 personas fueron desaparecidas por miembros de la Fuerza Pública (42,1%); mientras que 246 personas fueron desaparecidas por los grupos paramilitares (41,8%); 137 desapariciones (19,9%) fueron atribuidas a otros grupos armados y 16 casos más, (2,3%) a las guerrillas.
La desaparición forzada y los asesinatos selectivos fueron las modalidades preferidas por los paramilitares para mantener la intimidación y el terror en las comunidades, por cuanto se reducían otros tipos de violencia como las masacres y los secuestros.
La desaparición forzada como mecanismo de violencia opera mediante el arresto, la detención o cualquier otra forma de privación de libertad que ocasiona el ocultamiento de la víctima. La práctica se registró entre otras formas, como la incineración de los cuerpos en hornos crematorios artesanales y el entierro en fosas comunes.
En los ríos fueron arrojadas muchas víctimas a las que prohibieron recoger. Además del terror asociado a esta forma de violencia dentro de la lógica paramilitar, aleccionadora para las comunidades o como castigo por el perfil de las víctimas, la desaparición forzada y las torturas se orientaron a obtener información. También tuvo la función de entrenar militarmente a las tropas de autodefensa modalidades similares de desaparición forzada y asesinatos selectivos. Este recuerdo pervive en la memoria de muchos colombianos, y se le designa como “viaje al cielo” o “la última lágrima”.
Sevicia
Entre los casos documentados de sevicia se identificaron como mecanismos de violencia el degollamiento, el descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el empalamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes. A la utilización de armas cortopunzantes que han acompañado estas prácticas de crueldad extrema, se sumó el uso de herramientas agrícolas que se erigieron como símbolos del terror: la motosierra y el machete.
Del total de 588 eventos con episodios de sevicia y crueldad extrema, 371 (63%) fueron atribuidos a los grupos paramilitares; 126 (21,4%), a grupos armados no identificados; 57 (9,7%) a miembros de la Fuerza Pública; 30 (5,1%) a las guerrillas y 4 (0,7%) a acciones conjuntas de grupos paramilitares y Fuerza Pública. En suma, seis de cada diez casos de esta naturaleza fueron perpetrados por los grupos paramilitares, lo que revela que la sevicia fue una práctica de violencia con sello paramilitar.
Fue empleada en una de cada diez masacres (9,8%) y en cuatro de cada 100 asesinatos selectivos (4,2%). La sevicia estuvo presente en 271 municipios que registraron por lo menos un caso, lo que representa un 25% del territorio nacional.
