LA NACIÓN accedió al auto completo con el que la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, y a tres miembros de su gabinete municipal. El organismo de control señala al mandatario de desconocer principios como la moralidad, la economía y la transparencia. Primicia.
“El servidor Gorky Muñoz Calderón desconoció posiblemente el principio de selección objetiva, que es manifestación del principio de transparencia, al suscribir las órdenes de suministro y servicios 010 y 011 de 2020 con contratistas que tienen domicilio principal en otro departamento, que no tienen declarados establecimientos de comercio, sedes o sucursales en Neiva, y que no acreditaron experiencia de ejecución contractual en esta ciudad. Gorky Muñoz Calderón parece haber violado el principio de moralidad y en virtud del cual se debe actuar con lealtad y rectitud en la contratación estatal, valores superiores que imponen escoger un contratista con las calidades necesarias para garantizar la oferta más favorable a la entidad. En este punto no resulta leal y honesto que como interventor para la orden de suministro 010 de 2020, se haya seleccionado una persona jurídica que tiene vínculos con el contratista que ejecutará el contrato que debe ser supervisado”.
De este calado y gravedad son los señalamientos que pesan hoy sobre el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, en apenas uno de los cinco contratos bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación y que fueron celebrados durante los primeros meses de la pandemia.
Las presuntas irregularidades detectadas llevaron a que el organismo de control decidiera llamar a juicio disciplinario al mandatario de los neivanos junto a sus secretarios de Educación, Giovanny Córdoba; de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; y de la Mujer, Camila Mercedes Ortega Suárez.
El rastro
Las pesquisas de la Procuraduría empezaron a principios de abril pasado y han estado a cargo desde Bogotá por parte de la procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, Claudia Fabiola Medina Aguilar. El propio procurador general, Fernando Carrillo Flórez, la designó para que liderara la investigación mediante Resolución 160 del 13 de abril de 2020.
Durante estos seis meses, los agentes del Ministerio Público se dedicaron a acopiar pruebas y revisaron minuciosamente cada uno de los contratos celebrados por la Administración de Gorky Muñoz en el marco de la emergencia por covid-19.
Las actuaciones más controvertidas están, sin duda, en las órdenes de suministro y de servicios 010 y 011 de 2020; la 010, por $5 mil 250 millones, dirigida a la “adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de las diferentes sedes educativas oficiales de Neiva” y celebrada con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Asoformando; y la 011, por $300 millones, destinada para “ejercer la vigilancia y control integral” de la ejecución de la orden 010, contratada con la fundación Colombia Florece.
La Procuraduría corroboró que ambos contratos se celebraron con “personas jurídicas con domicilio principal ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño, a pesar de que el objeto de ambos contratos se ejecutaría en Neiva, durante varias semanas, y que el contrato principal (la orden de suministro 010 de 2020), sobre el cual se ejerce interventoría, exige el suministro de alimentos a estudiantes dentro del PAE en la capital huilense”.
Además, entre el contratista de la orden 010 y el contratista de la 011 existe un vínculo formal. “El vínculo es el siguiente: la orden de servicios 011 de 2020, desarrollada para ejercer interventoría del cumplimiento de la orden 010 de 2020, fue celebrada con la fundación Colombia Florece, que tiene como representante legal al señor Miguel Alfonso Banguera Jaramillo. El señor Banguera Jaramillo aparece, a su vez, como miembro principal de la junta directiva del contratista de la orden 010, es decir, de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño, Asoformando”, detalló el organismo de control.
El ‘jalón de orejas’
Sobre estos hallazgos en las órdenes 010 y 011, la procuradora Medina Aguilar tiene su análisis: el alcalde Muñoz “no garantizó que se contara con una interventoría que garantizara la calidad y pertinencia del servicio contratado, ya que no se puede considerar que un interventor con relaciones con el contratista pueda dar esa garantía”. “El servidor Gorky Muñoz también parece desconocer el principio de moralidad, que obliga, entre otras acciones, a responder siempre al interés de la colectividad en el ejercicio de la función pública. También exige un actuar leal y honesto del funcionario que participa en la contratación estatal”, expresa la funcionaria.
Y hace énfasis: “No se puede aceptar que ese objeto contractual se cumplirá a favor de los intereses de la entidad, cuando existe ese vínculo formal entre el interventor y el contratista principal. El señor Gorky Muñoz Calderón debió considerar relevante verificar las características de los contratistas al conocer que ambos contratos se ejecutarían en Neiva durante varias semanas. La atención elemental que se le exigía en este caso le hubiera permitido evidenciar que para ejecutar un contrato de distribución de alimentos, por valor de $5 mil 250 millones, es necesario seleccionar contratistas ubicados en Neiva o con experiencia comprobable de ejecución contractual y satisfactoria en este municipio”.
En el expediente, la Procuraduría tiene documentado que el alcalde de Neiva participó en la etapa precontractual y contractual de las órdenes bajo sospecha.
¿Y el principio de la economía?
Otro de los contratos que tiene al Alcalde ‘contra las cuerdas’ fue celebrado con la Corporación Colombiana en Paz y Social, Corsocial, que tuvo como objeto “brindar un componente nutricional (4.500 mercados) para adultos mayores de Neiva”. Se trata del 677 de 2020, que se derivó de la orden de suministro 001 de 2020. Tuvo un valor de $2 mil 389 millones.
De acuerdo con la Procuraduría, “Tanto en la orden 001 como en el contrato 677, el señor Gorky Muñoz comprometió el presupuesto del Municipio sin justificación porque aprobó unos ítems del contrato, bajo el rubro de “servicios”, que si bien podrían tener relación indirecta con su objeto, no contaban con un análisis de razonabilidad y conveniencia, y no respetaban los criterios de eficiencia y austeridad que se deben cumplir en la contratación estatal”.
Los ítems que cuestiona el organismo de control son los siguientes: empaque ($2.060); mano de obra de empaque ($1.030); transporte para entrega de cada mercado ($3.090); y elementos para prevención como tapabocas, guantes, vestidos en tela quirúrgicos y protector de zapatos en tela quirúrgica ($14.420).
Por cada mercado, la Alcaldía de Neiva pagó por estos ítems, que representaron un aumento del precio del contrato por $330 millones. “No parece necesario ni razonable que para la entrega de cada uno de los mercados se deba usar, de manera independiente, elementos como tapabocas, guantes, vestidos y protector de zapatos. Esos elementos, si se iban a contratar, debían tener un análisis previo de razonabilidad y conveniencia, una cuantificación diferente, ya que su uso sería diario, o por varias horas, para la entrega de varios mercados; no un uso individual e independiente para la entrega de cada uno de ellos. Se trata así de un servicio sin análisis previo de conveniencia y que no cumple con el criterio de eficiencia”, analizó la Procuraduría.
Los investigadores encontraron que la Administración Municipal suscribió otros contratos de entregas de alimentos en el marco de la pandemia y en esos no se añadieron rubros de “servicios”. “Con su conducta, Gorky Muñoz desconoció el principio de planeación, al suscribir la orden 001 de 2020 con elementos que no tenían relación directa con el objeto del contrato y que no contaban con un análisis previo de razonabilidad y conveniencia. Esos elementos representaron un aumento del precio por $330 millones. Muñoz Calderón aprobó esos ítems, a pesar de que la oferta del proponente no los contenía y que los estudios previos no cuentan con un análisis de oferta y mercado, ni de conveniencia, sobre estos. También desconoció presuntamente el principio de economía”, manifestó la procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público.
Contrato sin estudios previos
El cuarto contrato que tiene en problemas al alcalde Gorky Muñoz es el 681 de 2020, que tiene un valor de $425 millones y la obligación principal en cabeza del contratista de suministrar alimentación, hidratación, kit de aseo, kit habitacional, entre otros, a 350 habitantes de calle por el término de un mes. Para la celebración de este contrato, la Administración Municipal seleccionó al señor Jhon Frederick Cruz Motta, quien según la Procuraduría, es persona natural inscrita en el registro mercantil desde el 11 de enero de 2018, con una declaración de activos totales para desarrollar su actividad comercial de $20 millones, categorizado como microempresa y sin declaración de propiedad o uso sobre establecimiento de comercio destinado a su ejercicio mercantil.
El ente de control descubrió insólitamente que los estudios previos fueron radicados y suscritos dos días después de la celebración del contrato.
“En este caso, el servidor Gorky Muñoz no parece haber defendido el interés superior de la entidad estatal, al escoger a un contratista que en un análisis visible y patente no cumple con la capacidad, calidades y experiencia requeridas para cumplir de la manera más favorable a la entidad el objeto del contrato. Que se hubiera escogido un contratista persona natural, sin establecimiento de comercio, sin experiencia específica para el contrato 681 de 2020, debió generar una revisión minuciosa por parte del señor Gorky Muñoz para verificar si esa selección era la que mejor beneficiaba los intereses del Municipio”, dice la Procuraduría en el llamado a juicio.
“Fuera covid”
En plena efervescencia del confinamiento, el alcalde Gorky Muñoz celebró el polémico contrato 682 de 2020, derivado de la orden de servicios 006 de 2020, y que fue motivo de toda clase de burlas en redes sociales. En las solitarias calles de Neiva fueron fijadas vallas con el mensaje “Fuera covid”, dentro de una campaña que la Alcaldía denominó “de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19 en Neiva”.
Ese contrato fue celebrado con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, Fomcultura, por $438 millones.
La Procuraduría detectó que varios ítems pagados como videos, piezas gráficas en formato GIF y cuñas radiales, se calcularon equivocadamente, generando una diferencia en contra del patrimonio del Municipio por valor de $34 millones.
“El señor Gorky Muñoz aprobó unos valores de la propuesta presentada por el Fondo Mixto de Cultura y Turismo que no correspondían con el objeto del contrato en tres ítems. En específico, los errores fueron frente a los valores de los ítems 1, 8 y 10, que significaron una diferencia por $34 millones del valor real. De esa forma, no realizó el análisis de conveniencia del objeto a contratar con antelación a la firma del contrato porque, pudiendo evitarlo, aprobó unos valores equivocados de la oferta de servicios que se repetirían en el contrato 682 de 2020”, determinó la Procuraduría.
Lo que viene
En el llamado a juicio disciplinario, que consta de 145 páginas y en poder de LA NACIÓN, el alcalde Gorky Muñoz es señalado por la Procuraduría de presunta vulneración de los principios de planeación y economía en el contrato 682 de 2020; presunta violación de los principios de planeación, selección objetiva y moralidad en el contrato 681 de 2020; presunta vulneración del principio de planeación y economía en el contrato 677 de 2020; y presunta vulneración de los principios de selección objetiva y moralidad en las órdenes 010 y 011 de 2020.
En total, son cuatro cargos por faltas que el organismo de control califica provisionalmente como gravísimas.
Los señalamientos dejan expuesto al alcalde Muñoz Calderón a que sea suspendido o destituido del cargo, al que llegó apenas el primero de enero pasado.
¿Podrá Gorky Muñoz zafarse de estas graves acusaciones de la Procuraduría? Desde el próximo 14 de noviembre, día en que está citado a audiencia virtual, lo sabrán los neivanos.
