El drama del desplazamiento recorre a Pitalito

Son cientos los ciudadanos colombianos que arriban al Valle de Laboyos buscando proteger sus vidas, al huir de los diferentes actores armados en la Región Surcolombiana. Son cientos los ciudadanos colombianos que arriban al Valle de Laboyos buscando proteger sus vidas, al huir de los diferentes actores armados en la Región Surcolombiana. Sin embargo, las políticas nacionales, departamentales y locales son deficientes para su atención. El drama del desplazamiento recorre las calles y veredas de Pitalito. LA NACIÓN, PITALITO El desplazamiento forzado es una de las expresiones más graves de la crisis humanitaria que afronta Pitalito desde hace décadas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el Valle de Laboyos tiene una población desplazada que supera las 12.000 personas. Diariamente continúan arribando a Pitalito decenas de ciudadanos procedentes de diferentes lugares de la Región Surcolombiana. Pese a la masiva recepción de núcleos familiares, no existen aún políticas claras en la localidad para su atención y protección. Aunque hay una amplia reglamentación jurídica al respecto, los gobiernos departamentales ni municipales, han regulado la protección a los derechos humanos de las comunidades en esta condición. Para acceder a los servicios estatales, los desplazados tienen que realizar un procedimiento largo y burocrático, que incluso en algunos casos, puede poner en peligro la seguridad de las víctimas. En Pitalito no existe una oficina que asesore específicamente a esta población, quienes en muchos casos recorren las calles y veredas del municipio sin esperanzas de continuar con sus proyectos de vida. Trámites Los desplazados aseguraron que para recibir atención, tienen que prestar una declaración en una oficina del Ministerio Público (Defensoría, Personería o Procuraduría) o en un despacho judicial. Allí deben entregar detalles sobre el actor armado que los desplazó, muchas veces frente a personas de las que desconfían o que no tienen la preparación adecuada para manejar esta problemática. Este documento se envía a la Oficina Departamental de la Red de Solidaridad Social, que comprueba su veracidad con el lugar de origen en teoría, en un plazo máximo de 15 días. El desplazado tiene que volver luego de ese lapso para comprobar si fue admitido. En caso que así sea, recibe un mercado (alimentos y artículos de aseo) y una pequeña ayuda económica para el arriendo, con recursos de la Red de Solidaridad. Sólo hasta ese momento le entregan un documento para que accedan a los servicios de salud. Si no es admitido, puede presentar recurso de reposición, que incluye largos trámites frente a un comité compuesto por representantes de varias entidades oficiales. Deficiencias Los desplazados entrevistados creen que existe falta de voluntad política para poner las leyes existentes en práctica. Además se registra escasa clarificación de las responsabilidades de cada institución, faltan recursos, se evidencian retrasos en las asignaciones y la descentralización es poco clara. Los obstáculos burocráticos para la certificación son múltiples, y un gran número de ciudadanos temen quedar por fuera del sistema. A esto se suma la estigmatización, el rechazo y la discriminación. Recuadro: Historias de desesperanza Carlos Cruz Escarpeta llegó con su familia a Pitalito hace cuatro días. Junto a su hermano, esposa y  sus tres hijos menores de 3, 11y 13 años de edad, huyeron luego que la guerrilla de las Farc los despojó de sus tierras, porque no quisieron sembrar amapola en sus predios. “Yo vivía en la finquita con mi esposa y mis hijos, en San Antonio de los Micos, en el Tolima. Las Farc hicieron una reunión y dijeron que el que no prestara los terrenos para sembrar, entonces que se fuera”, aseguró el labriego. A pesar que entregó su declaración como desplazado en Ibagué, no recibió ningún apoyo estatal. Preocupado por su vida y la de su familia llegó hasta Pitalito huyéndole a las Farc, gracias a la ayuda que le prestó un conductor de un camión que lo llevó hasta la localidad. La familia deambula por las calles, no tienen donde vivir, ni que comer y sólo esperan recibir la atención requerida por su condición de seres humanos y ciudadanos colombianos. “Desde ayer no comemos nada y nos quedamos donde nos coja la noche. Estamos buscando una cita con el secretario de Gobierno de la ciudad, porque en la Personería nos envían para la UAO y en esta oficina nos devuelven a la Personería. El bienestar de mi familia no es un juego, sólo esperamos que hoy si nos atiendan y nos brinden un solución”.