“El fallo no me inhabilita”: Cielo

La gobernadora Cielo González Villa advirtió ayer que la segunda sanción impuesta por la Procuraduría, consistente en suspensión, convertida en una multa, no interrumpirá su permanencia en el cargo. La gobernadora Cielo González Villa advirtió ayer que la segunda sanción impuesta por la Procuraduría, consistente en suspensión, convertida en una multa, no interrumpirá su permanencia en el cargo. El abogado José Nelson Polanía, fue desvinculado en el fallo de primera instancia, que estuvo a punto de prescribir. RICARDO AREIZA LA NACIÓN, Neiva Los polémicos convenios interadministrativos, suscritos en el 2007 con la Universidad Surcolombiana para ejecutar obras civiles, le costaron una nueva sanción disciplinaria a la actual gobernadora Cielo González Villa, en un fallo de primera instancia revelado ayer por la Procuraduría General de la Nación. La mandataria seccional fue sancionada por segunda vez, con suspensión por cuatro meses, en su condición de Alcaldesa de Neiva, convertibles en una multa equivalente a los salarios devengados en ese periodo, unos 22,5 millones de pesos, aproximadamente. Contra esta determinación procede el recurso de apelación que será sustentado ante la Sala Disciplinaria por el abogado penalista Jaime Lombana. González Villa seguirá en ejercicio del cargo hasta que quede debidamente ejecutoriada la segunda instancia, ya que, no le generará inhabilidades ni pone en duda la continuidad en el cargo público. La investigación se originó el 24 de septiembre de 2008 por una denuncia formulada por el presidente y secretario de la Sociedad Huilense de Ingenieros Julio César Pascuas y John Píter Rojas. A punto de prescribir En un giro radical, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, cambió la calificación del proceso que estuvo a punto de prescribir en abril pasado por demoras en el trámite del proceso y reorientó la investigación, ya no por la firma del cuestionado convenio, sino por la ejecución del mismo. En este sentido consideró que González Villa “consintió la ejecución de este contrato de interventoría técnica” pese a que la Usco no contaba dentro de sus programas educativos con alguno relacionado con el objeto que le fue asignado. “Por consiguiente- concluyó el Ministerio Público- la Usco no tenía la capacidad técnica para asumir la labor ya señalada, ni tampoco podía demostrar una experiencia específica en interventorías de trabajos de construcción y reparación de vías o de trabajos de construcción o adecuación de edificaciones”. En desarrollo de la investigación se demostró, según el organismo de control,  que “las labores propias de la interventoría de obras pactadas con la Usco, en verdad fueron subcontratadas por la universidad, con el fin de que fueran unos terceros  (contratistas de aquella) quienes ejecutaran dicho objeto contractual, con lo cual es evidente la incapacidad de la universidad para ejecutar el convenio como que, tuvo que acudir a 20 subcontratistas para que éstos realizaran la labor de interventoría requerida para las obras civiles que había contratado la Alcaldía de Neiva”. Por esa razón, “la Universidad Surcolombiana tuvo que subcontratar el 90% de las actividades objeto del convenio y, en consecuencia, en este caso particular se presentó una tercerización en la contratación”, precisó el Procurador Delegado. Cargos iniciales El procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, Hammer Soto Londoño, le formuló inicialmente pliego de cargos a la ex mandataria y a su jefe jurídico José Nelson Polanía Tamayo, por presumibles irregularidades en la firma de dos convenios de cooperación con la Universidad Surcolombiana y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), sin cumplir con los requisitos legales. El investigador estimó en un comienzo que los funcionarios adjudicaron directamente, sin concurso, dos convenios (110 y 293 de 2007) para la realización de interventorías técnicas para ocho contratos de obra pública, sin que las entidades fueran idóneas. La agencia del Ministerio Público calificó inicialmente la falta como gravísima “puesto que los implicados desatendieron de manera manifiesta y sin justificación válida, las reglas relativas a la selección de los contratistas por la vía de la licitación o el concurso, como principio general de la contratación, así como la escogencia de la oferta más favorable para la entidad contratante, reglas que eran de obligatoria observancia para los funcionarios encausados”. En defensa González Villa en su escrito exculpatorio realizado el 12 de enero de 2011 argumentó que los convenios interadministrativos estaban permitidos y que fueron suscritos para maximizar los recursos con entidades públicas, que le garantizaban transparencia.  Pero además, que las entidades si eran idóneas para realizar las interventorías. Igualmente señaló que por el mismo caso la misma Procuraduría ya había ordenado el archivo de otra investigación y la Fiscalía Once Delegada precluyó en su favor la investigación penal. No obstante, la Procuraduría desestimó inicialmente los argumentos y decidió formularle cargos en plena campaña, por la firma de los cuestionados convenios, cargos que perdieron soporte legal, por vencimiento de términos. Por eso se partió de la fecha de ejecución del contrato para evitar la prescripción. Exonerados Al cambiar la calificación, la Procuraduría desvinculó del proceso al abogado José Nelson Polanía, actual jefe de Contratación, argumentando que no tuvo ninguna responsabilidad en la ejecución. El mismo argumento fue esgrimido por la ejecutiva seccional, precisando que la ejecución y supervisión de las obras estaba delegada en otras dependencias. En junio pasado la agencia del Ministerio Público ordenó el archivo del proceso disciplinario a favor del rector de la Usco, Eduardo Pastrana, su secretaria General Julieta Calderón y el vicerrector de Investigaciones Freddy Humberto Escobar, quien suscribió el contrato de prestación de servicios con Jaime Saavedra Perdomo, a quien previamente se le había declarado la caducidad de dos contratos con la Gobernación del Huila sobre sus antecedes disciplinarios y fiscales. Fallo en derecho Tras conocer el fallo, la mandataria seccional anunció que “respeta y acata la decisión de la Procuraduría General de la Nación en el entendido que es un fallo en primera instancia”. En un breve comunicado aseguró “que continuará en el ejercicio legítimo de su mandato ejerciendo su derecho a la defensa porque está convencida de su inocencia y la transparencia de sus actuaciones”. “Es una sanción económica, que no nos aparta de nuestras responsabilidades, la cual será estudiada en segunda instancia, tras la apelación que presentaremos oportunamente”, explicó González Villa. “Confiamos- remarcó- en que la decisión concluyente sea en derecho y la más conveniente para los huilenses”. Las cuestionadas interventorías El convenio 110 firmado en el 2007 por 944 millones de pesos permitiría la contratación de la interventoría técnica, administrativa y ambiental de varios proyectos financiados con recursos de regalías petroleras. Entre las obras que requerían la interventoría figuraban la terminación de cubiertas del polideportivo y reparaciones locativas en el Inem, construcción de vías, andenes, canalización, reposición de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de redes eléctricas, construcción de la sede del Concejo, entre otras. La Usco sin tener la capacidad técnica para realizarla contrató entre otros con Jaime Saavedra Perdomo, quien asumió como Director Especialista de Interventorías por una suma cercana a los 200 millones de pesos. En desarrollo de la investigación de archivó la investigación contra el rector de la Unad, estimando que la entidad tenía la capacidad técnica para asumir esas tareas. Primera sanción La sanción es la segunda que se le impone en los 14 meses. El 29 de junio pasado, la Procuraduría Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en fallo de primera instancia, sancionó a la mandataria con suspensión de dos meses, en su condición de Alcaldesa de Neiva para la época de los hechos por supuesta extralimitación de funciones. Según el organismo disciplinario, la funcionaria le otorgó, sin el lleno de los requisitos, permiso sindical permanente a tres docentes y directivos sindicales, excluyéndolos de cumplir con la carga académica que venían desempeñando en las respectivas instituciones educativas. En este caso, convirtió la sanción en multa equivalente a los salarios percibidos para la época de los hechos. La sanción fue impugnada en su momento no ha sido resuelta y hace tránsito en la Sala Disciplinaria. Cielo González Villa, gobernadora del Huila.