La captura, judicialización y la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edwin Liscano por el crimen de la ingeniera industrial Katerine Caviedes, en la vía Neiva – Palermo, el pasado 14 de abril, es un ‘oasis’ en medio de la tragedia, el dolor y el impacto que producen un caso de esta naturaleza.
Katerine, de 35 años de edad, fue sorprendida por su expareja sentimental cuando ingresaba a un motel en compañía de un abogado. Liscano venía siguiéndolos e irrumpió en una motocicleta en el establecimiento, atacándolos a bala.
Katerine recibió un tiro en la cabeza, mientras que su compañero actual se refugió en la habitación del motel y se salvó de ser asesinado. Aunque ella alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, la herida de bala fue mortal.
El agresor, entre tanto, huyó y se refugió en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en donde fue capturado esta semana por varios policías que lo requirieron para una requisa al notar su actitud sospechosa.
Tras las audiencias de rigor, un juez decretó no solo legal la captura de Liscano sino que ordenó enviarlo a prisión bajo cargos por el delito de feminicidio agravado.
Con la detención de Liscano, las autoridades están enviando un mensaje contundente en la lucha contra la violencia de la mujer. Una de las quejas más recurrentes sobre los feminicidios es la alta tasa de impunidad.
Liscano deberá ahora enfrentar el rigor de nuestra justicia, que a partir de la ley 1761 de 2015, tipifica el feminicidio como un delito autónomo y lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, este tipo penal será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima.
