Según Macías, "…el fiscal Montealegre, además de haberse convertido en un perseguidor político del ‘uribismo’, razón por la cual lo denunció penalmente; el alto funcionario "ha despilfarrado a manos llenas los dineros del Estado".
¿Por qué denunció al fiscal Eduardo Montealegre?
Hay una serie de hechos que han venido ocurriendo desde que asumió la Fiscalía el doctor Montealegre, que podrían constituir delitos o presuntas violaciones a la Constitución y la ley, según los abogados que me asesoran en estos temas, los cuales me llevaron a concluir que estaba en la obligación de ponerlos en conocimiento del juez competente del señor Fiscal. Lo denuncié porque estos hechos se han convertido en la más feroz persecución del Fiscal al ‘uribismo’, razón por la cual tomé la decisión de denunciarlo y llevar esto hasta las últimas consecuencias, inclusive a la justicia internacional.
¿Y cómo es eso de la justicia internacional?
Los abogados están estudiando la posibilidad de presentar estos hechos a la Corte Penal Internacional, a título de queja, para que se haga la investigación, porque se trata de la persecución de una entidad del Estado al partido de oposición en Colombia.
¿Y por esos mismos hechos citó usted al fiscal Montealegre a un debate de control político en la Plenaria del Senado?
No. La citación que presenté y que debe resolverse el próximo martes, tiene que ver con otros hechos que vienen ocurriendo en la Fiscalía, y es con el manejo del presupuesto de esa entidad por parte del fiscal Montealegre.
¿Cuáles son esos hechos?
Nosotros denunciamos públicamente, hace varias semanas, algunos contratos de asesoría millonarios que el doctor Montealegre ha firmado con distintas personas, varias de ellas con influencia en importantes medios de comunicación. Usted recuerda el caso, que aún sigue latente en la opinión pública, de Natalia Springuer, reconocida politóloga y comentarista de varios medios. A ella la contrató el Fiscal por más de cuatro mil millones, dizque para una labor de socialización frente al proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc; pero al margen de ese contrato, investigamos otros muchos contratos que el señor fiscal Montealegre ha firmado y que solamente la contratación directa está por el orden de los veinte mil millones de pesos. Esto es muy grave.
¿Pero luego el Fiscal no tiene esa facultad, para contratar?
La Fiscalía no puede ser una rueda suelta del Estado, ni los recursos públicos pueden despilfarrarse de esa manera como lo está haciendo el fiscal Montealegre. En otras palabras, el Fiscal ha derrochado los dineros del Estado.
¿En qué se ha gastado el Fiscal esos veinte mil millones que usted ha denunciado?
En contratos de prestación de servicio; en asesorías jurídicas, en marketing digital, en manejo de medios, en emisión de espacios radiales y especiales periodísticos; es decir en toda una feria de contratos millonarios que de ninguna manera los requería la Fiscalía y, menos aún, con la grave situación fiscal que vive el país. Esto es muy grave.
¿Usted ha censurado unos contratos del Fiscal, los cuales tienen que ver con el proceso de paz?
Desde luego. Es que resulta muy curioso que el fiscal Montealegre haya contratado asesorías por más de 700 millones de pesos, durante la vigencia de 2014, cuyo objeto tiene que ver directamente con los acuerdos de La Habana. Es decir, el Fiscal contrata en 2014 con varias personas naturales y jurídicas cercanas a él, asesorías a su despacho para temas de los acuerdos de Cuba, cuando hoy, un año después de ejecutar esos contratos, no se ha firmado nada en La Habana.
¿Qué les responde a quienes dicen que fue el propio Congreso el que le dio los recursos al Fiscal?
Al Congreso le vendieron la idea que ese presupuesto adicional que se aprobó era para utilizarlos en la descongestión de la Fiscalía. Cuando uno escucha que en todo el país los fiscales están atiborrados de trabajo, debido a la escasez de personal y de despachos, fácilmente entiende que deben facilitarse los instrumentos presupuestales para que contraten investigadores, nuevos fiscales, etc; entonces, el Congreso de buena fe aprueba los presupuestos para que, en este caso, sean bien utilizados. Es decir, si a cambio de contratar asesores de cuarenta y cincuenta millones de pesos mensuales, el fiscal Montealegre hubiera contratado investigadores y fiscales para todo el país, nadie estaría cuestionando su proceder. Inclusive, digo yo, si con esos recursos que son cuantiosos se hubieran establecido primas de éxito a la descongestión u otros estímulos para el personal de carrera de la Fiscalía, por ejemplo, no habría motivos para cuestionar aquello. Pero, repito, aquí lo ha habido es un derroche irresponsable de los recursos del Estado.
¿De qué se trata aquello que usted denunció sobre los contratos del Fiscal a algunos exmagistrados del Consejo de Estado?
El doctor Montealegre prácticamente pagó, con recursos de la Fiscalía, el fallo que modificó el periodo institucional de su cargo y lo convirtió en personal. La doctora Susana Buitrago Valencia, fue la magistrada ponente del fallo que benefició personalmente al fiscal Montealegre; ella se retiró del Consejo de Estado en mayo de 2015 y, de inmediato, en el mes de junio siguiente, recibió un contrato del Fiscal por valor de 174 millones de pesos, para ejecutar en cinco meses, es decir, cerca de 35 millones mensuales. Y el presidente de la Sala que profirió ese fallo que benefició al Fiscal, es decir, el doctor Alfonso Vargas Rincón, salió del Consejo de Estado el 22 de mayo de 2015 y a los 15 días recibió un contrato del Fiscal por 517 millones de pesos, para ejecutar en siete meses. Esto es demasiado grave. Mire esto, en la llamada ‘Yidispolítica’ el Fiscal acusó a unos ex ministros solamente con el testimonio perverso de la señora Yidis Medina, y por ese testimonio los condenaron; en este caso no se trata de un testimonio sino de unos contratos que son de público conocimiento.
¿Por este caso usted cree que deben condenar al Fiscal?
Yo no soy juez para tal aseveración, pero el caso si amerita una investigación seria, porque aquí hay unos presuntos delitos que no pueden pasarse por alto.
¿Le preocupa lo que dicen algunos en el sentido que el Fiscal no acudiría a la citación que usted le ha hecho?
Yo espero que asista. El señor Fiscal no es una rueda suelta del Estado y tiene quién lo vigile. El Congreso de la República tiene la potestad de realizar el control político y no puede haber funcionarios que estén por encima de la obligación de rendir cuentas, más aún cuando se trata del manejo de los dineros públicos. Ahora, el propio Fiscal, si no tiene nada que esconder debió solicitar una audiencia pública en el Congreso para informar al país sobre sus actuaciones en este aspecto, luego él debe entender que la citación que me he permito presentar a la Plenaria del Senado, es una gran oportunidad para que acuda y aclare todo cuanto se le está preguntando.
